Miedo a ICE silencia a víctimas de violencia doméstica

Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han aumentado el miedo entre inmigrantes indocumentados. Muchas víctimas de violencia doméstica no denuncian a sus agresores. Tienen miedo de ser deportadas. Historias como las de Valentina en Florida y Ana en Texas ilustran cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), combinado con el abuso de poder de sus parejas, crea barreras para buscar justicia. Este fenómeno, agravado por redadas masivas, está dejando a mujeres vulnerables atrapadas en ciclos de violencia, según activistas y expertos.

El caso de Valentina: una vida trastocada

Valentina, un seudónimo para proteger su identidad, tenía una vida activa en Florida, diseñando trajes de baño y colaborando con fundaciones culturales. Sin embargo, su expareja, tras agredirla en marzo de 2025, llamó a la policía, presentó cargos en su contra y alertó a ICE, cumpliendo amenazas previas. Ahora, detenida en un centro en Louisiana tras pasar por cuatro instalaciones en Florida y Arizona, enfrenta la deportación. “Ha sido la peor pesadilla de mi vida”, dijo su madre a Telemundo. Ella contó cómo Valentina enfrentó comida en mal estado. También habló de castigos, como quitarle los crayones por quejarse.

Por lo tanto, el caso de Valentina refleja un problema sistémico. Su abogada penal dijo que su detención ha hecho más difícil defenderse de los cargos de su exnovio. Además, el traslado constante entre centros de detención complica su acceso a un abogado. En 2024, ICE detuvo a 540,000 inmigrantes, un aumento del 70% respecto al año anterior, según AP, intensificando el miedo entre víctimas de abuso.

Ana y el peso del miedo

En Houston, Ana, otra inmigrante mexicana que usa un seudónimo, sufrió una agresión brutal por parte de su pareja en noviembre de 2024. Tras insultos, golpes y amenazas de muerte, Ana manejó a casa de una amiga, quien llamó a la policía. Aunque el agresor fue detenido y deportado, Ana no denunció inicialmente por temor a perder su hogar y a su hijo. “Me decía que sin él no era nadie”, contó Ana. Ella finalmente pidió una visa U para víctimas de delitos. Este proceso podría darle un permiso de trabajo y residencia permanente, según American Immigration Council.

En consecuencia, el miedo a ICE ha disuadido a muchas víctimas. Una encuesta de la Alianza para Sobrevivientes Inmigrantes se realizó en junio de 2025. El 76% de los activistas encuestados dijo que las víctimas de violencia doméstica tienen miedo de llamar a la policía. En hospitales de San Francisco y Oakland, el 19% de pacientes evitaron denunciar por miedo a ICE, según un estudio de UCSF. Las mujeres, que representan el 84% de las víctimas de maltrato conyugal según el Buró de Estadísticas del Departamento de Justicia, enfrentan riesgos adicionales debido a la dependencia económica y emocional de sus agresores.

Barreras más allá del estatus migratorio

El Centro de Justicia Tahirih reporta que, desde enero de 2025, muchas víctimas han dejado de denunciar abusos. Isabel Martínez, gerente de servicios sociales, explicó que las redadas masivas han generado un “terror psicológico” que lleva a las víctimas a pensar que no serán creídas por su estatus migratorio. “Se están pensando dos veces antes de denunciar”, afirmó. Francesco Duberli, de Survivor’s Pathway en Miami, señaló que factores como la falta de redes de apoyo, la normalización de la violencia en países de origen y la baja autoestima agravan la situación.

Además, las políticas de Trump han reducido fondos para refugios y organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica. Ana relató cómo las iglesias y centros de ayuda dejaron de ofrecer asistencia para necesidades básicas como pañales o facturas de luz debido a restricciones federales. Un estudio de la Universidad de Cambridge de 2024 encontró que el 85% de las mujeres que solicitaron ayuda legal por violencia doméstica vivían bajo el umbral de pobreza, enfrentando tasas de abuso hasta cinco veces mayores.

Opciones legales para víctimas

A pesar de los obstáculos, existen recursos como la visa U, que beneficia a víctimas que cooperan con la justicia, y la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), que permite a inmigrantes solicitar estatus legal sin depender de su agresor. Duberli enfatizó que estas herramientas son clave para romper el control psicológico de los abusadores. Sin embargo, el proceso es complejo, y el miedo a ICE, combinado con la falta de acceso a servicios legales en comunidades rurales, limita su alcance. En 2023, solo 18,000 visas U fueron otorgadas de un límite anual de 10,000, según USCIS.

Por ahora, historias como las de Valentina y Ana destacan la urgencia de proteger a víctimas inmigrantes. Mientras las políticas migratorias se endurecen, organizaciones como Tahirih y Survivor’s Pathway instan a las víctimas a buscar ayuda, recordándoles que tienen derechos y que el abuso no debe ser tolerado.