ALERTA: Florida prohíbe a indocumentados estudiar en escuelas técnicas

La Junta Estatal de Educación de Florida aprobó el miércoles una norma que impide a los inmigrantes indocumentados matricularse en programas técnicos y de educación profesional postsecundaria. La votación ocurrió en una reunión en Polk State College, en Winter Haven, y extiende a la formación laboral las restricciones ya impuestas en universidades y colegios estatales.

La medida afecta los llamados programas CTE (Career and Technical Education, o Educación Profesional y Técnica), que capacitan a estudiantes en oficios como salud, tecnología, mecánica y construcción. Quienes soliciten admisión deberán demostrar ciudadanía o residencia legal antes de matricularse.

Qué cubre la nueva restricción a la capacitación laboral

La norma alcanza a los distritos escolares y colegios estatales que ofrecen certificaciones profesionales, aprendizajes técnicos, diplomas de tecnología aplicada y programas de doble matrícula. Según el Departamento de Educación de Florida, en el ciclo 2025-2026 hubo 512,000 estudiantes en programas CTE postsecundarios.

Entre los formatos afectados están los títulos de asociado en ciencias aplicadas, los certificados de carrera, los diplomas de tecnología aplicada y los aprendizajes remunerados. También quedan comprendidos los programas de doble matrícula que cursan estudiantes de secundaria junto a su diploma técnico.

Estos programas se ofrecen en escuelas intermedias, secundarias, colegios técnicos de distrito y colegios estatales. Los solicitantes deberán presentar documentación que acredite su ciudadanía o residencia legal antes de ser admitidos, según confirmó el Departamento de Educación.

Ese mismo sistema otorga más de 137,000 títulos, certificados y credenciales industriales cada año, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Educación. La prohibición golpea directamente a los cerca de 8,000 estudiantes indocumentados que se gradúan anualmente de escuelas secundarias del estado.

En Florida hay aproximadamente 50,000 inmigrantes sin estatus legal dentro del sistema de educación superior, según datos recogidos por medios locales a partir de reportes estatales. El comisionado de Educación, Henry Mack, impulsó la norma como parte de una revisión más amplia de los criterios de admisión.

El marco legal detrás de la decisión

La restricción no afecta a las escuelas primarias ni secundarias públicas de Florida. Ese nivel educativo está protegido por el fallo de la Corte Suprema Plyler v. Doe, que en 1982 garantizó el acceso a la educación básica sin importar el estatus migratorio.

Ese fallo se basó en la cláusula de igual protección de la Constitución. Sin embargo, esa protección no se extiende automáticamente a la educación postsecundaria. Florida ha aprovechado ese vacío legal para restringir el acceso de personas indocumentadas a colegios, universidades y ahora a la formación técnica.

Hasta el momento, ningún tribunal federal ha bloqueado estas nuevas reglas administrativas. Las tres restricciones fueron aprobadas como resoluciones de las juntas educativas estatales, no como leyes votadas por la Legislatura.

Con esta norma, Florida se convierte en el cuarto estado del país en limitar el acceso de estudiantes indocumentados a la educación superior. Alabama, Georgia y Carolina del Sur ya tenían restricciones similares antes de esta decisión.

Un golpe con nombre y apellido para los estudiantes

Jezlyn Delacruz, estudiante de Polk State College, cuestionó la nueva norma. “No creo que sea justo. Creo que es realmente injusto”, dijo la estudiante, según reportó la cadena WTXL.

Delacruz agregó que valora ver estudiantes de distintos orígenes en su campus. Para ella, esa diversidad forma parte de lo que hace sentir a los alumnos parte de la comunidad universitaria.

Carole Gauronskas, vicepresidenta de la Florida Education Association, también cuestionó la medida. Advirtió que la decisión podría afectar a estudiantes jóvenes que ya avanzan en programas de doble matrícula técnica.

Rechazo de sindicatos y preocupación por la escasez laboral

La resolución generó rechazo inmediato de organizaciones civiles y sindicatos docentes, entre ellas la United Faculty of Florida y la Florida Education Association. Sus voceros advirtieron que la barrera legal frena el desarrollo económico regional.

Florida enfrenta escasez de personal en salud, educación, mecánica y servicios eléctricos, oficios que suelen formarse en programas CTE. Los sindicatos sostienen que excluir a estudiantes indocumentados reduce la cantidad de trabajadores calificados disponibles para esas industrias.

El escenario actual marca un giro respecto a la orientación que tuvo el estado hace más de una década. En 2014, bajo el entonces gobernador Rick Scott, Florida permitió que estudiantes indocumentados criados en el estado pagaran matrícula universitaria local.

De la universidad a la formación técnica: una política en expansión

Esa exención de matrícula fue derogada en 2025, como parte de una ley migratoria más amplia impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Meses después llegaron las restricciones a la educación superior pública.

El 30 de junio, la Junta de Educación vetó el acceso de personas indocumentadas a los 28 colegios estatales del sistema. La medida incluyó también los programas de preparación para el GED, el examen de equivalencia de escuela secundaria.

El 3 de septiembre, la Junta de Gobernadores votó de forma unánime una restricción similar para las 12 universidades públicas. Esa norma entrará en vigor a partir del ciclo académico 2027-2028.

La nueva norma sobre programas técnicos, aprobada el 16 de septiembre, completa esa cadena de restricciones. Juntas, las tres medidas configuran el sistema de educación superior pública más cerrado para inmigrantes sin papeles en la historia reciente del estado.

Los estudiantes indocumentados que cursan actualmente programas técnicos pueden consultar con la oficina de admisiones de su colegio sobre los plazos de aplicación de la norma. Organizaciones como la Florida Immigrant Coalition ofrecen orientación legal gratuita para quienes busquen alternativas educativas o representación ante estos cambios.