Trump suspende solicitudes de residencia y ciudadanía para personas de 19 países.
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En un movimiento que intensifica la agenda antimigratoria de su administración, el presidente Donald Trump ha impuesto nuevas restricciones a la inmigración en Estados Unidos. El Gobierno ha suspendido todas las solicitudes de residencia permanente, conocida como green card, así como las de ciudadanía para personas provenientes de 19 países específicos.
Esta medida fue anunciada en un memorando en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Afecta a varios países. Algunos de ellos son:
- Venezuela
- Cuba
- Haití
- Afganistán
- Irán
- Somalia
- Sudán
- Yemen
- Birmania
- Burundi
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Laos
- Libia
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
¿Cuál es el contexto?
La decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional, impulsada por el tiroteo del 26 de noviembre de 2025 contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C. En ese incidente, una joven soldado murió y otro militar resultó herido a manos de un sospechoso de nacionalidad afgana, identificado como Rahmanullah Lakanwal. La Administración Trump ha justificado estas restricciones al calificar a los países mencionados como de “alto riesgo”, argumentando que representan una amenaza para el pueblo estadounidense.
Esta suspensión amplía las políticas migratorias previas del líder republicano. Ya en junio de 2025, el Gobierno había prohibido los viajes a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países —Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen— y restringido el acceso a otros siete: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Ahora, la medida va más allá, afectando no solo a futuros viajeros, sino también a inmigrantes ya en territorio estadounidense, independientemente de su fecha de llegada, quienes enfrentarán un escrutinio adicional.
¿Cuáles son los impactos inmediatos en las solicitudes pendientes?
El memorando del USCIS no especifica una fecha para levantar la pausa; solo indica que el director de la agencia, Joseph Edlow, decidirá cuándo hacerlo. Esto genera incertidumbre para miles de solicitantes que podrían ver sus procesos congelados indefinidamente. Además, la agencia ha anunciado una revisión exhaustiva de todas las solicitudes de beneficios aprobadas durante la Administración de Joe Biden, quien gobernó de enero de 2021 a enero de 2025.
En un plazo de 90 días, el USCIS creará una lista priorizada de inmigrantes para revisión, con posible remisión a autoridades migratorias u otras agencias de orden público. “En vista de las preocupaciones identificadas y la amenaza al pueblo estadounidense, el USCIS ha determinado que es necesaria una nueva revisión exhaustiva, una posible entrevista y una nueva entrevista de todos los extranjeros procedentes de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, declaró la agencia en su comunicado.
Sharvari Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, reportó cancelaciones de ceremonias de juramento de nacionalidad, entrevistas para ciudadanía y ajustes de estatus para personas de estos países. Esto complica un sistema ya engorroso, donde los cambios impredecibles generan confusión, como describió Jeff Joseph, presidente de la misma asociación: “Es difícil predecir y asesorar a nuestros clientes sobre cómo navegar por este sistema. Imagina caminar con los ojos vendados en una casa de espejos”.
¿Podría esto llevar a la desnaturalización de ciudadanos?
Trump ha expresado ambiciones aún más radicales, como eliminar la ciudadanía por nacimiento y promover la desnaturalización de extranjeros naturalizados. “Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, desnacionalizaría, absolutamente”, afirmó el presidente en respuesta a la prensa el domingo pasado, refiriéndose al tiroteo. Sin embargo, la desnaturalización es un proceso judicial complicado, que solo aplica si la ciudadanía se obtuvo por fraude, tergiversación u ocultación de hechos descalificadores.
Según la legislación estadounidense, la decisión recae en un tribunal federal, requiriendo pruebas irrefutables en un debido proceso. Mariam Masumi, abogada de inmigración en Virginia, expresó preocupación: “La desnaturalización es extremadamente limitada. Sin embargo, existe una preocupación real, basada en el patrón que hemos observado, de que el Gobierno podría intentar extender la desnaturalización más allá de lo que permite la Constitución”.
De los 46,2 millones de inmigrantes en EE.UU. en 2022, 24,5 millones son ciudadanos naturalizados, según el Instituto de Política Migratoria. El proceso para obtener la ciudadanía requiere al menos cinco años de residencia permanente, exámenes de historia e inglés, y ahora incluye consultas a vecinos y compañeros sobre el “carácter moral” y la ausencia de “comentarios antiestadounidenses”. Entre 1990 y 2017, se promediaron 11 casos anuales de desnaturalización, aumentando a 168 durante el primer mandato de Trump y bajando a 64 bajo Biden.
¿Cómo afecta esto a otras formas de inmigración legal?
El Departamento de Justicia, bajo el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, priorizará la desnaturalización en casos permitidos por ley. Además, legisladores como el senador Bernie Moreno proponen obligar a renunciar a la doble nacionalidad para evitar conflictos de intereses. Estas iniciativas se suman a la ofensiva general contra la migración, incluyendo deportaciones masivas y rechazos en la frontera con México.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, propuso expandir la lista de países prohibidos a 30 o 32 naciones. En un mensaje en la red social X, escribió: “Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios sociales. Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes”.
Esto implica una frontera prácticamente cerrada, con despliegue militar y construcción de muro, adjudicando contratos por más de US$ 70 millones. Los cruces fronterizos han caído significativamente en los primeros 100 días del segundo mandato de Trump. Además, se suspendieron decisiones de asilo, afectando a más de 2,2 millones de casos pendientes, y se revisan todas las aprobadas bajo Biden.
¿Qué pasa con el TPS, refugiados y visas de trabajo?
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) se reduce: en febrero, se buscó terminarlo para Haití, bloqueado por un juez; y se finalizó para Sudán del Sur y Myanmar. Actualmente, 12 países están amparados, cubriendo 1,3 millones de personas, aunque varias designaciones expiran pronto. Las admisiones de refugiados se limitan a 7.500 anuales, priorizando sudafricanos blancos por supuesta persecución, pese a refutaciones del Gobierno sudafricano.
En 2024, EE.UU. admitió más de 100.000 refugiados, principalmente de Congo, Afganistán, Venezuela y Siria. Ahora, se reentrevistan casos de la era Biden. Las green cards enfrentan reevaluación rigurosa para los 19 países, una tarea monumental para decenas de miles.
Visas de trabajo como H-1B imponen tarifas de US$ 100.000 y restricciones salariales, afectando a la industria tecnológica, aunque la agricultura —dependiente de mano de obra inmigrante— recibe un trato más suave. Visas de estudiantes se reducen, revocando 6.000 este año, enfocadas en participantes de protestas o publicaciones en redes sociales.
¿Representa esto un quiebre en el sistema migratorio?
Estos cambios generan miedo y confusión, obstaculizando procesos para millones. Andrew Selee, del Instituto de Política Migratoria, nota que el Ejecutivo puede alterar políticas, pero no el sistema sin el Congreso. Desafíos legales frecuentes indican limitaciones, como la revisión de la Corte Suprema a rechazos de asilo en la frontera.
La retórica xenófoba, como la de Noem, estigmatiza comunidades y tensiona diplomacia con África, Medio Oriente, Caribe y Latinoamérica. Inmigrantes legales e indocumentados viven en limbo, con revisiones exhaustivas de redes sociales, comunicaciones y datos biométricos.
En resumen, estas restricciones migratorias de Trump marcan un endurecimiento sin precedentes, priorizando seguridad sobre derechos, en respuesta al tiroteo. Mientras se especula sobre la expansión a 30 países, el futuro de la inmigración en EE.UU. parece más restrictivo, afectando reunificaciones familiares, refugios y contribuciones económicas de migrantes.