Las claves sobre la prohibición de viajes y la suspensión de visas

Un tribunal federal anuló en agosto de 2026 la suspensión de visas de inmigrante que la Administración Trump impuso a ciudadanos de 75 países. La medida, vigente desde enero, buscaba frenar a solicitantes considerados una posible «carga pública» para Estados Unidos.

La decisión judicial no eliminó, sin embargo, la prohibición de viaje que restringe el ingreso a personas de 39 países. Esa proclamación sigue plenamente vigente y opera de forma separada al fallo reciente.

Qué dijo la jueza sobre la carga pública

La jueza de distrito Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, calificó la política como «manifiestamente ilegal» en un fallo de 61 páginas emitido el 21 de agosto de 2026. Vargas determinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió su autoridad legal al ordenar rechazos masivos basados solo en la nacionalidad.

El concepto de «carga pública» se refiere a una persona que depende de beneficios públicos, como asistencia en efectivo o cuidados de largo plazo, para cubrir necesidades básicas. El Departamento de Estado había usado ese argumento para justificar la suspensión de visas de inmigrante a 75 países desde enero de 2026.

La sentencia también revoca cualquier negación de visa que se haya basado exclusivamente en esa política. Esto obliga a los consulados a reabrir miles de expedientes congelados y evaluarlos caso por caso. La decisión beneficia directamente a solicitantes de países como Colombia, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Brasil y Haití.

El marco legal detrás del fallo

La Ley de Inmigración y Nacionalidad exige que los funcionarios consulares evalúen cada solicitud de manera individual. Vargas concluyó que la suspensión general por nacionalidad violaba ese principio, sin importar el perfil económico real de cada solicitante.

El fallo no aplica a visas de turismo, negocios o trabajo temporal, ya que la suspensión de 75 países solo cubría visas de inmigrante para residencia permanente. Tampoco afecta la Proclamación 10998, que mantiene restricciones totales o parciales para personas de 39 países, entre ellos Afganistán, Irán, Somalia y Yemen.

Organizaciones como el Center for Constitutional Rights han documentado que esta suspensión formó parte de una secuencia de medidas migratorias impulsadas desde el regreso de Trump al cargo. Entre ellas figura la ampliación de la prohibición de viaje original de junio de 2025, que en diciembre sumó 20 países adicionales y a portadores de documentos de la Autoridad Palestina.

Una nueva pausa golpea a los solicitantes

Apenas días después del fallo, el Departamento de Estado anunció otra medida que afecta a millones de familias. Desde finales de agosto, suspendió temporalmente todas las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo.

Un portavoz de la agencia explicó que la pausa responde a una «capacitación exhaustiva» del personal consular. El objetivo es enseñarles a aplicar de forma más rigurosa el criterio de carga pública al evaluar cada caso.

La medida no afecta visas de turismo, estudio o trabajo temporal. Solo alcanza a los trámites de residencia permanente solicitados por familiares o empleadores en Estados Unidos. Según un funcionario que habló bajo condición de anonimato, la pausa no debería extenderse más allá de principios o mediados de septiembre de 2026.

El impacto humano de la incertidumbre legal

Detrás de cada expediente congelado hay familias que llevan años esperando reunirse. Un ejemplo documentado por El País son los solicitantes de países como Guatemala y Haití, cuyas entrevistas fueron reprogramadas para septiembre, octubre y noviembre sin garantía de aprobación inmediata.

Abogados de inmigración consultados por medios como Boundless advierten que, aunque el fallo judicial reabre la puerta a una revisión individual, no garantiza que las solicitudes sean aprobadas. Cada caso deberá pasar nuevamente por el filtro consular, ahora bajo criterios más estrictos de carga pública.

Esta doble incertidumbre, entre un litigio que sigue abierto y una capacitación consular sin fecha exacta de término, mantiene en pausa los planes de miles de familias inmigrantes que dependen de estas visas para reunificarse legalmente en Estados Unidos.

¿Qué pueden hacer los solicitantes ahora?

Las personas con solicitudes rechazadas exclusivamente por la política anulada de los 75 países pueden pedir que sus consulados reconsideren el caso. Los expertos recomiendan mantener actualizada la documentación financiera y de patrocinio, ya que el criterio de carga pública seguirá aplicándose de forma individual.

Quienes tengan entrevistas programadas en las próximas semanas deben revisar directamente con su embajada o consulado si la cita fue reprogramada. El Departamento de Estado ha indicado que notificará los cambios de forma directa a cada solicitante.