La nueva estrategia de Trump: mandar migrantes a Uganda y Honduras

La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra la inmigración ilegal con una estrategia controvertida: persuadir a países de todo el mundo para que acepten migrantes deportados desde Estados Unidos, incluso si no son sus ciudadanos. Nuevos acuerdos con Honduras y Uganda, junto con negociaciones con naciones como España y Ecuador, marcan un esfuerzo global para facilitar deportaciones masivas, según documentos internos obtenidos por CBS News. Esta política, respaldada por un fallo de la Corte Suprema en junio de 2025, ha generado críticas por sus implicaciones humanitarias y los riesgos para los migrantes.

Acuerdos con Honduras y Uganda

El gobierno de Honduras, liderado por Xiomara Castro, acordó recibir a varios cientos de migrantes de países hispanohablantes de América Latina, incluyendo familias con niños, durante un período de dos años. Los documentos sugieren que Honduras podría aceptar más deportados en el futuro, aunque el número inicial es limitado. Por su parte, Uganda se comprometió a recibir migrantes africanos y asiáticos que solicitaron asilo en la frontera entre EE.UU. y México, siempre que no tengan antecedentes penales. Sin embargo, no está claro cuántos migrantes aceptará Uganda, según CBS News.

Por lo tanto, estos acuerdos son parte de una estrategia más amplia. Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, al menos 12 países, incluidos Paraguay, Rwanda, Panamá y Costa Rica, han firmado pactos para recibir deportados de terceros países. Rwanda, por ejemplo, aceptará hasta 250 migrantes, pero exige aprobar cada caso individualmente, según un portavoz del gobierno citado por la BBC. Estos arreglos, denominados “acuerdos de tercer país seguro”, buscan superar obstáculos diplomáticos que impiden deportar migrantes a sus países de origen, como relaciones tensas o conflictos internos.

Negociaciones con España y Ecuador

La administración Trump también ha contactado a España y Ecuador para que acepten deportados de terceros países, según los documentos. Aunque no se han confirmado acuerdos con estas naciones, las negociaciones reflejan el enfoque agresivo de la Casa Blanca. Un alto funcionario del Departamento de Estado, citado por CBS News, evitó comentar sobre “negociaciones diplomáticas privadas”, pero afirmó que están “haciendo todo lo posible” para apoyar la política de Trump de “mantener América a salvo” expulsando a inmigrantes sin estatus legal. Este esfuerzo incluye países con historiales cuestionables de derechos humanos, lo que ha avivado críticas de organizaciones como Human Rights Watch.

En consecuencia, la política ha generado preocupación. Grupos de derechos humanos advierten que enviar migrantes a países donde no tienen vínculos puede exponerlos a violencia o persecución. Un informe reciente del Departamento de Estado señaló “desarrollos negativos” en los derechos humanos en Uganda, incluyendo arrestos arbitrarios y desapariciones, aunque destacó su colaboración con la ONU para proteger refugiados. En Honduras, la inseguridad y el crimen organizado persisten, con un estado de emergencia vigente desde 2022 que suspende derechos constitucionales, según el Departamento de Estado.

Polémica y antecedentes legales

La estrategia de deportaciones a terceros países ganó impulso tras un fallo de la Corte Suprema en junio de 2025, que permitió a la administración Trump realizar estas expulsiones con un mínimo de notificación y debido proceso. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron, calificando la decisión como un “abuso grave”. Desde entonces, EE.UU. ha deportado a cientos de migrantes a países como El Salvador, Sudán del Sur y Eswatini, incluyendo a 200 venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, quienes fueron enviados a una prisión en El Salvador antes de ser repatriados a Venezuela en un canje de prisioneros.

Pese a todo, las críticas persisten. La ACLU y Amnesty International han denunciado que estas deportaciones podrían violar el derecho internacional, especialmente en países con antecedentes de abusos. En Honduras, el vicecanciller Antonio García señaló que la decisión no es específica contra su país, sino parte de la agenda de Trump para eliminar protecciones migratorias, como el TPS, que afecta a 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses desde septiembre de 2025. Doris Meissner, exdirectora del Servicio de Inmigración bajo Clinton, destacó que las deportaciones a terceros países enfrentan desafíos diplomáticos, pero la presión económica de EE.UU. está persuadiendo a gobiernos.

Impacto y reacciones internacionales

La política de Trump, que incluye cientos de vuelos de deportación y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ha generado reacciones mixtas. En Panamá, el presidente José Raúl Mulino acordó en febrero recibir a 119 migrantes asiáticos desde la base aérea de Nicanor, mientras El Salvador aceptó a migrantes con antecedentes penales en su “megacárcel”. En Uganda, sin embargo, el gobierno negó inicialmente los reportes de un acuerdo, según The Guardian, lo que refleja tensiones locales por la presión de EE.UU. La administración Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, continúa buscando aliados para su plan, que promete ser el “mayor operativo de deportación” en la historia de EE.UU.