ALERTA: Jueza limita arrestos migratorios sin orden judicial en California

Una jueza federal limitó el 2 de septiembre los arrestos migratorios sin orden judicial en el sur de California. La decisión responde a una demanda de 2025 presentada por organizaciones de derechos civiles durante un aumento de las redadas en la región.

La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong emitió una orden preliminar el 2 de septiembre, hecha pública el miércoles. En el documento, exige a los agentes evaluar la «totalidad de las circunstancias» antes de arrestar a alguien sin orden judicial.

El marco legal detrás de los arrestos sin orden

La ley federal de inmigración permite arrestos civiles sin orden judicial bajo condiciones específicas. El estatuto 8 U.S.C. § 1357(a)(2), parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, exige dos elementos.

Un agente debe tener causa probable de que la persona está en el país sin estatus legal. Además, debe tener causa probable de que es probable que huya antes de conseguir una orden judicial.

Frimpong determinó que el gobierno viene ignorando ese segundo requisito. Según su orden, la práctica actual evalúa el riesgo de fuga solo por el estatus migratorio irregular, o directamente no lo evalúa.

El solo hecho de estar en el país sin estatus legal no basta para justificar un arresto sin orden judicial, señaló la jueza. También ordenó documentar de forma exhaustiva la causa probable antes de cada arresto.

Quiénes están detrás de la demanda

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, conocida como ACLU. También participaron Public Counsel y grupos de defensa de inmigrantes de Los Ángeles. La orden aplica en el Distrito Central de California.

Esa jurisdicción incluye los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Ahí se concentró buena parte del reciente incremento de operativos migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS por sus siglas en inglés, no respondió por el momento a una solicitud de comentarios. La jueza rechazó además la petición del gobierno de suspender la orden mientras apela.

«Sin esto, los demandados no pueden demostrar que algún arresto fue adecuado», escribió Frimpong en su fallo. La funcionaria judicial se refería a la falta de documentación sobre el riesgo de fuga.

Un caso incluido en el expediente ilustra el reclamo de los demandantes. El gobierno sostuvo que una persona «huía» de los agentes antes de ser interrogada.

Pero un video del arresto la mostraba caminando a un ritmo normal y enviando mensajes de texto en su teléfono. Frimpong citó esa grabación como parte de la evidencia que respalda su decisión.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Mummolo, argumentó que no existe un requisito legal para documentar cada determinación. Dijo que distintos agentes manejan el proceso de manera diferente.

Mummolo citó un memorando de enero de 2026 del entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, Todd Lyons. El documento indicaba que los agentes podían evaluar la probabilidad de fuga «en el momento» del encuentro.

Frimpong cuestionó esa defensa durante la audiencia. «No ha presentado pruebas de agentes que digan: sí, no lo anoté, pero sí lo hice», respondió la jueza, según el registro judicial.

La abogada de los demandantes, Laura Perry Stone, explicó que el memorando exige dos pasos a los agentes. Deben determinar que la persona probablemente abandonará el lugar y que es poco probable encontrarla después en un sitio identificable, como su casa o trabajo.

No es la primera vez que un juez frena estas prácticas

Frimpong ya había emitido una orden de restricción temporal similar el año pasado. La Corte Suprema federal la levantó en septiembre, luego de que el gobierno apelara la medida.

En esa decisión, el juez Brett Kavanaugh señaló que la etnia aparente podría ser un factor relevante para una detención. Aclaró que solo si se combina con otra información adicional sobre la persona.

Jueces federales de otras jurisdicciones llegaron a conclusiones parecidas a la de Frimpong. Tribunales en Portland, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California ya bloquearon prácticas similares de arrestos sin orden.

La abogada de la ACLU del Sur de California, Mayra Joachin, celebró el nuevo fallo. «Esta orden judicial debería poner fin a cientos de arrestos ilegales que continúan en todo el sur de California», afirmó.

Joachin agregó que la organización vigilará de cerca el cumplimiento de la medida. Espera que el gobierno federal la acate mientras avanza el proceso de apelación.

Para las familias inmigrantes del sur de California, la orden no elimina el riesgo de un encuentro con agentes de inmigración. Sí exige que cualquier arresto sin orden judicial cuente con una evaluación documentada del riesgo de fuga.

Quienes buscan asesoría sobre sus derechos ante un posible arresto migratorio pueden consultar a un abogado de inmigración o a organizaciones locales de defensa legal. El proceso de apelación del gobierno seguirá su curso en las próximas semanas.