¡Adiós al TPS! Supremo permite terminar protecciones para venezolanos

El 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una orden de urgencia que autoriza al gobierno federal a suspender temporalmente las medidas judiciales que impedían la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

Con ello, se reaviva la posibilidad de que decenas de miles de venezolanos pierdan su permiso de trabajo y queden expuestos al riesgo de deportación mientras los tribunales resuelven el caso de fondo.

¿Cómo se dio la suspensión de TPS para los venezolanos?

El litigio se remonta a principios de 2025, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la extensión del TPS para Venezuela y dio por terminado el estatus para quienes habían sido designados bajo la normativa de 2023, con efectividad programada para abril de ese año. Un juez federal en San Francisco, Edward Chen, emitió una medida cautelar nacional que frenó esa terminación, argumentando que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había incurrido en acciones “arbitrarias y caprichosas” y que podría causar daños irreparables a los beneficiarios.

Suspensión aún no es definitiva

No obstante, con la orden de la Corte Suprema, esa suspensión judicial queda en pausa mientras la disputa legal continúa ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. La decisión de la Corte Suprema no entra al fondo del asunto: no declara que la terminación del TPS sea legal, sino que permite que el gobierno avance temporalmente con su plan.

TPS del 2021 sigue vigente

En paralelo, el TPS de la designación de 2021 para venezolanos sigue vigente hasta el 10 de septiembre de 2025, aunque varios permisos de trabajo vinculados a esa designación ya han expirado o están por expirar, lo que deja a muchos en una situación vulnerable.  Mientras tanto, grupos de defensa, oficinas legales de inmigración y aliados del TPS han señalado que esta decisión podría desatar inseguridad masiva para familias, pérdidas económicas y ruptura del tejido comunitario de miles de personas que, hasta hoy, vivían legalmente en el país.