Migrantes latinos deportados a África dicen sentirse ‘secuestrados’

Un grupo de inmigrantes latinos, entre ellos varios cubanos, permanece varado en la República Centroafricana tras ser deportado por Estados Unidos. Los hombres denunciaron a ABC News que viven en un limbo legal, sin documentos ni posibilidad de salir del país.

Su caso forma parte de las deportaciones a terceros países, una política que ha trasladado a unas 25,000 personas desde enero de 2025, según la organización de derechos humanos Human Rights First. Se trata de envíos a naciones donde los deportados no tienen ciudadanía ni vínculo alguno.

Qué son las deportaciones a terceros países

Una deportación a tercer país ocurre cuando el gobierno estadounidense expulsa a una persona hacia una nación distinta a la suya, sin que tenga lazos familiares ni legales allí. Según abogados de inmigración, esta práctica no es nueva, pero históricamente había sido poco frecuente.

En los últimos meses, el Gobierno del presidente Donald Trump aceleró estos traslados. Cerca de tres docenas de países firmaron acuerdos formales para recibir a solicitantes de asilo, refugiados y personas con antecedentes penales, muchas veces con escaso o nulo aviso previo.

Entre los nuevos destinos figuran Liberia, Ghana, Sierra Leona y la República Centroafricana. Esta última recibe, desde junio de 2026, al menos un vuelo mensual de deportados procedentes de Estados Unidos, de acuerdo con el rastreador Third Country Deportation Watch.

El caso de un cubano detenido en Miami

Yasmany Moreno de Armas, de 32 años, es uno de los hombres afectados. El cubano llegó a Estados Unidos hace una década, tras huir de la isla bajo una política que entonces permitía a los cubanos que tocaran suelo estadounidense buscar residencia legal.

Vivía en Miami con su familia y trabajaba en una planta empacadora de carne. Autoridades de inmigración lo detuvieron en mayo pasado, mientras tramitaba asilo tras el rechazo de otras formas de protección legal [web:46].

Moreno de Armas fue trasladado entre varios centros de detención del país. Desde uno de ellos, en Luisiana, lo subieron a un avión sin decirle el destino final.

Dos horas después del despegue, le informaron que el vuelo se dirigía a un país africano. «Pensé que era mentira», dijo en entrevista con ABC News.

«Cada día corremos peligro», denuncia el migrante

La República Centroafricana está clasificada como destino de riesgo extremo para ciudadanos estadounidenses, debido a conflicto armado, delincuencia violenta y amenaza terrorista. El Departamento de Estado de EE.UU. advierte a sus propios connacionales que no viajen allí.

Moreno de Armas cuestionó esa contradicción. «Este es un país que lleva 50 años en guerra, donde Estados Unidos no permite la entrada a sus ciudadanos», declaró a ABC News. «Cada día corremos peligro», añadió.

Los hombres deportados aseguran que llegaron sin pasaporte ni documentos de identidad. Por ello, dicen encontrarse en un limbo legal que les impide desplazarse a cualquier otro país.

«Me siento secuestrado», dice otro deportado

Aristides Fernández García, otro inmigrante cubano deportado, describió su situación en términos similares. «No tenemos visa ni papeles; somos indocumentados», dijo a ABC News.

«Somos prisioneros aquí, no nos dejan salir ni ir a ningún lado», agregó. «Aunque quisiera y tuviera los medios para viajar a otro país, no puedo», relató.

Fernández García fue enfático sobre cómo se siente tras el traslado forzado. «Me siento secuestrado», declaró. «Han violado todos los derechos que existen en la vida, porque somos seres humanos», concluyó.

El marco legal detrás de estos traslados

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a deportar migrantes a terceros países. Esto ocurre cuando la persona podría enfrentar persecución en su país de origen, o si ese país se niega a recibirla.

El DHS es la agencia federal que supervisa inmigración, control de fronteras y seguridad nacional en Estados Unidos. Bajo su mandato actual, ha impulsado convenios bilaterales con cerca de 30 naciones para ejecutar estos traslados.

En un comunicado a ABC News, el DHS defendió su actuación. «Fueron deportados a un país seguro», indicó la agencia. «Estamos aplicando la ley tal como está escrita», agregó.

Lo que dicen abogados y organizaciones de derechos

La abogada de inmigración Meredyth Yoon cuestionó la forma en que se ejecutan estos traslados. «La administración está enviando sistemática y cruelmente a personas a terceros países sin previo aviso, sin debido proceso», dijo a ABC News.

Yoon agregó que el proceso carece de transparencia. «La administración está haciendo esto de una manera extremadamente opaca», declaró.

Savi Arvey, directora de política de refugiados de Human Rights First, detalló que el Gobierno destinó cerca de 50 millones de dólares en pactos con terceros países. Human Rights First es una organización no gubernamental que documenta violaciones de derechos humanos en política migratoria.

Arvey advirtió sobre el riesgo de enviar personas a naciones inestables. «La administración tiene un total desprecio por el debido proceso, por el derecho internacional y por la dignidad humana», señaló.

Asistencia humanitaria y cifras que crecen

La Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de Naciones Unidas, confirmó que brinda ayuda a los deportados que decidan permanecer en la República Centroafricana. El apoyo incluye alimentación, atención médica y asesoría sobre las opciones disponibled.

Las cifras de este programa siguen en aumento. Human Rights First y Refugees International documentaron más de 23,000 traslados forzados a 26 países entre enero de 2025 y mediados de agosto de 2026.

De ese total, casi 20,000 personas fueron enviadas a México. Más de 330 fueron trasladadas a países africanos, incluyendo la República Centroafricana, Ghana, Liberia y Sierra Leona.

Qué pueden hacer las personas afectadas

Organizaciones de derechos migratorios recomiendan a quienes enfrentan un proceso de deportación buscar representación legal lo antes posible. Contar con un abogado de inmigración puede ayudar a identificar si existe una protección aplicable antes de una expulsión a tercer país.

Human Rights First mantiene un rastreador público, el Third Country Deportation Watch, donde documenta los acuerdos y vuelos hacia terceros países. Familiares de personas detenidas pueden consultar esa herramienta para dar seguimiento a casos similares.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, conocer estos mecanismos legales es clave. Cualquier persona en proceso migratorio tiene derecho a solicitar asesoría antes de que se ejecute una orden de traslado.