¿En qué estados aplican las nuevas restricciones del SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) atraviesa una de las transformaciones más significativas de su historia reciente. La administración del presidente Donald Trump ha comenzado a implementar un plan que excluye ciertos productos considerados poco saludables, como gaseosas, golosinas y bebidas energéticas, del catálogo de artículos permitidos. La medida no altera el monto económico que reciben los hogares cada mes, pero modifica directamente la tecnología en los puntos de venta. Los comercios minoristas están obligados a adaptar sus sistemas para bloquear automáticamente los artículos no elegibles al momento de procesar la tarjeta EBT.

Esta política pública forma parte de la estrategia gubernamental denominada Make America Healthy Again (Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo). Según datos oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la red de asistencia beneficia habitualmente a más de 35 000 000 de personas con bajos ingresos en todo el país. Sin embargo, la implementación de restricciones por parte de los gobiernos estatales ha generado un intenso debate técnico entre defensores de la salud pública y organizaciones de bienestar social.

La medida afecta de manera inmediata a comunidades de diversos estados donde el uso de esta ayuda constituye la base de la seguridad alimentaria familiar.

¿Cuáles son los productos específicos que quedan prohibidos en cada estado?

Las reglas del programa varían según la jurisdicción local, pues cada estado ha diseñado listas específicas de exclusión aprobadas por las autoridades federales. Carolina del Sur prohíbe golosinas, bebidas energéticas y refrescos con azúcar añadida, aunque mantiene autorizadas las versiones dietéticas. En Dakota del Norte, la normativa excluye cualquier bebida que contenga al menos 5 gramos de azúcar añadida, edulcorantes artificiales o menos del 50% de jugo natural. Además, el gobierno de este último territorio veta mezclas con más de 65 miligramos de cafeína por cada 236 mililitros.

Por su parte, el estado de Montana fijó un límite estricto de 10 gramos de azúcar por cada 236 mililitros para las bebidas azucaradas. La restricción en dicha entidad abarca también postres preparados de larga duración, pero exime de la prohibición a los productos de panadería frescos elaborados directamente en la tienda. Esta variabilidad en los criterios locales obliga a las familias a mantenerse informadas para evitar inconvenientes administrativos durante sus compras habituales de comestibles.

Criterios por estado	Alimentos y bebidas prohibidos	Excepciones autorizadas
Carolina del Sur	Golosinas, gaseosas azucaradas, té endulzado, limonada y café azucarado.	Gaseosas dietéticas y bebidas sin azúcar.
Dakota del Norte	Bebidas con ≥5g de azúcar añadida, energéticas, shots y productos con edulcorante.	Leche, bebidas con más del 50% de jugo natural y productos no endulzados.
Montana	Bebidas con >10g de azúcar por cada 236 ml, golosinas y postres procesados.	Panadería hecha en tienda, leche, café, té y bebidas con edulcorante artificial.
Ohio	Bebidas donde el azúcar o jarabe de maíz sea el ingrediente principal y bebidas de surtidor.	Leche, jugos 100% naturales y agua embotellada sin saborizantes calóricos.
Virginia	Gaseosas (incluidas dietéticas), bebidas energéticas y refrescos carbonatados con azúcar.	Bebidas no carbonatadas como limonada, té helado, café, leche y bebidas deportivas.

En Ohio, donde más de 1 300 000 residentes reciben el subsidio, las guías comerciales establecen la prohibición de bebidas cuyo primer ingrediente sea jarabe de maíz o fructosa. Virginia aplica un criterio más amplio al restringir todas las gaseosas carbonatadas, incluidas las versiones dietéticas, aunque permite la compra de limonadas y tés fríos no carbonatados.

¿Qué dicen los expertos en salud pública y las organizaciones comunitarias?

El debate en torno a esta reestructuración del programa ha dividido a la comunidad médica y de nutrición. Investigadoras de la Universidad de Pensilvania, como Christina Roberto y Alyssa Moran, respaldaron la eliminación de bebidas azucaradas en un análisis publicado por Newsweek. Las especialistas argumentaron que existe evidencia científica suficiente que vincula el consumo frecuente de refrescos con el aumento de peso, problemas dentales y enfermedades crónicas. Según su postura, los fondos públicos no deben financiar productos que deterioran la salud infantil.

Sin embargo, especialistas en nutrición clínica sugieren que las restricciones punitivas pueden generar efectos contraproducentes en las poblaciones vulnerables. Staci Gulbin, dietista registrada, explicó en declaraciones periodísticas que resulta más efectivo otorgar incentivos económicos para la compra de frutas y verduras frescas. La profesional señaló que limitar opciones sin educación nutricional previa suele incrementar los niveles de ansiedad y discriminación en los puntos de venta.

• Incentivos a la compra: Extensión de programas que duplican el valor del SNAP al comprar en mercados locales.
• Acceso geográfico: Reducción de los «desiertos alimentarios» mediante el apoyo a comercios comunitarios.
• Educación funcional: Talleres de cocina económica y nutrición dirigidos a las familias beneficiarias.

Analistas de política pública enfatizan que el éxito de cualquier modificación en la asistencia social depende de la claridad en las reglas. La comunidad hispana en Estados Unidos, que representa una parte importante del padrón de beneficiarios, requiere información precisa para navegar las transformaciones legislativas sin perder acceso a sus recursos básicos.

¿Cuál es el estatus legal y el impacto presupuestario de esta medida?

La expansión de estas restricciones enfrenta importantes cuestionamientos en los tribunales federales. La jueza Amy Berman Jackson determinó que el gobierno federal excedió sus facultades legales al aprobar limitaciones similares en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental. El fallo judicial concluyó que el Ejecutivo utilizó disposiciones destinadas a proyectos piloto de eficiencia administrativa y no los canales legislativos correspondientes para temas sanitarios.

A pesar de esta resolución judicial, las exenciones otorgadas a los estados de Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana, Ohio y Virginia se mantienen vigentes. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, manifestó públicamente en sus canales oficiales que la administración continuará defendiendo estas políticas frente a los bloqueos judiciales. Las autoridades sostienen que el objetivo prioritario del programa debe ser la nutrición efectiva de los sectores golpeados por la pobreza.

Paralelamente, el padrón general del programa ha registrado un descenso sustancial durante el último año fiscal. Informes elaborados por el Center on Budget and Policy Priorities indican que la participación nacional cayó en más de 4 500 000 personas entre julio de 2025 y abril de 2026. Esta reducción del 11% responde a modificaciones en los requisitos laborales e ingresos fijados por la legislación federal.

Preguntas frecuentes

¿El monto mensual de dinero que recibo en la tarjeta EBT va a disminuir con esta medida?

No. El presupuesto económico asignado a cada familia se mantiene exactamente igual. Lo único que cambia es el tipo de productos que el sistema informático de la tienda le permitirá pagar con los fondos federales.

Si intento comprar una gaseosa no permitida, ¿el cajero cancelará toda mi compra?

No. El terminal de punto de venta únicamente rechazará el artículo no elegible. El comprador tendrá la opción de pagar ese producto específico con efectivo o tarjeta de débito personal, o pedir que lo retiren de la cuenta.

¿Estas restricciones aplican para los supermercados pequeños y bodegas de mi vecindario?

Sí. Todos los establecimientos comerciales autorizados para aceptar la tarjeta EBT deben actualizar sus bases de datos para cumplir con las regulaciones estatales vigentes a partir de la fecha límite estipulada.