Illinois acusa al presidente de “abuso militar” por enviar tropas tras protestas en Chicago.
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Agentes federales con equipo táctico patrullan el centro, mientras la Guardia Nacional custodia centros de detención del ICE. Illinois acusa a Trump de “abuso militar” por enviar 700 tropas sin consentimiento local, desatando una batalla legal y protestas violentas. ¿Protección o represión? La polémica crece en un país dividido.
Midway Blitz: redadas en Chicago
Desde septiembre, la Operación Midway Blitz ha sacudido Chicago con redadas masivas contra inmigrantes indocumentados. Más de 1.000 han sido detenidos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las tácticas agresivas, como allanamientos en helicóptero y gases lacrimógenos, han encendido protestas diarias. En Broadview, un suburbio de 8.000 habitantes, el centro de procesamiento del ICE es ahora un polvorín de enfrentamientos. Activistas denuncian operativos que aterrorizan vecindarios, con detenciones de ciudadanos estadounidenses y uso de químicos cerca de escuelas, como en Logan Square.
El gobernador J.B. Pritzker, demócrata, califica el despliegue de 400 guardias de Texas y 300 de Illinois como una “invasión”. Una demanda presentada el 6 de octubre ante un tribunal de Illinois acusa a Trump, a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y a otros de violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe usar el ejército en tareas civiles sin aprobación del Congreso. “Esto no es seguridad, es una zona de guerra fabricada”, afirmó Pritzker en CNN.
Illinois no está sola
El despliegue de Trump no se limita a Illinois. En Portland, la jueza federal Karin Immergut bloqueó el envío de 200 guardias nacionales el 4 de octubre, citando la misma ley. Aunque Trump intentó usar tropas de California y Texas, Immergut pausó la maniobra hasta el 19 de octubre. En Memphis, 273 arrestos y 73 armas confiscadas marcan la operación, apoyada por el gobernador republicano Bill Lee, quien asegura que la Guardia solo actúa como “ojos y oídos”. Los Ángeles enfrentó un fallo similar en septiembre, declarando ilegal su despliegue.
Otras ciudades, como Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport en Luisiana, podrían ver hasta 1.000 guardias si el gobernador Jeff Landry logra su plan. Misuri ya envió 15 efectivos para tareas administrativas en centros del ICE, mientras Baltimore y Boston temen ser los próximos blancos. En Washington D.C., agentes federales siguen patrullando pese a la expiración de la orden de Trump, ignorando las objeciones de la alcaldesa Muriel Bowser.
Tácticas extremas: ¿Seguridad o exceso?
Las operaciones han desatado críticas por su brutalidad. En Chicago, un allanamiento en South Shore vio agentes descender en rapel desde helicópteros Black Hawk, rompiendo puertas y usando abrazaderas plásticas en familias, según la Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR). Rodrick Johnson, ciudadano estadounidense, relató al Chicago Sun-Times cómo derribaron su puerta sin orden judicial. En otro caso, la concejal Jessie Fuentes fue esposada en un hospital al exigir una orden para un inmigrante herido.
Un incidente grave involucró a Julian, ciudadano italiano, derribado por agentes del ICE que asumieron erróneamente que estaba armado. Hospitalizado con una lesión en la cabeza, su familia no pudo contactarlo. Activistas como Brandon Lee de ICIRR denuncian que estas tácticas, incluyendo gases lacrimógenos que afectaron a policías locales, son “violencia institucional”. El DHS justifica las acciones alegando vínculos con pandillas como el Tren de Aragua, pero no ha presentado pruebas.
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Zonas libres de ICE
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, contraatacó con la orden ejecutiva “ICE Free Zones”, prohibiendo a agentes migratorios usar propiedades municipales. “No permitiremos que Trump socave nuestra democracia”, dijo Johnson, citando allanamientos que detuvieron ciudadanos y dañaron bienes. La ciudad distribuirá carteles para que negocios privados restrinjan el acceso de ICE, reforzando la resistencia local.
En Broadview, una cerca de 2,4 metros alrededor del centro del ICE desató otra demanda por obstruir bomberos. El colapso de capacidad en el centro obliga al ICE a trasladar detenidos a cárceles en Indiana o incluso moteles, según el National Immigrant Justice Center.
¿Hacia dónde va la crisis?
La demanda de Illinois advierte que el despliegue daña el tejido social y económico. El turismo y comercio en Chicago, vitales para la ciudad, podrían colapsar por la inseguridad. “Esto profundiza la desconfianza en la policía y aviva disturbios”, dice el texto legal. Las protestas, cada vez más violentas, han visto gases lacrimógenos y arrestos masivos, con una mujer baleada tras un supuesto intento de atropellar agentes.
Con 5.000 detenciones en Illinois este año, según el Deportation Data Project, y una Casa Blanca decidida a apelar los bloqueos judiciales, el enfrentamiento está lejos de terminar. Mientras Trump defiende su estrategia como protección contra el “caos”, críticos ven una maniobra política para castigar ciudades demócratas. La pregunta persiste: ¿es esto seguridad nacional o un desafío a las libertades civiles?