Sheinbaum lanza reforma constitucional en México: ¿En qué consiste?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una ambiciosa reforma constitucional como parte de una nueva estrategia nacional de seguridad, con el objetivo de frenar el alarmante avance de la extorsión en el país. Durante su conferencia del martes 8 de julio de 2025, Sheinbaum dijo que las políticas actuales no son suficientes. Propuso varios cambios que buscan transformar cómo el Estado mexicano enfrenta este delito.

El núcleo de la propuesta es dar al Congreso federal el poder de legislar sobre el delito de extorsión. Esto obligaría a los 32 estados a ajustar sus códigos penales locales. Se propone una ley que permita perseguir a quienes cometan este crimen sin necesidad de denuncia. Muchas víctimas temen represalias o no tienen protección.

Reforma constitucional en México: objetivo, alcance y urgencia

La reforma constitucional en México propuesta por Sheinbaum tiene como prioridad eliminar las barreras legales que hoy dificultan el combate a la extorsión. Las leyes estatales tienen grandes diferencias en sus definiciones y castigos para este delito. Según los expertos, esto ha impedido respuestas efectivas de la justicia y la policía.

Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas (Ciudad Juárez). EFE/ Luis Torres

La mandataria explicó que el nuevo marco normativo buscará fortalecer la capacidad del Estado para actuar de oficio. “Le estamos quitando a la víctima ese peso… La víctima es el Estado”, expresó Sheinbaum, en referencia a la necesidad de proteger a los ciudadanos que muchas veces no se atreven a denunciar por miedo a represalias.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad federal, durante el primer semestre de 2025, la extorsión aumentó un 27.7% en comparación con el mismo periodo del año 2019. Esto hace que la extorsión sea el único de los once delitos graves que sigue en aumento. Esto muestra la necesidad urgente de una intervención estatal completa.

Reforma constitucional en México busca frenar “el cobro de piso”

Uno de los problemas más grandes de la extorsión en México es el “cobro de piso”. Esta es una práctica delictiva. Obliga a comerciantes, empresarios y trabajadores informales a pagar dinero a grupos criminales. Hacen esto para poder seguir operando. De no cumplir con esta exigencia, los afectados enfrentan amenazas, agresiones e incluso la pérdida de sus negocios.

Personas sostienen carteles durante una manifestación este viernes, entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas (Ciudad Juárez). EFE/ Luis Torres

Organismos empresariales han advertido desde hace años sobre las millonarias pérdidas generadas por este fenómeno. Según el Consejo Coordinador Empresarial, más del 30% de los negocios en zonas de alto riesgo han tenido que cerrar o modificar sus operaciones debido a la presión de grupos delictivos.

La reforma constitucional en México impulsada por Sheinbaum propone también una reestructuración institucional: se creará un número telefónico único para denuncias anónimas de extorsión, se unificarán las unidades especializadas de secuestro y extorsión para mejorar el uso de recursos y se incrementarán los operativos en centros penitenciarios, ya que muchos delitos se coordinan desde las cárceles a través de llamadas extorsivas.

Además, se buscará una colaboración más efectiva entre autoridades locales y federales, con capacitación conjunta y el despliegue de fuerzas de seguridad en los estados más afectados.

Reforma constitucional en México: ¿qué estados concentran más casos?

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, precisó que ocho entidades del país concentran el 66% de los casos de extorsión reportados. Estos son: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Estas entidades comparten características como alta presencia de grupos criminales organizados, concentración industrial y comercial, y estructuras institucionales debilitadas o colapsadas en materia de seguridad pública. En algunos municipios, la extorsión ha escalado al punto de que incluso las pequeñas tiendas o repartidores informales deben pagar “derecho de operación” a bandas locales.

La reforma constitucional en México busca revertir esta situación permitiendo al Estado actuar con mayor rapidez y contundencia. Para ello, también se contemplan sanciones más severas a quienes resulten responsables de extorsión, incluyendo agravantes cuando se realice desde centros penitenciarios o a través de redes criminales.

Reacciones ante la reforma constitucional en México por extorsión

La propuesta de reforma constitucional en México ha generado diversas reacciones. Desde el sector empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo al anuncio de Sheinbaum, aunque pidió garantías de que la implementación sea efectiva y no se quede solo en el papel.

Por su parte, defensores de derechos humanos han pedido que la reforma contemple mecanismos de protección para víctimas y testigos, así como protocolos claros para evitar abusos de autoridad bajo la figura de la persecución de oficio.

Algunos partidos de oposición han cuestionado que esta reforma se anuncie cuando el sexenio ya avanza y consideran que Sheinbaum debería asumir con mayor responsabilidad los resultados de su política de seguridad hasta el momento.

Sin embargo, el Gobierno federal defiende que la reforma constitucional en México no es un cambio superficial, sino una transformación necesaria para enfrentar una amenaza que ha crecido sin control en los últimos años.

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