Esta madre llamó a la policía y ahora podría ser deportada por ICE

Durante la investigación del caso, los agentes policiales ingresaron sus datos en una base estatal utilizada generalmente para personas sospechosas de delitos. Este procedimiento activó una alerta automática al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que posteriormente emitió una orden de detención contra ella.

A pesar de que la policía local dijo que no notificó a ICE, el sistema automático compartió la información. Esto llevó a su detención en el Centro Correccional del Condado de Calhoun, en Battle Creek.

Fue acusada por reingreso ilegal

Según el Detroit Free Press, Ramírez-Verduzco se declaró culpable de reingresar ilegalmente al país después de que la deportaron anteriormente. La sentenciaron a pagar una multa de 100 dólares y le impusieron una condena de “tiempo cumplido” antes de que la transfirieran al control de ICE para su deportación.

Los fiscales argumentaron que su historial de entradas irregulares al país y declaraciones presuntamente falsas en formularios laborales justificaban una sanción que disuada futuras violaciones. Sin embargo, su abogada, Lisa Dwyer, sostuvo que la mujer no representa un riesgo y que el gobierno atacó a la mujer claramente por haber denunciado un delito. “El gobierno duda de la veracidad de su denuncia. La policía no estaba allí para ayudarla, la perfiló y la entregó”, declaró Dwyer al medio Newsweek.

Dwyer también denunció que el sistema que activó la alerta migratoria no revisan con detenimiento, lo que expone a muchas personas a procesos injustos. En este caso, utilizaron la dirección proporcionada en la denuncia, que fue una dirección falsa (algo común en víctimas con miedo), como excusa para iniciar una investigación migratoria.

Ahora su familia deberá mudarse

La situación ha obligado a la familia de Ramírez-Verduzco a prepararse para una separación forzosa o una posible reubicación en la frontera con México para poder permanecer juntos. Sus hijos, ciudadanos estadounidenses, podrían verse obligados a abandonar su escuela, amistades y estilo de vida en Michigan.

El caso de esta madre que llamó a la policía revive el temor de muchas personas indocumentadas en Estados Unidos que, por miedo a que las detenga ICE, evitan acudir a la policía incluso cuando son víctimas de delitos. Activistas por los derechos de los inmigrantes advierten que este tipo de políticas reduce drásticamente la cooperación entre comunidades inmigrantes y autoridades locales.

Aumentan los casos similares en 2025

El caso de Verónica Ramírez-Verduzco se enmarca en un contexto nacional cada vez más tenso para los inmigrantes. Las cifras del primer semestre de 2025 muestran un aumento significativo en los cargos federales migratorios, superando incluso los datos combinados de los dos años anteriores.

La situación ha generado protestas como la del pasado 19 de abril en Detroit, donde decenas de personas marcharon en el aniversario número 250 del inicio de la Revolución Americana, denunciando la “doble moral” del gobierno en sus políticas migratorias. En ese mismo contexto, hubo denuncias contra el centro de detención migratoria “Alligator Alcatraz” en Florida. Se le acusa de mantener a los detenidos en condiciones frías e insalubres.

Mientras tanto, la comunidad legal también ha tomado acciones. La semana pasada, decenas de solicitantes iraníes de residencia permanente demandaron al gobierno de Trump por una nueva restricción migratoria que ha paralizado sus procesos, lo que refuerza la idea de que el endurecimiento migratorio no solo afecta a personas sin documentos, sino también a residentes legales.

“Esta madre llamó a la policía y fue castigada por buscar ayuda”

El caso de Verónica ha encendido las alarmas entre defensores de víctimas de violencia doméstica y acoso laboral. La posibilidad de que ICE detenga a las personas tras contactar a la policía representa un peligro concreto para miles de personas indocumentadas que dudan entre denunciar o permanecer en silencio.

Organizaciones como ACLU, United We Dream y centros de asistencia legal han reiterado que este tipo de casos representan un fracaso en las políticas de protección de víctimas, especialmente cuando involucran a madres con hijos estadounidenses.

Hasta ahora, ICE no ha emitido comentarios públicos sobre este caso. Tampoco han confirmado si deportarán a Ramírez-Verduzco en los próximos días o si su familia podrá apelar la decisión. Lo único cierto es que, por buscar ayuda, esta madre llamó a la policía y ahora ICE podría deportarla.