Frenan orden de Trump contra el voto por correo en EE.UU.

Un tribunal federal de apelaciones rechazó este fin de semana una petición clave del Gobierno de Donald Trump. La solicitud buscaba aplicar en 23 estados una orden ejecutiva sobre el voto por correo. Esta medida pretendía imponer nuevas restricciones antes de las elecciones de noviembre próximo. En esos comicios estará en juego el control completo del Congreso estadounidense. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó el fallo durante la noche del sábado. La decisión ratifica la suspensión temporal dictada previamente por una jueza federal.

La jueza Talwani había suspendido la medida en junio

La suspensión original fue dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani. En su resolución, concluyó que varias disposiciones de la orden probablemente vulneran la Constitución. El Departamento de Justicia había solicitado suspender esa decisión mientras continuaba el proceso de apelación correspondiente. Su argumento se centró en que la demanda presentada resultaba prematura. Según el Gobierno, las agencias federales aún no habían terminado de desarrollar las medidas necesarias para implementar completamente la orden ejecutiva original.

Una coalición de 23 estados presentó la demanda

La demanda fue presentada por una coalición conformada por 23 estados y el Distrito de Columbia. California, Massachusetts, Nevada y Washington encabezaron esta acción legal conjunta. El tribunal rechazó por completo el argumento presentado por el Departamento de Justicia sobre la supuesta prematuridad del caso. Sostuvo que los estados ya debían prepararse activamente para las próximas elecciones. “Los estados demandantes no tienen otra opción práctica que responder a la orden ahora”, escribieron los jueces en su resolución. Esta frase resume el criterio central utilizado para rechazar la apelación gubernamental.

Qué establecía la orden ejecutiva de Trump

La orden ejecutiva fue firmada por Trump en marzo de este año. El documento instruye al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listas de ciudadanos con derecho a voto.

Estas listas se basarían en registros federales de ciudadanía manejados directamente por el gobierno central. Además, la orden ordena al Departamento de Justicia priorizar investigaciones contra funcionarios electorales locales.

Específicamente, se buscaría investigar a quienes envíen papeletas a personas consideradas no elegibles para votar según los criterios establecidos por la administración.

La jueza cuestiona la autoridad presidencial

Talwani determinó en su fallo original que el presidente carece de autoridad legal para ordenar al DHS elaborar estos registros específicos. Consideró que esta facultad excede las atribuciones constitucionales del cargo presidencial.

La jueza también concluyó que el Servicio Postal estadounidense no cuenta con autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo. Esta limitación resultó clave para su decisión final.

Según su resolución, ambas disposiciones representan un exceso de poder ejecutivo sobre competencias que corresponden constitucionalmente a los estados.

Preocupación por la intimidación a funcionarios electorales

La magistrada sostuvo además que la orden no puede utilizarse para intimidar a funcionarios electorales locales. Este señalamiento resultó particularmente relevante dentro de su análisis jurídico completo.

Según explicó, obligar a estos funcionarios a utilizar registros federales de ciudadanía incompletos representa un riesgo significativo. Estos registros no incluyen a todos los votantes que efectivamente tienen derecho a sufragar.

La amenaza de procesos penales contra funcionarios que no cumplieran con estos requisitos agravaba aún más la situación legal de la orden ejecutiva.

El contexto detrás de la orden presidencial

Trump firmó esta orden tras años de cuestionar públicamente el sistema de voto por correo en Estados Unidos. El mandatario ha sostenido reiteradamente, sin presentar pruebas concluyentes, que perdió las elecciones de 2020 por fraude generalizado.

Esta narrativa ha sido rechazada por múltiples tribunales y autoridades electorales durante los últimos años. Sin embargo, el mandatario ha mantenido su postura como base para impulsar nuevas restricciones electorales.

La orden ejecutiva de marzo representó uno de los intentos más recientes por materializar estas preocupaciones en políticas concretas a nivel federal.

El Departamento de Justicia evalúa acudir al Supremo

Ante este nuevo revés judicial, el Departamento de Justicia advirtió sobre posibles próximos pasos legales. La agencia señaló que podría solicitar la intervención directa del Tribunal Supremo si no obtiene un fallo favorable.

Esta posibilidad mantiene abierta la disputa legal sobre el alcance real de las facultades presidenciales en materia electoral. El caso podría convertirse en un precedente relevante para futuras administraciones.

Mientras tanto, los 23 estados demandantes celebran esta victoria judicial como una confirmación de sus argumentos constitucionales presentados desde el inicio del proceso legal.

Un fallo con implicaciones para las elecciones de noviembre

Esta decisión judicial resulta especialmente relevante considerando la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. El resultado de estos comicios definirá el control del Congreso estadounidense durante los próximos años.

Organizaciones defensoras del derecho al voto han seguido de cerca este proceso legal desde su inicio. Consideran que mantener el acceso al voto por correo resulta fundamental para garantizar la participación democrática.

Por ahora, los estados demandantes pueden continuar operando bajo sus propias normativas electorales, mientras el caso avanza hacia posibles instancias judiciales superiores en las próximas semanas.