¿Cómo el 11 de septiembre dio origen a ICE?

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 llevaron al Congreso de Estados Unidos a rediseñar por completo el sistema de seguridad e inmigración del país. De esa reforma nació, en 2003, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hoy, 25 años después, esa reorganización sigue definiendo cómo funciona la aplicación de la ley migratoria en el país.

El cambio no fue inmediato. El Congreso investigó durante dos años cómo los responsables de los ataques lograron entrar y permanecer en territorio estadounidense con visas legales.

El fallo migratorio que expuso el 11 de septiembre

Los diecinueve secuestradores obtuvieron visas de forma legal y cruzaron los controles migratorios sin contratiempos. Doris Meissner, comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) entre 1993 y 2000, resume el problema con claridad. «El fallo fue que no se impidió a aquellos secuestradores entrar en el país», explica Meissner, hoy directora de política migratoria del Instituto de Política Migratoria (MPI).

La responsabilidad de otorgar las visas recaía en los consulados del Departamento de Estado. Pero fueron los inspectores de inmigración en los aeropuertos quienes permitieron su ingreso final al país.

Ese fallo cambió las prioridades migratorias de Estados Unidos de forma permanente. El control fronterizo quedó vinculado directamente con la lucha antiterrorista. En la década siguiente al 11-S, las deportaciones subieron a 2.3 millones de personas, frente a 1.6 millones en la década anterior, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Marco legal: la Ley de Seguridad Nacional de 2002

El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional el 25 de noviembre de 2002. La norma creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que comenzó a operar formalmente el 1 de marzo de 2003. Fue la mayor reorganización del gobierno federal desde 1947.

Esta ley disolvió el INS, que hasta entonces dependía del Departamento de Justicia. Sus funciones se dividieron en tres agencias nuevas: USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración), encargada de visas y residencias; CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), a cargo del control en los puntos de entrada; e ICE, responsable de las investigaciones y deportaciones dentro del país.

Antes de esta división, un solo comisionado del INS podía equilibrar la inmigración legal con las funciones de control. Meissner considera que esa coordinación se perdió con la nueva estructura de tres agencias separadas.

Por qué el presupuesto de ICE se disparó en los últimos años

La separación en tres agencias también implicó presupuestos independientes. Bajo la administración de Donald Trump, la agenda contra la inmigración indocumentada ha dominado la política interna. Los fondos para ICE alcanzaron niveles sin precedentes, superiores al gasto militar de la mayoría de los países del mundo.

Hiroshi Motomura, profesor de Derecho de UCLA, explica el efecto de este cambio estructural. «Se creó un aparato de cumplimiento de la ley independiente que no existía antes», dice Motomura, autor de varios libros sobre inmigración.

La ley presupuestaria de 2025, conocida como Big Beautiful Bill, aportó 170,000 millones de dólares para la agenda migratoria. La Ley de Reconciliación de este año sumó 70,000 millones adicionales. Con ese dinero, ICE amplió su número de agentes y abrió nuevos centros de detención.

Casos que han generado controversia sobre la rendición de cuentas

El aumento de fondos coincidió con una menor supervisión sobre las actuaciones de los agentes. El DHS ha respaldado a sus funcionarios incluso en los casos más polémicos.

En enero de este año, agentes federales mataron a tiros a Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis, ambos ciudadanos estadounidenses, durante protestas contra operativos migratorios. En julio, agentes de ICE mataron al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en Texas y al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine. Los cuatro casos siguen bajo investigación de fiscales estatales, que han denunciado falta de cooperación de las autoridades federales.

¿Es Estados Unidos más seguro 25 años después?

El país no ha sufrido un atentado terrorista de gran escala desde 2001. Herramientas como la biometría y las bases de datos compartidas entre agencias han contribuido a esa estabilidad, según especialistas en seguridad nacional.

Sin embargo, en los últimos 18 meses el gobierno ha usado el argumento de la seguridad nacional para detener a personas migrantes acusadas de terrorismo sin presentar pruebas. La administración ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de guerra, para deportar a personas de El Salvador y Venezuela sin el debido proceso legal.

¿Qué significa esto para las familias migrantes hoy?

Las personas con casos pendientes ante USCIS deben conocer sus derechos antes de cualquier cita o trámite migratorio. Organizaciones como el MPI y clínicas legales locales ofrecen orientación gratuita sobre qué hacer ante un contacto con ICE o CBP.

Meissner resume el cambio de era en seguridad nacional con una idea clara: las amenazas actuales surgen cada vez más del interior del país, no del exterior. Para las familias inmigrantes, entender esta historia ayuda a comprender por qué la aplicación de la ley migratoria funciona hoy como lo hace.