Trump frena acceso a bancos para migrantes sin papeles

El gobierno del presidente Donald Trump está tomando medidas adicionales para impedir que las personas que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia utilicen el sistema bancario del país. El lunes un grupo de reguladores financieros tiene previsto emitir directrices destinadas a recordar a los bancos e instituciones financieras sus requisitos de “conozca a su cliente” en materia de gestión del riesgo crediticio. La advertencia es una de varias medidas que el gobierno de Trump ha adoptado para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal interactúen con el extenso sistema financiero estadounidense.

Está previsto que el anuncio lo hagan tres reguladores bancarios: la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito. Las agencias indicaron que los bancos deberían tener en cuenta que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal podrían no poder reembolsar un préstamo en caso de deportación.

En resumen, señalan que las personas que trabajan en Estados Unidos de manera ilegal representan un riesgo general para el sistema financiero nacional. Hay datos limitados sobre cuántas personas que están en Estados Unidos de manera ilegal tienen cuentas bancarias y préstamos a través de los bancos.

Esto ocurre como parte de la orden ejecutiva del presidente Trump firmada en mayo que exige a los bancos y a otras instituciones financieras examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes. Esa orden inició la ola más reciente de cambios en la regulación bancaria, al instruir a los reguladores bancarios y a oficinas del gobierno a buscar indicios de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito.

¿Qué medidas específicas implementará el gobierno?

Las medidas están diseñadas para alentar enérgicamente a los bancos a retirar a dichas personas como clientes, sin ordenar expresamente que los bancos lo hagan. En mayo el FinCEN, el brazo de delitos financieros del Departamento del Tesoro, emitió un aviso a los bancos donde les indicó que estuvieran atentos al robo de identidad, al fraude de impuestos sobre nómina y a esquemas de lavado de dinero vinculados a la contratación de personas que no están autorizadas a trabajar en Estados Unidos. El aviso insta a las instituciones financieras a estar alertas ante más de una docena de señales de alerta que indican que una persona está en Estados Unidos de manera ilegal.

La Casa Blanca también ha tomado otras medidas para desalentar que las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal utilicen el sistema financiero. En noviembre el Tesoro anunció que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, incluso si presentan su declaración y pagan impuestos. Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos, es decir aquellos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados por el cambio previsto.

Las directrices recuerdan a las instituciones financieras sus obligaciones existentes bajo las leyes de “conozca a su cliente”. Los bancos deben verificar la identidad y el estatus legal de quienes solicitan productos financieros. El incumplimiento de estas normas puede resultar en multas significativas para las instituciones financieras. Los reguladores enfatizan que estas medidas protegen la integridad del sistema financiero estadounidense contra riesgos potenciales.

¿Cómo afecta esto a los inmigrantes sin estatus legal?

Los inmigrantes sin estatus legal enfrentarán mayores dificultades para acceder a servicios bancarios básicos y créditos. Muchos podrían perder sus cuentas bancarias existentes si las instituciones deciden retirarlas como clientes. Esto los obligaría a operar exclusivamente con efectivo, aumentando su vulnerabilidad ante robos y extorsiones. La falta de acceso bancario también dificulta el establecimiento de historial crediticio para futuros proyectos.

Las familias mixtas, donde algunos miembros tienen estatus legal y otros no, podrían enfrentar complicaciones adicionales. Los bancos podrían investigar más profundamente las solicitudes de créditos conjuntos o cuentas compartidas. Esto podría afectar la capacidad de familias enteras para obtener préstamos hipotecarios o automotrices. Los expertos advierten que estas medidas podrían tener efectos colaterales no intencionados en comunidades enteras.

Los inmigrantes que pagan impuestos regularmente también se verán afectados por estas restricciones bancarias. Muchos presentan declaraciones de impuestos usando números de identificación tributaria individual aunque no tengan estatus legal. La reclasificación de ciertos créditos fiscales como beneficios públicos federales limita su acceso a estos beneficios. Esto ocurre aunque contribuyan al sistema tributario estadounidense año tras año consistentemente.

¿Qué opinan los expertos sobre estas medidas?

Los expertos financieros se dividen sobre la efectividad y necesidad de estas nuevas regulaciones bancarias. Algunos argumentan que las medidas protegen la integridad del sistema financiero contra riesgos potenciales de impago. Otros sostienen que las regulaciones existentes ya son suficientes para manejar estos riesgos crediticios adecuadamente. El debate refleja tensiones más amplias sobre políticas migratorias y acceso a servicios financieros básicos.

Las instituciones bancarias expresan preocupación sobre los costos adicionales de implementar estas nuevas verificaciones. Los bancos deberán invertir en sistemas mejorados de verificación de estatus migratorio de clientes. Estos costos podrían trasladarse a todos los clientes mediante tarifas más altas por servicios básicos. Los bancos comunitarios que sirven áreas con alta población inmigrante podrían enfrentar desafíos operativos significativos.

Los defensores de derechos de inmigrantes critican las medidas como discriminatorias y contraproducentes. Argumentan que el acceso bancario formaliza la economía y facilita el pago de impuestos. Excluir a millones de personas del sistema bancario podría empujarlas hacia servicios financieros informales y costosos. Esto podría aumentar la vulnerabilidad económica de familias trabajadoras que ya enfrentan desafíos significativos diariamente.

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