Este es el plan de Trump para acabar el muro fronterizo

Donald Trump acelera su plan para terminar el muro fronterizo y busca cerrar la obra antes de que termine su mandato. La estrategia depende de nuevas construcciones, expropiaciones de terrenos privados y cambios rápidos en la frontera sur.

El proyecto avanza con más presión en Texas, donde gran parte de la franja fronteriza no es propiedad federal. Eso obliga al Gobierno a negociar con dueños privados o, en varios casos, a iniciar procesos de expropiación forzosa.

¿Qué quiere completar Trump?

La meta de la Casa Blanca es ampliar el muro y reforzarlo con más tecnología. Según CBP, la frontera entre Estados Unidos y México mide 3 145 kilómetros.

La administración calcula que para el final del mandato de Trump habrá unos 2 250 kilómetros cubiertos con barreras. También prevé instalar tecnología en varios cientos de kilómetros más. Eso implicaría una expansión muy grande en poco tiempo.

De acuerdo con información citada por CNN, la CBP planea tener todos los terrenos disponibles para construcción en junio de 2027. El objetivo es seguir levantando segmentos de manera gradual hasta finales de 2028.

El Registro Federal también muestra que el Departamento de Seguridad Nacional ha usado exenciones para acelerar el proceso. Eso reduce trabas administrativas, pero no elimina el principal obstáculo: conseguir el terreno.

¿Por qué faltan terrenos?

Porque en muchas zonas de la frontera, sobre todo en Texas, la tierra es privada. Eso complica la expansión del muro, ya que el Gobierno debe comprar, negociar o expropiar propiedades.

La figura legal usada se llama expropiación forzosa. La Facultad de Derecho de Cornell la define como la facultad del Estado para tomar propiedad privada con fines públicos, siempre con compensación justa.

Trump ya había prometido extender el muro en su primer ciclo de gobierno. Pero ahora necesita avanzar más rápido para cumplir su meta política. El problema es que la construcción depende de miles de decisiones sobre terrenos, acceso y diseño.

Según un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional citado por CNN, el Gobierno se está quedando sin terrenos más rápido de lo que puede conseguirlos. Esa frase resume el cuello de botella más serio del plan.

La CBP informó que desde el regreso de Trump se añadieron aproximadamente 129 kilómetros de muro primario y 39 kilómetros de muro secundario. Son avances reales, pero todavía quedan grandes tramos por cubrir.

¿Cómo piensa avanzar la obra?

La construcción no será uniforme. La agencia planea priorizar las áreas más útiles y dejar fuera los terrenos más complejos o menos necesarios. Eso incluye zonas remotas y de difícil acceso.

El comisionado Rodney Scott dijo que el muro principal estará terminado a finales de 2027. También aseguró que el sistema completo, incluyendo barreras secundarias y tecnología, podría concluir en 2028.

Scott sostuvo además que el proyecto va adelantado y por debajo del presupuesto. Esa afirmación se apoya en fondos anteriores aprobados por el Congreso y en los 46 500 millones de dólares asignados por el paquete fiscal de Trump.

El Gobierno prevé incluso construir unos 16 kilómetros por semana en agosto. Luego, la velocidad debería aumentar en los siguientes años. Esa cadencia refleja la urgencia política del mandato.

Sin embargo, la rapidez no resuelve los litigios. Los casos de expropiación pueden tardar años. Y aunque el Gobierno avance con obras, la disputa legal por la tierra sigue su curso paralelo.

¿Qué pasa en Laredo y el Valle del Río Grande?

Laredo es una de las zonas más sensibles del plan. La ciudad comparte unos 22 kilómetros de frontera con México y ha dialogado con funcionarios federales desde octubre pasado.

El alcalde Victor D. Treviño afirmó que la ciudad está aportando información técnica para mejorar los diseños. También explicó que quiere evitar muros de bolardos en el centro, porque los considera más dañinos que útiles.

La preocupación local no se limita al muro. También abarca el suministro de agua y el comercio internacional. En una ciudad fronteriza, cualquier barrera física puede afectar movilidad, drenaje y actividad económica.

El Valle del Río Grande es, además, un epicentro de litigios por expropiación. Allí predominan los terrenos privados, así que la disputa con el Gobierno es mucho más intensa. Esa realidad ralentiza los planes, aunque no los detiene.

Stephen Adler, abogado en Texas, representa a propietarios en casos de este tipo. Explicó que algunos quieren vender, otros desean conservar acceso a sus tierras y otros rechazan cualquier toma gubernamental. Esa diversidad complica cada expediente.

Adler también señaló que el Gobierno busca más abogados para acelerar los procesos. En la práctica, la Casa Blanca quiere más capacidad jurídica para sostener una ofensiva territorial más grande.

¿Qué significa para la frontera sur?

La estrategia de Trump combina obra pública, presión legal y mensaje político. Quiere mostrar control fronterizo rápido, pero depende de terrenos ajenos y de batallas judiciales que no siempre avanzan al ritmo de la obra.

Para las comunidades fronterizas, el impacto puede ser profundo. Un muro puede cambiar la forma de cruzar, de vender, de trabajar y de vivir cerca del río o de la línea divisoria. Por eso el debate no es solo migratorio.

También hay un componente económico. Las barreras pueden alterar comercio, agua y tránsito local. En ciudades como Laredo, donde la frontera es parte del día a día, esos cambios no son abstractos.

La CBP sostiene que parte del sistema se reforzará con tecnología. Eso incluye vigilancia adicional en segmentos donde no se construirá muro alto. El Gobierno intenta así combinar barreras físicas y control digital.

Aun así, la mayor dificultad sigue siendo la misma: construir en tierras privadas. Mientras ese punto no se resuelva, el muro seguirá siendo tanto un proyecto físico como una batalla legal y política.

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