Ciudadanía por nacimiento se mantiene tras fallo judicial

Una jueza federal de Maryland bloqueó el miércoles 2 de septiembre el segundo intento de la Administración Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La medida, dirigida contra el llamado «turismo de maternidad», buscaba negar la nacionalidad automática a hijos de mujeres que llegan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz.

La jueza Deborah Boardman emitió una decisión de 35 páginas en la que concedió un interdicto preliminar contra la orden ejecutiva. Su fallo se apoya directamente en una sentencia previa de la Corte Suprema que ya había protegido este derecho constitucional.

¿Qué cubría la nueva orden ejecutiva?

El decreto presidencial, firmado en agosto, no se limitaba al turismo de maternidad. También incluía restricciones para hijos de diplomáticos extranjeros, personas catalogadas como terroristas internacionales y nacidos en territorios no incorporados de Estados Unidos.

Boardman determinó que la orden es «casi con toda certeza inconstitucional». La jueza argumentó que la Corte Suprema «ya decidió que los niños son ciudadanos al nacer» y que esa decisión constituye «la ley» que el Ejecutivo debe seguir.

Con esta resolución, el Gobierno federal no podrá aplicar las nuevas restricciones a menores nacidos de uno o ambos padres en situación irregular. La protección aplica a nacimientos ocurridos a partir del 19 de febrero de 2025, fecha en que entró en vigor la orden ejecutiva original de Trump.

El precedente de la Corte Suprema

Este fallo no surge de manera aislada. Responde directamente al pronunciamiento del Tribunal Supremo del 30 de junio de 2026, cuando el alto tribunal rechazó, por seis votos contra tres, el primer intento de Trump de eliminar la ciudadanía automática.

En esa decisión, conocida como el caso Trump contra Barbara, el presidente de la Corte, John Roberts, escribió que los hijos de personas presentes de manera irregular o temporal «nacen en Estados Unidos» y «están sujetos a su jurisdicción». Por tanto, son ciudadanos desde su nacimiento según la Constitución.

Ese derecho está consagrado en la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. El texto establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos».

¿Quiénes impulsaron la demanda en Maryland?

El caso llegó a los tribunales tras demandas de organizaciones civiles y activistas en Maryland. Entre los demandantes figuran CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, entidades que representan a comunidades inmigrantes y solicitantes de asilo.

Estas organizaciones sostuvieron que un decreto del Poder Ejecutivo carece de validez legal para modificar una garantía constitucional. Solo una enmienda a la Constitución o un cambio de criterio de la propia Corte Suprema podrían alterar ese derecho, según han explicado especialistas consultados por medios como Los Angeles Times.

Boardman concluyó que los demandantes tienen «posibilidades importantes» de probar que la nueva orden viola las garantías de la Decimocuarta Enmienda. Su resolución impide además que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA) tomen medidas que interfieran con la ciudadanía de los menores incluidos en la demanda.

El impacto real para las familias inmigrantes

Detrás del lenguaje legal hay consecuencias directas para miles de familias. Sin este fallo, hijos de madres indocumentadas o con visas temporales habrían quedado en un limbo legal, sin acceso automático a documentos como el número de Seguro Social o el pasaporte estadounidense.

Organizaciones de derechos civiles han advertido que medidas como esta generan temor entre mujeres embarazadas en situación irregular, quienes podrían evitar acudir a hospitales por miedo a represalias migratorias. El fallo de Boardman busca frenar precisamente ese efecto mientras el litigio continúa su curso.

La resolución no es definitiva, ya que corresponde a una medida cautelar preliminar. El Gobierno federal puede apelar ante instancias superiores, un proceso que podría extenderse durante los próximos meses mientras se resuelve el fondo del caso.

¿Qué sigue para las familias afectadas?

Por ahora, la ciudadanía por nacimiento permanece protegida en todo el país para los menores nacidos después del 19 de febrero de 2025, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Las familias pueden continuar tramitando actas de nacimiento, números de Seguro Social y pasaportes con normalidad.

Abogados de inmigración recomiendan a las familias conservar toda la documentación del parto y del registro civil del menor. Ese respaldo resultará clave si el Gobierno federal apela la decisión o intenta aplicar restricciones adicionales en el futuro.¿