Trump firma un decreto con el que toma medidas enérgicas contra el voto por correo.
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El escenario político de Estados Unidos ha dado un giro drástico este martes. El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo destinado a restringir severamente el voto por correo. Desde la Oficina Oval, el mandatario justificó la medida apelando a la “integridad electoral”. Según sus palabras, sin votaciones limpias no es posible mantener una nación funcional.
Esta acción ocurre en un clima de alta tensión, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre. Trump ha insistido, sin presentar pruebas, en que el sistema actual está plagado de irregularidades. Su narrativa se centra en que el voto por correo es “legendario” por su fraude. No obstante, diversos estudios y autoridades estatales sostienen que los niveles de anomalías son extremadamente bajos.
La firma del decreto ha levantado una polvareda jurídica inmediata. La Constitución otorga a los estados, y no al Ejecutivo federal, la autoridad para administrar los comicios. Expertos legales advierten que el presidente podría estar excediendo sus facultades. Aun así, Trump reconoció que un juez federal podría impugnar la orden, aunque afirmó no ver bases sólidas para frenarla.
¿Qué autoridad tiene el presidente sobre las elecciones estatales?
La gran interrogante que rodea este decreto es su base legal. Históricamente, Estados Unidos no posee un sistema electoral centralizado. La Cláusula de Elecciones constitucional delega la regulación de las votaciones federales a las legislaturas de cada estado. Por ello, un padrón nacional impulsado desde la Casa Blanca representa una expansión del poder presidencial sin precedentes.
El decreto ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Administración del Seguro Social (SSA) crear una base de datos de “votantes verificados”. Esta lista se derivaría de registros federales de ciudadanía y naturalización. El objetivo es transmitir estos datos a los funcionarios electorales estatales al menos 60 días antes de cada elección programada.
Líderes de la oposición, como Hakeem Jeffries, han calificado la medida de “toma de poder ilegal”. Jeffries prometió combatir lo que considera un plan para suprimir el voto. La disputa no es solo administrativa, sino una batalla por la interpretación de los límites federales. Los demócratas aseguran que defenderán la autonomía de los estados en los tribunales.
¿Cómo funcionaría el nuevo sistema de códigos de barras?
Una de las medidas más tangibles del decreto es la intervención en el Servicio Postal (USPS). El secretario de Comercio, Howard Lutnick, explicó que se exigirá un código de barras único en cada sobre de votación. Este sistema permitiría un seguimiento estricto de cada boleta enviada por correo para evitar duplicidades o envíos a personas no elegibles.
El plan contempla que el USPS no entregue papeletas a ciudadanos que no figuren en el nuevo padrón nacional verificado. Trump busca que cada voto tenga un rastro digital y físico inalterable. Esta estandarización choca con la diversidad de reglas que actualmente aplican las miles de jurisdicciones locales en todo el país.
El gobernador de California, Gavin Newsom, fue de los primeros en reaccionar. El mandatario estatal anunció que impugnará la orden ejecutiva de inmediato. “Nos vemos en los tribunales”, sentenció Newsom. La batalla legal se centrará en si el gobierno federal puede imponer requisitos técnicos a procesos que son, por diseño, locales.
¿Es el fraude electoral un mito o una realidad sistémica?
El discurso de la Casa Blanca se apoya en la premisa del fraude masivo cometido por no ciudadanos. Sin embargo, los datos oficiales contradicen esta versión. Un informe de Brookings publicado en 2025 reveló que el fraude en el voto por correo es ínfimo. La cifra se sitúa en apenas el 0.000043% de las boletas enviadas.
Votar sin ser ciudadano es ilegal y conlleva riesgos severos, como la deportación. Auditorías recientes en estados como Louisiana y Utah solo encontraron casos simbólicos de registros cuestionables. En Louisiana, tras revisar millones de votos desde los años 80, solo se identificaron 79 posibles sufragios ilegales. Estas cifras sugieren que el problema que el decreto busca resolver es, estadísticamente, inexistente.
A pesar de esto, la exigencia de prueba de ciudadanía presencial es popular entre la base de Trump. La propuesta denominada “Save America Act” busca que solo se pueda votar tras presentar pasaportes o certificados de nacimiento. Esta ley no ha logrado avanzar en el Senado, lo que motivó al presidente a actuar mediante el decreto ejecutivo firmado este martes.
¿Podría la Corte Suprema alterar el conteo de votos?
El futuro de las elecciones de 2026 también depende de la Corte Suprema. El máximo tribunal analiza actualmente la validez de permitir el envío de boletas el mismo día de la elección. Los jueces conservadores se han mostrado escépticos ante las prácticas que extienden el recuento de votos durante varios días después del cierre de urnas.
Si la Corte decide que las papeletas recibidas tarde no pueden contarse, el impacto sería masivo. Sin embargo, estrategas republicanos advierten que esto podría ser un arma de doble filo. Muchos votantes de su propio partido también dependen del correo para ejercer su derecho, especialmente en zonas rurales o comunidades de adultos mayores.
Otro punto crítico es la Ley de Derecho al Voto. El presidente del tribunal, John Roberts, ha cuestionado la necesidad de mantener protecciones de la era de los derechos civiles. Una decisión que desmantele estas reglas permitiría a los estados redibujar distritos con mayor libertad. Esto ya está ocurriendo en estados como Texas, buscando ventaja partidista mediante la redistribución.
¿Veremos agentes federales vigilando los centros de votación?
Una de las preocupaciones más profundas de los demócratas es el despliegue de seguridad. Algunos aliados del presidente han sugerido que agentes de ICE podrían custodiar las urnas. El gobernador de Maryland, Wes Moore, vinculó esta idea con un plan más amplio para ajustar las reglas democráticas a favor del poder actual.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, intentó calmar los ánimos en su audiencia de confirmación. Prometió que no se usarían agentes uniformados para intimidar a los votantes. No obstante, no descartó la presencia federal si existiera una “amenaza específica”. Esta ambigüedad mantiene en alerta a los funcionarios electorales locales.
La ley federal prohíbe explícitamente el despliegue de tropas armadas en los centros de votación. Cualquier intento de “nacionalizar” la vigilancia sería recibido con una resistencia feroz. El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, advirtió que enfrentará cualquier exceso federal con todas las palancas de poder disponibles.
¿Qué impacto tendrá este decreto en las elecciones intermedias?
La orden ejecutiva entró en vigor este 31 de marzo de 2026, pero su aplicación real es incierta. La construcción del padrón nacional requiere una coordinación técnica compleja y acceso a múltiples bases de datos. Es muy probable que el sistema no esté listo antes de las elecciones de medio mandato.
Además, el historial de las órdenes ejecutivas de Trump en materia electoral muestra un patrón de bloqueos judiciales. El éxito de esta medida dependerá de cuánto terreno cedan los tribunales ante la expansión del poder ejecutivo. Por ahora, el decreto sirve como una potente herramienta política para movilizar a la base electoral que desconfía del sistema.
Mientras tanto, los votantes se encuentran en medio de una guerra de mapas y reglas. Estados azules como California y Virginia están respondiendo con sus propias tácticas de redistribución de distritos. El resultado final podría ser una polarización aún mayor, donde el acceso a la urna dependa más del código postal que de la voluntad ciudadana.