Cómo te afecta el cambio de ‘carga pública’ en la green card desde el 18 de septiembre

Una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambiará la forma en que se evalúa la inadmisibilidad por «carga pública» en solicitudes de residencia permanente. La medida entra en vigor el 18 de septiembre de 2026 y ampliará el número de beneficios públicos que los oficiales de inmigración pueden considerar.

DHS publicó esta regulación en el Registro Federal el 20 de julio de 2026, y aplicará a solicitudes de admisión y de ajuste de estatus presentadas a partir de esa fecha. La Administración justificó el cambio al considerar que la regla vigente desde 2022 era «demasiado restrictiva» para evaluar el riesgo real de dependencia gubernamental.

¿Qué significa realmente ser considerado carga pública?

La causal de «carga pública» existe en la ley migratoria estadounidense desde hace más de un siglo. Permite negar la residencia permanente a una persona si las autoridades consideran probable que dependerá del gobierno para cubrir sus necesidades básicas.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) exige evaluar al menos cinco factores: edad, salud, situación familiar, bienes y recursos financieros, y educación y habilidades. También puede considerarse la declaración jurada de patrocinio económico, conocida como Affidavit of Support.

Con la nueva regla, DHS elimina el estándar de 2022, que exigía demostrar dependencia «primaria» del gobierno. En su lugar, regresa a una evaluación basada en la «totalidad de las circunstancias», tal como establece el texto original de la ley.

Los beneficios que ahora entran en la evaluación

Este es el cambio que más preocupa a las familias inmigrantes. La regla de 2022 limitaba la evaluación casi exclusivamente a asistencia en efectivo y a la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.

A partir del 18 de septiembre, los oficiales de inmigración podrán considerar cualquier beneficio público sujeto a comprobación de recursos económicos, conocidos en inglés como means-tested public benefits. Entre ellos figuran el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), Medicaid, ayuda de vivienda subsidiada, el programa WIC de nutrición infantil y ciertos créditos fiscales.

Es fundamental aclarar un punto: esta regla no cambia quién puede recibir esos beneficios. Un abogado de inmigración explicó que la elegibilidad de programas como SNAP o Medicaid sigue siendo la misma; lo que cambia es que su uso podrá formar parte del análisis migratorio de quienes están sujetos a esta evaluación.

Recibir SNAP o Medicaid no significa negación automática

DHS establece expresamente que la recepción de un beneficio público es solo un elemento entre varios que un oficial debe considerar. Según la guía de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), el receptor de un beneficio no se considera automáticamente carga pública, ya que también se evalúan la duración del apoyo, el empleo y la situación familiar del solicitante.

USCIS aclaró además que «la recepción pasada o presente de un beneficio no indica necesariamente dependencia futura». Ningún factor por sí solo determina el resultado del caso, salvo una declaración de patrocinio económico insuficiente.

Existe también una distinción temporal importante. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 solo se considerarán si corresponden a asistencia en efectivo o institucionalización de largo plazo, bajo el criterio de la regla anterior. Los beneficios recibidos a partir de esa fecha podrán evaluarse bajo el nuevo esquema más amplio.

Familias de estatus mixto y categorías exentas

Un aspecto clave para familias con hijos ciudadanos estadounidenses es que, en general, DHS no considerará los beneficios que reciban esos menores al evaluar la solicitud de sus padres. La excepción ocurre cuando ese beneficio depende directamente de los ingresos del propio solicitante o constituye su fuente principal de sustento económico.

La causal de carga pública tampoco aplica a todos los inmigrantes por igual. USCIS mantiene exenciones para categorías humanitarias, entre ellas refugiados, asilados, personas con visas U y T para víctimas de delitos y trata de personas, autopeticionarios bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) y menores inmigrantes especiales.

Por ello, antes de tomar decisiones sobre el uso de beneficios públicos, cada solicitante debería identificar bajo qué categoría migratoria está tramitando su caso. La nueva regla no convierte automáticamente en sujetos de esta evaluación a personas que la ley exime expresamente.

¿Qué cambia en el trámite y qué hacer ahora?

USCIS publicará una nueva edición del Formulario I-485, usado para solicitar el ajuste de estatus, con fecha 18 de septiembre de 2026. La agencia confirmó que no habrá período de gracia: cualquier formulario con edición anterior presentado desde esa fecha será rechazado, sin excepciones.

El nuevo formulario simplifica la pregunta sobre beneficios públicos en un solo punto, el ítem 63, que pregunta si el solicitante ha recibido «alguna vez» un beneficio sujeto a comprobación de recursos. Si la respuesta es afirmativa, deberá detallar cada beneficio, sus fechas y el monto recibido.

DHS reconoce en la propia regulación el riesgo de que algunas personas eviten solicitar beneficios por temor a perjudicar su trámite migratorio. Por eso, especialistas recomiendan que cada solicitante revise su categoría migratoria específica y consulte con un abogado de inmigración antes de modificar el uso de programas como SNAP, Medicaid o ayuda de vivienda, ya que la evaluación se realiza caso por caso y no como una prohibición general.