ALERTA: EE.UU. ordena recortar plazos de visas y residencia antes de deportar

Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria para restringir drásticamente los plazos otorgados a inmigrantes que esperan una visa o green card. Entre los afectados están menores víctimas de abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de entrenamiento del gobierno federal revelados por The Guardian.

La sesión virtual, titulada «Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion», fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Hunsucker rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria como juez de tribunales migratorios.

Qué es una prórroga y por qué importa

En el sistema judicial migratorio, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o decisión de un caso. Los jueces pueden concederla cuando una persona necesita tiempo para contratar abogado, cuando su solicitud está pendiente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), o cuando espera la disponibilidad de una visa ya aprobada.

Este mecanismo es central para el debido proceso migratorio. Sin esas prórrogas, una persona puede llegar a una audiencia sin representación legal y ser deportada antes de que otra agencia federal resuelva su trámite pendiente.

Los materiales de la capacitación instruyeron a los jueces a limitar ese margen al mínimo. «Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración», señaló una de las diapositivas citadas por The Guardian.

Los grupos más vulnerables ante la nueva directriz

La capacitación identificó dos categorías específicas de inmigrantes en riesgo. La primera son jóvenes que podrían calificar para el estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), una clasificación destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados por sus padres.

La segunda categoría son víctimas de delitos graves que solicitan la visa U, un mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades. Ambas vías legales requieren tiempo de procesamiento que puede extenderse por meses o años debido a cupos anuales limitados.

Una deportación puede cerrar permanentemente esas opciones legales, según defensores de migrantes consultados por The Guardian.

El respaldo legal detrás de esta directriz

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) depende directamente del Departamento de Justicia. Esa estructura permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar las operaciones judiciales, lo que da a directrices como esta un alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.

Un vocero del Departamento de Justicia, que habló bajo condición de anonimato, defendió la medida ante The Guardian. «Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración», afirmó.

La justificación oficial se apoya en la crisis de acumulación de casos judiciales. Según los materiales de capacitación, existen alrededor de 3.2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional.

El impacto de no tener abogado en el proceso

La capacitación también sugirió que los jueces podrían otorgar apenas 10 días para conseguir representación legal antes de continuar un caso. Una fuente anónima que asistió al entrenamiento cuestionó ese plazo directamente: «Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?».

Tener representación legal cambia radicalmente el resultado de un caso migratorio. Entre 2019 y 2024, solo 26.9% de los inmigrantes con abogado recibió una orden de deportación, frente a 61.8% de quienes no contaban con representación.

Qué pueden hacer los inmigrantes ante este escenario

La capacitación incluyó además una advertencia dirigida a los abogados de inmigración. Si un profesional acepta más casos de los que puede manejar responsablemente, el juez podría remitirlo al consejo disciplinario de la EOIR para una posible sanción.

«No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra», relató la fuente anónima citada por The Guardian, al describir el espíritu general de la capacitación. Organizaciones de derechos advierten que esta combinación de plazos reducidos y amenazas a abogados agrava la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan procesos migratorios complejos.

Ante este panorama, especialistas recomiendan a las personas con solicitudes de SIJ o visa U en trámite buscar asesoría legal de inmediato, sin esperar a recibir una notificación de audiencia. Organizaciones como el American Immigration Council y clínicas legales comunitarias ofrecen orientación gratuita o de bajo costo para quienes no puedan costear un abogado privado.