Trump faculta a jueces para multar con $3.500 a migrantes

El Gobierno del presidente Donald Trump propuso una nueva regla en materia migratoria. Busca facultar a los jueces de inmigración para imponer sanciones civiles por desacato. Las multas podrían alcanzar hasta 3.500 dólares. Aplicarían a inmigrantes, sus abogados o testigos que incumplan órdenes judiciales. La normativa fue presentada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO). Este organismo regula el funcionamiento de las cortes de inmigración en todo el país.

Multas de hasta 3.500 dólares

La propuesta permitiría a los jueces imponer sanciones entre 1.000 y 3.500 dólares. Esto ocurriría si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal. Se trata de la primera vez que se otorga esta facultad específica a los jueces de inmigración. La medida busca reforzar el cumplimiento de las decisiones judiciales dentro de estas cortes. Sin embargo, la regla no permite sancionar a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta exclusión ha generado fuertes críticas entre expertos en derecho migratorio.

Críticas de expertos legales

Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), cuestionó la norma. La calificó como “totalmente sesgada” en declaraciones a CBS News. Chen consideró que se trata de un nuevo intento por atacar a los abogados de inmigración. Lo relacionó con tácticas de presión que, según él, caracterizan a la actual administración. Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han enfrentado críticas estructurales desde hace años. Estos tribunales dependen del poder Ejecutivo y no forman parte del sistema judicial independiente. Esta particularidad permite que el Departamento de Justicia realice cambios normativos con amplia discreción. Muchos expertos consideran que esto debilita las garantías procesales de los migrantes.

Plazo abierto para recibir opiniones

La propuesta fue publicada oficialmente en el Registro Federal del Gobierno estadounidense. A partir de su publicación, se abrió un plazo de 60 días para recibir comentarios del público. Durante este periodo, organizaciones civiles, abogados y ciudadanos podrán presentar observaciones formales. El Gobierno deberá evaluar estos comentarios antes de convertir la propuesta en una norma definitiva. Se espera que distintas asociaciones de abogados migratorios presenten objeciones durante este proceso. El debate en torno a la norma probablemente se intensifique en las próximas semanas.

Sanciones económicas en aumento

La Casa Blanca ha acelerado la imposición de sanciones económicas contra inmigrantes en situación irregular. Esta estrategia forma parte de un endurecimiento general de la política migratoria del Gobierno. Más de 100.000 extranjeros han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas notificaciones informan que adeudan 998 dólares por cada día de permanencia irregular en el país. Esta cifra aplica a personas que permanecieron en Estados Unidos después de recibir una orden judicial de salida. El monto se acumula diariamente hasta que la persona abandona el territorio o regulariza su situación.

Multas millonarias contra migrantes

Las sanciones acumuladas han alcanzado cifras extraordinarias en algunos casos particulares. Una mujer mexicana, madre de tres hijos estadounidenses, recibió una multa de 1.820.352 dólares. Según los registros citados, ella debía haber abandonado el país desde el año 2013. El monto refleja años de acumulación diaria bajo esta política de sanciones económicas. Casos como este han generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes. Consideran que estas cifras resultan imposibles de pagar para la mayoría de las familias afectadas.

Un debate que sigue creciendo

La combinación de multas económicas y nuevas sanciones por desacato refleja una estrategia integral del Gobierno. Busca desincentivar la permanencia irregular mediante presión financiera y judicial simultánea. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto de estas medidas en comunidades vulnerables. Consideran que muchas familias podrían enfrentar consecuencias económicas devastadoras por decisiones tomadas años atrás. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que estas herramientas buscan garantizar el cumplimiento de la ley migratoria. El resultado del periodo de comentarios públicos definirá el rumbo final de esta controvertida propuesta.