¿Qué son las deportaciones a terceros países y a dónde envían inmigrantes?

El gobierno de Donald Trump amplió el uso de las deportaciones a terceros países durante su segundo mandato. Esta práctica traslada a personas hacia naciones distintas a la suya, muchas veces sin ningún vínculo previo con ese destino.

Una deportación tradicional envía a la persona a su país de nacionalidad. En cambio, una deportación a un tercer país usa otra nación como destino final o como punto de tránsito.

En qué consiste esta modalidad migratoria

La legislación estadounidense permite desde hace años remover a alguien hacia un país distinto cuando el regreso a su nación resulta impracticable. Lo nuevo es la escala de esta práctica bajo la administración Trump.

Según el seguimiento de U.S. Committee for Refugees and Immigrants (USCRI), para junio de 2026 más de 19,000 personas habían sido enviadas a al menos 25 países sin vínculo nacional previo. Para julio, Washington había buscado acuerdos con más de 50 gobiernos.

No todos los países que negocian con Estados Unidos reciben grandes cantidades de deportados. Algunos aceptan grupos pequeños; otros funcionan solo como puntos de tránsito hacia el destino final.

México y Centroamérica como puntos de tránsito

México no es un tercer país para personas mexicanas, pero sí lo ha sido para otras nacionalidades. Según cifras citadas por Associated Press, México recibió alrededor de 12,000 deportados extranjeros durante 2025, en su mayoría cubanos y venezolanos.

En 2026, Estados Unidos comenzó a enviar mexicanos primero a Guatemala y Honduras, en lugar de trasladarlos directamente a México. El gobierno guatemalteco confirmó que 2,284 mexicanos llegaron a su territorio como escala antes de continuar hacia México.

Honduras también recibió connacionales mexicanos, quienes fueron reenviados posteriormente a su país de origen.

Los países que reciben deportados en América Latina

Estados Unidos ha usado acuerdos con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay, Belice y San Cristóbal y Nieves, entre otros países de la región.

Costa Rica firmó en marzo de 2026 un acuerdo para recibir hasta 25 ciudadanos de terceros países por semana. Los primeros grupos incluyeron personas de Albania, Kenia, Marruecos, China, India y Camerún, con opción de retorno voluntario o solicitud de refugio.

Panamá alcanzó en abril de 2026 un acuerdo para recibir hasta 50 personas al mes, principalmente hispanohablantes de la región, con excepción de personas cubanas. El arreglo otorga documentos de tránsito por 30 días.

Paraguay firmó en agosto de 2025 un memorando con elementos de un «Safe Third Country Agreement». Bajo este esquema, algunos solicitantes de protección en Estados Unidos pueden presentar su caso ante la Comisión Nacional de Refugiados paraguaya.

Belice, por su parte, firmó en octubre de 2025 un acuerdo de cooperación para examinar solicitudes de protección, con límites sobre nacionalidades y número de personas trasladadas.

Acuerdos controvertidos en África

La administración Trump también estableció convenios con países africanos como Eswatini, Rwanda, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Liberia.

Eswatini firmó un memorando en mayo de 2025. Para agosto de 2026 se habían registrado más de 30 traslados, en un acuerdo valuado en 5.1 millones de dólares, según Reuters. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado las condiciones de detención en ese país.

Rwanda firmó en junio de 2025 un memorando para recibir hasta 250 personas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció ante un tribunal haber realizado transferencias bajo ese acuerdo.

Camerún aceptó en diciembre de 2025 recibir nacionales de terceros países. USCRI documentó 36 personas trasladadas en al menos cuatro ocasiones. Liberia comenzó a recibir deportados en 2026, dentro de un acuerdo que contempla hasta 1,200 personas.

También existen traslados documentados hacia Uzbekistán, Polonia, Kosovo y Palau. En este último caso, Estados Unidos pagó 7.5 millones de dólares para enviar hasta 75 personas, con el primer traslado en mayo de 2026.

Tercer país y tercer país seguro no son lo mismo

Un «tercer país» es simplemente el destino distinto a la nacionalidad de la persona deportada. Un «tercer país seguro» es un concepto legal ligado al asilo y la protección internacional.

Bajo este segundo esquema, el país receptor debe ofrecer condiciones adecuadas de protección, incluido el respeto al principio de no devolución, que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde enfrente persecución o tortura.

El Migration Policy Institute distingue varias categorías de acuerdos: de tercer país seguro, de tránsito, de encarcelamiento y otros cuyo contenido permanece confidencial. Esta diferencia importa porque define qué protección legal tiene cada persona indocumentada trasladada.

Marco legal y preocupaciones de derechos humanos

La legislación migratoria de Estados Unidos autoriza remover a una persona hacia un país distinto cuando su retorno directo no es viable. Sin embargo, no siempre exige que ese tercer país ofrezca garantías equivalentes de protección.

La ONU ha expresado preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y por el riesgo de devolución en cadena. Esto ocurre cuando una persona es enviada a un tercer país y luego trasladada a otro donde podría enfrentar peligro.

Qué significa esto para los inmigrantes en Estados Unidos

Para quienes enfrentan una orden de deportación, el destino final ya no depende únicamente del país que figura en su pasaporte. Las personas afectadas pueden consultar a un abogado de inmigración certificado antes de que se ejecute cualquier traslado.

Conocer si un país receptor tiene un acuerdo de tercer país seguro, de tránsito o de otro tipo puede ayudar a anticipar qué derechos legales aplican en cada caso.