ALERTA: Tribunal anula condena de mexicano — agentes integraban grupo racista

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló el lunes 14 de septiembre la condena de Jaime Tovar-Durán, un inmigrante mexicano indocumentado, en California. Los jueces determinaron que los fiscales ocultaron que dos de los tres agentes de la Patrulla Fronteriza que testificaron en su contra pertenecían a un grupo privado de Facebook con contenido racista.

Un panel de tres jueces concluyó que el gobierno violó su obligación constitucional de entregar pruebas relevantes a la defensa. El caso ahora regresa a un tribunal inferior para determinar si ese ocultamiento afectó el veredicto de culpabilidad dictado en 2020.

Un grupo de Facebook bajo escrutinio judicial

La jueza de circuito Ana de Alba, autora del fallo, escribió que la actividad de los testigos en esa página «podría constituir prueba sólida de sesgo contra personas no ciudadanas», según recogió The New York Times.

De Alba fue nombrada al Noveno Circuito por el presidente Joe Biden en 2022. Es la primera mujer latina en ocupar ese puesto por el Distrito Este de California.

El fallo se basa en dos garantías legales clave para cualquier persona acusada en Estados Unidos. La primera es la doctrina Brady, que obliga a la fiscalía a divulgar evidencia favorable a la defensa. La segunda es la Regla 16 de Procedimiento Penal Federal, que exige compartir cierto material antes del juicio.

Qué fue el grupo «I’m 10-15»

El nombre del grupo proviene del código de radio que usa la Patrulla Fronteriza para reportar personas indocumentadas bajo custodia. ProPublica expuso su existencia en julio de 2019, revelando que tenía unos 9.500 miembros entre agentes activos y retirados.

En el grupo, agentes se burlaban de migrantes muertos y publicaban imágenes sexualmente explícitas de legisladoras latinas. También cuestionaban la autenticidad de la fotografía de un padre y su hija ahogados en el Río Grande.

El escándalo derivó en una investigación del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes. El comité determinó que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, la agencia federal que vigila las fronteras y puertos de entrada) conocía las irregularidades desde agosto de 2016, pero no actuó hasta que los medios cubrieron el caso.

Sanciones limitadas para los agentes involucrados

El informe del comité de supervisión, publicado en octubre de 2021, detalla que 60 empleados de CBP tuvieron faltas comprobadas. De ellos, solo dos fueron despedidos, 43 recibieron suspensión sin goce de sueldo y 12 obtuvieron cartas de amonestación.

Otros diez empleados se retiraron del servicio federal antes de que se resolviera su caso disciplinario. El CBP también investigó a un total de 138 personas vinculadas al grupo y a otra página similar.

El CBP declaró en su momento que las publicaciones discriminatorias violaban sus estándares de conducta. Sin embargo, aclaró que la mera membresía en el grupo no conllevaría una sanción automática.

El arresto y el juicio de Tovar-Durán

Según documentos judiciales, agentes detuvieron a Tovar-Durán en noviembre de 2019. Ocurrió a unos cinco kilómetros del puerto de entrada de Tecate, en California, pocos días después de que México lo recibiera tras una deportación previa.

Un agente declaró que el detenido admitió ser ciudadano mexicano sin documentos que lo habilitaran para permanecer en el país. Bajo la ley migratoria vigente, ingresar sin autorización constituye una infracción penal federal contemplada en el Título 8 del Código de Estados Unidos.

Inicialmente, los fiscales aseguraron que ninguno de los agentes pertenecía al grupo. Poco antes del juicio, informaron a la defensa que dos de los tres testigos sí habían sido miembros, aunque sostuvieron que no recordaban haber publicado ni reaccionado a contenido allí.

Por qué el ocultamiento de pruebas es decisivo

El juez de primera instancia rechazó los pedidos de la defensa para obtener información completa sobre la membresía de los agentes. Consideró que las pruebas existentes bastaban para sostener el veredicto.

El tribunal de apelaciones discrepó de ese criterio. Los jueces determinaron que no podía establecerse con certeza si el ocultamiento había perjudicado al acusado, y por eso ordenaron una revisión adicional.

Kim Hutchison, abogada de Tovar-Durán, afirmó a The New York Times que el fallo confirma la necesidad del debido proceso. Dijo que el gobierno «intentó usar atajos como no ofrecer un descubrimiento de pruebas completo».

Hutchison advirtió que su cliente reside actualmente en México. Por eso no está claro cómo continuará el proceso, ya que podría no estar en condiciones de comparecer en persona ante el tribunal.

La respuesta oficial y lo que sigue

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, la agencia federal encargada de la seguridad interior y el control migratorio) no respondió a las consultas sobre si los agentes recibieron medidas disciplinarias adicionales tras este fallo.

El CBP indicó en un comunicado que no comenta casos individuales de personal. Agregó que exige a cada empleado «los más altos estándares de integridad y conducta, tanto dentro como fuera del servicio».

El caso regresa ahora a un tribunal de distrito, que deberá decidir si realiza una audiencia probatoria o una revisión interna de los documentos. De esa revisión depende si la condena original de Tovar-Durán se mantiene o se anula por completo.

Para las personas indocumentadas que enfrentan procesos similares, este fallo refuerza un derecho concreto: exigir que la fiscalía entregue toda evidencia que pueda favorecer su defensa, incluida la que cuestione la credibilidad de los testigos en su contra.