Tennessee prohíbe rentar a indocumentados: así lo castiga la ley

Tennessee prohíbe rentar a indocumentados: así lo castiga la ley

Una nueva ley en Tennessee, la Senate Bill 392, ha desatado controversia al criminalizar el alquiler de viviendas a inmigrantes indocumentados, afectando especialmente a la comunidad latina, que representa el 6% de la población estatal según el Censo 2024. Firmada por el gobernador Bill Lee el 9 de mayo de 2025, la norma considera un delito grave “albergar” a personas sin estatus migratorio a cambio de beneficios financieros, generando temor entre arrendadores, iglesias y familias de estatus mixto. La legislación, que también aborda el tráfico humano, enfrenta demandas por su ambigüedad y posible inconstitucionalidad.

¿Qué dice la Senate Bill 392?

La SB 392, impulsada por el representante Chris Todd y el senador Brent Taylor, define “albergar” como proporcionar refugio a alguien que se sabe o debería saberse que está indocumentado, si se obtiene ganancia económica. Según el texto, alquilar un apartamento o alojar a un familiar indocumentado podría ser penalizado con hasta siete años de prisión por delito grave. La ley también clasifica el transporte de indocumentados como contrabando humano, y si involucra a menores de 13 años, como tráfico humano agravado, según el Departamento de Justicia de Tennessee.

Impacto en la comunidad latina

La comunidad latina, que aporta 12 mil millones de dólares a la economía de Tennessee según el Latino Policy Institute, enfrenta incertidumbre. En Nashville, donde el 10% de los residentes son latinos, arrendadores han exigido pruebas de estatus migratorio, y al menos 50 familias fueron desalojadas desde mayo, según la Nashville Hispanic Bar Association. “Mi casero me pidió papeles que no tengo, ahora vivimos con miedo”, dijo María López, una inmigrante guatemalteca. El 70% de los latinos en Tennessee teme ser perfilado, según una encuesta de Vanderbilt University.

Demandas contra la ley

La Southeastern Synod of the Evangelical Lutheran Church, junto con un arrendador de Nashville y una inmigrante mexicana, demandaron al estado en el Tribunal Federal del Distrito Medio de Tennessee. Representados por el American Immigration Council y la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, argumentan que la SB 392 es inconstitucional por invadir competencias federales y por su redacción vaga. La demanda, apoyada por el 65% de los residentes según YouGov, señala que la ley podría criminalizar actos humanitarios, como iglesias que ofrecen refugio o familias que alojan a parientes.

Reacciones y defensas de la ley

Chris Todd afirmó que la SB 392 busca desmantelar redes de contrabando, no penalizar a arrendadores comunes. “No vamos tras familias o iglesias, sino tras quienes lucran con el tráfico humano”, dijo en una entrevista. Sin embargo, Lily Sánchez, de La Paz, advirtió que la ley pone en riesgo a familias de estatus mixto, comunes en Tennessee, donde 20,000 niños ciudadanos tienen padres indocumentados, según FWD.us. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la ley, alineándose con las políticas migratorias de Trump, que buscan deportar a 11 millones de indocumentados.

Efectos en el mercado de alquiler

Desde la promulgación, los desalojos han aumentado un 15% en Nashville, según el programa Eviction Right to Counsel. Anne Boatner, directora del programa, reportó un aumento en llamadas de inquilinos latinos presionados por arrendadores. En Clarksville, un complejo de apartamentos canceló contratos de 30 familias tras exigir documentos migratorios. Esto ha generado tensiones económicas, ya que los latinos contribuyen con 1.5 mil millones en alquileres anuales en Tennessee, según el Urban Institute.

Resistencia comunitaria

Organizaciones como LULAC planean un taller el 10 de julio en Memphis para 800 asistentes, ofreciendo asesoría legal a afectados. La comunidad latina, con apoyo del 60% de los residentes según Gallup, organiza una marcha el 12 de julio en Nashville para exigir la derogación de la ley. Una cumbre migratoria el 15 de julio en Washington, con México como observador, abordará el impacto de leyes similares en estados como Florida y Texas, buscando soluciones para proteger a los inmigrantes indocumentados frente a estas restricciones.