¿ICE usará cazarrecompensas para rastrear inmigrantes?

La Administración del presidente Donald Trump estudia nuevas formas de acelerar las deportaciones en Estados Unidos, ante cifras por debajo de su meta anual de un millón de personas expulsadas. Entre las medidas bajo análisis, un plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) propone contratar cazarrecompensas para localizar migrantes indocumentados y facilitar su eventual deportación.

Un documento interno reveló que la agencia explora la posibilidad de pagar a empresas privadas para rastrear a extranjeros con órdenes migratorias pendientes. A cambio, las compañías recibirían compensaciones económicas basadas en su desempeño. ICE aseguró que se trata de una “exploración de opciones” dentro de sus esfuerzos por reforzar la aplicación de la ley migratoria.

Propuesta polémica y riesgos legales

El informe detalla que las empresas seleccionadas recibirían paquetes con los datos de 10.000 inmigrantes a la vez, aumentando progresivamente hasta un millón. Su función principal sería verificar las direcciones de residencia o empleo proporcionadas por el ICE, y si la información no fuera correcta, tendrían que ofrecer nuevos datos que permitieran la localización de esas personas.

La agencia también instruiría a los contratistas a recopilar información sobre vehículos, redes sociales y propiedad de los individuos investigados. Además, los empleados deberían aportar fotografías o documentos que corroboren la información obtenida, e incluso entregar notificaciones legales directamente en mano a las personas rastreadas.

“Esto es muy peligroso”, advirtió Latoya Macbean Pompy, abogada de inmigración en Nueva York. En su opinión, “convertir a personas en objetivos monetarios puede fomentar violaciones a los derechos civiles e incluso afectar a residentes legales o ciudadanos”.

Bonificaciones por resultados rápidos

Según el documento, ICE prevé ofrecer bonos a los contratistas en función de la rapidez y precisión de su trabajo. Por ejemplo, podrían recibir compensaciones adicionales por confirmar la dirección correcta en el primer intento o por alcanzar un 90% de efectividad en sus búsquedas.

El texto también menciona que los equipos podrán emplear sistemas de rastreo automatizados y herramientas de monitoreo en tiempo real. Estas tecnologías ya se usan para seguir los teléfonos y movimientos de ciertos migrantes, pero la incorporación de actores privados en estas tareas generó fuertes cuestionamientos por su falta de supervisión.

El ICE justificó la propuesta señalando que “existe una necesidad inmediata de servicios de localización y entrega de notificaciones judiciales”. Los interesados debían presentar sus ofertas antes del 6 de noviembre, aunque la agencia no ha confirmado cuántas compañías han respondido.

Urgencia por cumplir metas de deportación

El Gobierno informó que, hasta octubre, se habían completado alrededor de 400.000 deportaciones y espera cerrar el año con unas 600.000. Aunque la cifra representa un aumento respecto al periodo anterior, sigue por debajo del objetivo de la Casa Blanca de alcanzar un millón de expulsiones antes de fin de año.

Esta presión por aumentar el ritmo de las deportaciones ha llevado a denuncias sobre prácticas irregulares en detenciones recientes. En varios estados, testigos han reportado la presencia de agentes no identificados que actúan sin uniformes ni credenciales visibles, lo que ha sembrado confusión entre las comunidades migrantes.

Comunidades latinas bajo tensión

En Maryland, la alcaldesa de Brentwood, Rocío Treminio-López, denunció que en su ciudad los arrestos son efectuados por personas encapuchadas que viajan en vehículos con matrículas de otros estados, como Florida. Según explicó, algunos detenidos han asegurado que los supuestos agentes no mostraron credenciales oficiales.

“Dicen que son del ICE, pero nadie puede comprobarlo. En varios casos, la falta de identificación y los métodos usados han aterrado a los vecinos”, relató la alcaldesa. Por esa razón, solicitó a la Asamblea estatal que regule la actividad de los cazarrecompensas y garantice que solo personal debidamente acreditado intervenga en procedimientos migratorios.

Treminio-López agregó que su municipio ha sufrido un aumento de redadas en los últimos meses, afectando mayormente a familias latinas. En una ocasión, los vecinos impidieron que individuos armados sin identificación se llevaran detenido a un joven ciudadano estadounidense.

Debate sobre los límites de la ley

Aunque las autoridades migratorias niegan cualquier colaboración formal con cazarrecompensas, el tema ha encendido la polémica. Chuck Jordan, presidente del Sindicato Internacional de Cazarrecompensas, reconoció que la confusión es frecuente, pero afirmó que “la detención de inmigrantes sin autorización judicial no forma parte de su labor”.

Jordan explicó que los agentes privados solo pueden actuar en casos vinculados al sistema de fianzas, cuando una persona en libertad condicional incumple las condiciones de su liberación. En esos supuestos, dijo, “podemos localizar al fugitivo y entregarlo a la custodia correspondiente, pero nunca salir a capturar migrantes al azar”.

Propuestas en varios estados

La idea de incentivar económicamente la “búsqueda” de migrantes no es nueva. En lo que va del año, legisladores de Misuri, Misisipi y Arizona discutieron proyectos para recompensar la entrega de inmigrantes indocumentados. Aunque las iniciativas no prosperaron, reflejan el endurecimiento del debate migratorio en distintos niveles del país.

Si el plan del ICE avanza, sería la primera vez que el Gobierno federal autoriza de manera formal la colaboración directa de cazadores de recompensas en la aplicación de leyes migratorias. Una medida que, según expertos, podría reconfigurar los límites entre la seguridad pública, la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos.

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