ALERTA: Trump amenaza con desestimar cientos de miles de casos de asilo

El DHS envió una carta a AILA con argumentos legales sobre el asilo migratorio. El documento advierte sobre un posible aumento en el rechazo de casos pendientes. Abogados de inmigración cuestionan varios de los argumentos presentados.

¿Qué dice el documento del DHS enviado a AILA?

El informe, firmado por James H. Percival, asesor jurídico general del DHS, responde dudas surgidas tras la política de «tolerancia cero». Esa política se implementó nuevamente desde el 20 de enero de 2025.

Fue aplicada por primera vez durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021. Aquellas medidas fueron eliminadas durante la presidencia de Joe Biden.

Según el documento, la política afecta a millones de solicitantes de asilo, tanto afirmativos como defensivos.

¿Por qué el DHS considera el asilo un beneficio «discrecional»?

Según el documento, el asilo «es un beneficio discrecional». Esto significa que el gobierno no está obligado a otorgarlo, aunque la persona cumpla los requisitos legales.

Por lo tanto, según esa interpretación, cumplir con los criterios de elegibilidad no garantiza automáticamente una aprobación. Este es uno de los puntos más cuestionados por abogados consultados por N+ Univision.

¿Qué tan grande es el retraso en los tribunales de inmigración?

Según el informe, para julio de 2026 había casi 3,5 millones de casos pendientes. De ellos, 2,3 millones correspondían a solicitudes de asilo defensivo ante tribunales.

El documento describe este atraso como injusto tanto para el solicitante como para el gobierno. Además, sostiene que muchas solicitudes sin fundamento solo retrasarían una decisión inevitable.

Sin embargo, el documento no explica con evidencia cómo llegó a esa conclusión. Tampoco detalla por qué la Corte de Inmigración no resolvió antes esta acumulación de casos.

¿Qué se necesita para calificar para asilo, según el DHS?

Según el documento, el asilo protege a personas que huyeron de persecución gubernamental por motivos específicos. Estos incluyen raza, religión, nacionalidad, grupo social u opinión política.

El solicitante debe demostrar un temor fundado de persecución al regresar a su país. Ese temor, según el DHS, debe ser genuino, razonable y basado en pruebas específicas.

Además, el documento aclara que la persecución es un concepto extremo. Según esa interpretación, no incluye dificultades económicas, disputas personales ni malestar social general.

¿Qué es el criterio de «reubicación interna» que cuestiona el DHS?

El documento plantea que, si una persona puede reubicarse dentro de su propio país, su solicitud de asilo no sería válida. Según el DHS, muchas solicitudes no consideran esa alternativa disponible.

Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Phoenix, comentó este punto en declaraciones a N+ Univision. Según él, este argumento ya se usaba antes cuando alguien cruzaba terceros países antes de llegar a EE. UU.

Según Hernández, el gobierno «está armando argumentos sobre qué es asilo para desestimar muchos casos». Consideró preocupante ese enfoque hacia las solicitudes pendientes.

¿Por qué el DHS menciona a Chicago en su análisis?

El documento explica que, en ciertos casos, acciones de actores privados pueden atribuirse al Estado. Esto ocurre cuando el gobierno de ese país no puede o no quiere controlarlos.

Sin embargo, el DHS advirtió que esto exige probar una situación extraordinaria. Como ejemplo, mencionó que residentes de ciudades con delincuencia, como Chicago, podrían alegar lo mismo fácilmente.

Esa mención llamó la atención, ya que los casos de asilo pendientes corresponden a personas de otros países. Por lo tanto, la comparación con una ciudad estadounidense generó dudas entre los abogados consultados.

¿La violencia doméstica y de pandillas califican para asilo?

Según el documento, ese tipo de reclamos «generalmente no cumplen con los requisitos» para el asilo. El DHS señaló que muchas solicitudes provienen de países del hemisferio occidental.

Según esa interpretación, gran parte de esos casos responderían a factores económicos, no a persecución. El documento sostiene que esas solicitudes suelen carecer de pruebas directas sobre participación gubernamental.

¿Qué consecuencias advierte el DHS para solicitudes «frívolas»?

El documento advierte que presentar una solicitud considerada frívola puede inhabilitar permanentemente a la persona. Esto afectaría su acceso a la mayoría de beneficios migratorios futuros.

Además, el DHS advirtió a los abogados sobre posibles sanciones por presentar ese tipo de casos. Según el documento, el Departamento actuará con firmeza contra esa conducta.

¿Qué dicen los abogados de inmigración sobre este documento?

Varios abogados consultados por N+ Univision cuestionaron la solidez de las afirmaciones del DHS. José Guerrero, abogado en Miami, señaló que «es imposible verificar las afirmaciones del DHS sin tener acceso a cada caso».

Según Guerrero, cada persona debería tener la oportunidad de demostrar su situación ante un juez. Además, recordó que existe un plazo de 30 días para apelar una decisión negativa.

Por su parte, Haim Vásquez, abogado en Dallas, habló sobre el debido proceso legal. En declaraciones a N+ Univision, afirmó que «el debido proceso requiere que las peticiones de asilo sean revisadas» por un juez o agente de asilo.

Según Vásquez, desestimar casos sin audiencia le daría demasiado poder a los oficiales del DHS. Lo calificó como un posible ataque directo al debido proceso migratorio.

Jaime Barrón, también abogado en Dallas, ofreció una perspectiva similar sobre el proceso legal. Declaró que «pelear un caso de asilo y perderlo no significa fraude», sino ejercer el debido proceso.

Según Barrón, el documento del DHS podría generar un efecto de intimidación hacia los abogados de inmigración. Consideró que esto afectaría a quienes representan legítimamente a sus clientes.

¿Qué sigue para los casos de asilo pendientes?

Por ahora, el documento del DHS funciona como una guía interpretativa dirigida a AILA. Sin embargo, no representa una decisión judicial final sobre ningún caso específico.

Los abogados consultados coinciden en que una desestimación no equivale a fraude. Según ellos, el debido proceso sigue garantizando que cada caso reciba una revisión adecuada.