ALERTA: Trump propone castigar con impuestos a escuelas que benefician a hispanos

El Departamento del Tesoro presentó este jueves una nueva regulación sobre escuelas y universidades. La propuesta busca eliminar beneficios que dependan de la raza del estudiante. Se trata de una nueva escalada contra los programas de diversidad, equidad e inclusión.

¿Qué propone el Departamento del Tesoro sobre las escuelas?

La norma quitaría el estatus de exención fiscal a instituciones que beneficien a estudiantes por raza. Esto incluye políticas en admisiones, becas e instalaciones específicas.

Según el documento, este tipo de beneficios «serían incompatibles» con la nueva normativa. Por lo tanto, las escuelas afectadas perderían ventajas fiscales importantes si no ajustan sus políticas.

¿A qué instituciones afectaría esta nueva norma?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro y el IRS, hasta 18.000 escuelas podrían verse afectadas. Esto incluye escuelas privadas, universidades y otras instituciones educativas del país.

Las universidades privadas están exentas de muchos impuestos desde hace más de un siglo. Esa exención existe porque, según la ley, prestan un servicio de interés público. Además, ese beneficio permite ahorrar millones de dólares cada año a estas instituciones.

¿Qué dijo el secretario del Tesoro sobre la propuesta?

En un comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la nueva regulación. Según él, cambiar el nombre de las preferencias raciales no altera su naturaleza.

En sus palabras, «no cambia su naturaleza discriminatoria» usar términos como equidad o inclusión. Con esa frase, Bessent sugirió que incluso políticas sin la etiqueta DEI podrían ser sancionadas.

¿Qué antecedente existe sobre este tipo de sanciones?

Es poco común que el Gobierno federal retire la exención fiscal a una universidad. Sin embargo, existe un precedente relevante en la historia reciente del país.

La Universidad Bob Jones, en Carolina del Sur, perdió ese beneficio en la década de 1970. La razón fue una prohibición de relaciones y matrimonios interraciales dentro del campus.

En ese caso, la Corte Suprema confirmó la decisión del IRS de negar la exención. Posteriormente, la universidad eliminó esa prohibición y recuperó su estatus fiscal en 2017.

¿Qué límites tiene el IRS para investigar organizaciones?

Las leyes prohíben al IRS perseguir a personas u organizaciones por motivos ideológicos. Además, los funcionarios federales no pueden ordenar directamente investigaciones del IRS.

Para mantener su estatus como organización sin fines de lucro, las instituciones deben cumplir varias reglas. Entre ellas están las normas sobre cabildeo, actividad política e informes anuales ante el IRS.

¿Qué otras acciones ha tomado la administración Trump en este tema?

El año pasado, Trump amenazó con retirar la exención fiscal a la Universidad de Harvard. Esa amenaza ocurrió durante un enfrentamiento con la institución más antigua del país.

En respuesta, funcionarios de Harvard afirmaron que no existía base legal para esa medida. Según ellos, esa acción obligaría a recortar ayudas financieras e investigación médica esencial.

Por separado, el Departamento de Justicia investiga a varias facultades de medicina. Según funcionarios de Trump, esas facultades favorecen a estudiantes negros e hispanos en sus admisiones.

De acuerdo con la administración, ese favoritismo violaría el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa ley federal prohíbe la discriminación en la educación en Estados Unidos.

¿Qué dijo el director del IRS sobre la medida?

En un comunicado, el director ejecutivo del IRS, Frank J. Bisignano, respaldó la nueva propuesta. Según él, las escuelas privadas con prácticas discriminatorias ya no tendrán exención fiscal.

En sus palabras, «las escuelas que continúen incurriendo en discriminación racial deben esperar perder ese estatus». Con esa frase, Bisignano advirtió directamente a las instituciones educativas del país.

¿Qué sigue después de este anuncio?

Por ahora, la propuesta debe pasar por un proceso de aprobación regulatoria formal. Si se confirma, entraría en vigor después de mayo de 2027.

Mientras tanto, universidades y escuelas privadas revisarán sus políticas de admisión y becas. Se espera que el debate sobre estas medidas continúe en los próximos meses.