ALERTA: Trump deroga el TPS de 200,000 salvadoreños en EE. UU.

El gobierno de Donald Trump canceló este 9 de septiembre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200,000 salvadoreños en Estados Unidos. La medida deja sin permiso de trabajo ni protección frente a la deportación a una de las comunidades migrantes más antiguas del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el fin del programa a través del Registro Federal. Estados Unidos otorgó por primera vez el TPS a El Salvador en 2001, tras los terremotos que devastaron ese país centroamericano.

“El TPS es exactamente eso: temporal”, sostuvo Chandler Rebel, portavoz del DHS. El funcionario agregó que el Congreso nunca tuvo la intención de que la protección se convirtiera en un mecanismo permanente.

El fin de la protección migratoria más antigua del país

La designación salvadoreña era la más longeva del sistema de TPS, vigente desde 1990. Esta figura legal fue creada por el entonces senador demócrata Edward Kennedy y promulgada por el presidente George H. W. Bush.

El TPS ofrece autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y protección temporal frente a la deportación. Aplica a personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o epidemias, pero no otorga residencia ni ciudadanía.

Antes de esta decisión, la administración ya había terminado el TPS para Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua. De los 17 países que tenían esta protección al inicio del mandato de Trump, solo Ucrania, Líbano y Sudán la conservan.

La Corte Suprema autorizó meses atrás el fin del TPS para 350,000 haitianos, un fallo que allanó el camino legal para decisiones similares. Abogados de inmigración citan ese antecedente como advertencia para los beneficiarios salvadoreños.

Qué establece la ley y qué sigue para los salvadoreños

La ley federal exige al DHS notificar su decisión sobre el TPS al menos 60 días antes del vencimiento. Ese plazo ya se había cumplido sin un anuncio oficial, lo que generó semanas de incertidumbre entre las familias salvadoreñas.

Si el DHS no publica un aviso formal en el Registro Federal, la ley prevé una extensión automática de seis meses. Sin embargo, organizaciones de inmigrantes advierten que litigios recientes han debilitado esa garantía en la práctica.

Estados Unidos todavía no explicó los mecanismos concretos para que los salvadoreños regresen a su país. Tampoco especificó el plazo exacto que tienen las familias para evitar una eventual deportación.

Randi Levine, de Advocates for Children of New York, y otras organizaciones de derechos migratorios han pedido claridad inmediata sobre el proceso. Insisten en que la falta de instrucciones oficiales deja a miles de familias sin poder planificar su futuro.

El impacto económico y en las remesas familiares

Unos 152,000 salvadoreños con TPS trabajaban en construcción, mantenimiento de edificios, transporte, manufactura y servicios de comida. Juntos generaban unos $5,400 millones de dólares anuales en contribución económica neta para Estados Unidos, según estimaciones de organizaciones que representan a la diáspora salvadoreña.

José Palma, salvadoreño beneficiario del TPS y defensor comunitario, contó a Truthout que ha pasado años exigiendo protección permanente para tepesianos. Dijo que ahora no sabe si su propio estatus legal se mantendrá la próxima semana.

Más de 150,000 niños con ciudadanía estadounidense tienen al menos un padre salvadoreño que estaba amparado por el TPS. Estos menores no pueden ser deportados, pero sus familias quedan en riesgo de separación.

El fin del programa también golpeará a El Salvador a través de una eventual caída en las remesas. Estos envíos representan entre 24% y 26% del Producto Interno Bruto salvadoreño, de acuerdo con cálculos oficiales citados por medios locales.

Qué pueden hacer las familias afectadas ahora

Especialistas en migración recomiendan a los salvadoreños con TPS consultar de inmediato con un abogado de inmigración certificado. Cada caso requiere revisar si existe otra vía legal, como peticiones familiares o procesos de asilo pendientes.

Organizaciones como el Alianza Nacional para el TPS ofrecen orientación gratuita sobre los próximos pasos legales. Las familias también pueden monitorear el Registro Federal para conocer instrucciones oficiales sobre plazos de salida o regularización.

En Washington se espera que El Salvador, como ocurrió con Honduras y Haití, busque líneas de crédito de emergencia ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ese respaldo financiero dependerá en buena parte de decisiones que también controla la Casa Blanca.