Perú desafía a la Corte IDH con polémica ley de amnistía militar

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó el miércoles una ley polémica. Esta ley da amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa. Esto incluye a quienes cometieron delitos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La anunciada medida contraviene una solicitud expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había demandado suspender su aprobación para proteger el derecho de las víctimas a la justicia.

🇵🇪✨ ¡Con esta amnistía histórica el Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!

El Gobierno promulgó la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la @PoliciaPeru y de los comités de autodefensa que participaron en la… pic.twitter.com/Rm5Mm5u6Zb

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 13, 2025

Un acto de soberanía que erosiona el sistema de justicia internacional

Boluarte defendió la norma. Dijo que busca honrar a quienes lucharon contra el terrorismo. Afirmó que con esta amnistía “les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada”. Su discurso recalca una posición nacionalista frente a lo que ella considera una intromisión externa, asegurando que Perú “no es colonia”.

Supera los 600 procesos abiertos y más de 150 sentencias firmes que quedarían suspendidos o revertidos bajo esta ley, incluyendo casos emblemáticos de lesa humanidad como Barrios Altos y La Cantuta. La promulgación representa un fuerte golpe a los esfuerzos nacionales e internacionales por garantizar reparación y memoria frente a la impunidad.

Fotografía cedida por la Presidencia de Perú de la mandataria, Dina Boluarte (c), saludando a integrantes de las fuerzas armadas, en el Palacio de Gobierno en Lima (Perú). EFE/ Presidencia de Perú

Amnesia histórica vs. derechos de las víctimas

La ley excluye explícitamente delitos de terrorismo o corrupción. No obstante, críticos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron que esta medida podría eliminar más de 150 sentencias firmes y afectar 600 casos en curso, lo que representa un retroceso en las décadas de lucha por justicia y verdad.

La Amnistía exclusiva para personas mayores de 70 años o sin una sentencia definitiva no mitiga su impacto en los derechos de las víctimas a ser esclarecidas. Human Rights Watch denunció que la medida otorga impunidad y debilita el estado de derecho, comparando esta decisión con retrocesos similares en Nicaragua y Venezuela.

Fotografía de archivo de integrantes de las Fuerzas Armadas de Perú, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Antecedentes de impunidad legal y soberanía cuestionada

No es la primera vez que Perú enfrenta consecuencias por leyes similares. En 1995, una amnistía bajo el gobierno de Fujimori fue declarada inválida por la Corte IDH por violar derechos fundamentales protegidos bajo la Convención Americana. Además, resoluciones judiciales como el caso Barrios Altos exigieron investigar y sancionar esas violaciones, lo que esta nueva ley ignora por completo.

Defensores de derechos humanos alertan que la promulgación de la ley equivale a desconocer compromisos asumidos por Perú en materia internacional, y prevén alianzas con instancias como la Comisión Interamericana y el sistema de Naciones Unidas para frenar los efectos de esta legislación.