Cobro de hasta $15,000 para solicitantes de visas genera polémica.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha desatado una controversia internacional al anunciar un programa piloto que exigirá a ciertos solicitantes de visas de negocios y turismo (B-1 y B-2) depositar una fianza de hasta $15,000 como condición para ingresar al país. La medida, publicada en un aviso preliminar en el sitio web del Registro Federal y programada para su anuncio oficial, forma parte de las políticas migratorias endurecidas por la administración del presidente Donald Trump. Este programa, que comenzará dentro de 15 días tras su publicación formal, tiene como objetivo reducir las tasas de permanencia “ilegal” en el país, pero ha generado críticas por su potencial impacto en la accesibilidad al proceso de visado para personas de países con economías más vulnerables.
Un programa piloto controversial
El programa, que tendrá una duración inicial de 12 meses, se aplicará a solicitantes de visas de no inmigrante provenientes de países con “altas tasas de permanencia ilegal” o con sistemas de verificación documental considerados deficientes por el Departamento de Estado. También se incluirán naciones que ofrecen programas de ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia efectiva. Según el aviso, los montos de las fianzas serán de $5,000, $10,000 o $15,000, determinados por los funcionarios consulares tras evaluar el perfil de cada solicitante, incluyendo su historial migratorio, la veracidad de su documentación y el nivel de riesgo percibido. El Departamento de Estado estima que aproximadamente 2,000 solicitantes se verán afectados durante este período de prueba, con un promedio de fianza de $10,000.
La fianza será reembolsable si los viajeros cumplen con los términos de su visa, es decir, si abandonan Estados Unidos antes del vencimiento de su estadía autorizada, que generalmente no supera los seis meses para las visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo). El depósito deberá realizarse electrónicamente a través de la plataforma oficial Pay.Gov, utilizando el formulario I-352. El objetivo del programa, según el Departamento de Estado, es garantizar que el gobierno estadounidense no asuma responsabilidades financieras si un visitante incumple las condiciones de su visa, además de enviar un mensaje a los países afectados para que fortalezcan sus controles migratorios y de verificación de identidad.
Contexto y antecedentes
No es la primera vez que se propone un sistema de fianzas para visas en Estados Unidos. En noviembre de 2020, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Estado, entonces liderado por Antony Blinken, anunció un programa piloto temporal similar, el Visa Bond Pilot Program, que contemplaba fianzas de los mismos montos ($5,000, $10,000 o $15,000) para solicitantes de visas B-1/B-2 de países con tasas de permanencia irregular superiores al 10% en 2019. Sin embargo, este programa, que debía durar seis meses, no se implementó debido a la pandemia de COVID-19 y la caída del turismo internacional.
Históricamente, el Departamento de Estado ha desalentado las fianzas para visas debido a la complejidad administrativa de gestionar los depósitos y reembolsos, así como por el riesgo de generar percepciones negativas entre el público. No obstante, en el reciente aviso, la agencia argumenta que estas preocupaciones previas “no están respaldadas por evidencia reciente, ya que las fianzas no han sido requeridas en tiempos recientes”. Esta postura refleja un cambio en la política migratoria, alineada con las medidas más estrictas impulsadas por la actual administración.
Endurecimiento de los requisitos
El programa de fianzas se inscribe en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump. La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que muchos solicitantes de renovación de visas deberán someterse a entrevistas adicionales en persona, un requisito que anteriormente no era obligatorio. Asimismo, se propuso que los aspirantes al programa de Lotería de Diversidad de Visas presenten pasaportes válidos de su país de origen, añadiendo otra capa de complejidad al proceso.
Además, en julio de 2025, se aprobó una “tarifa de integridad de visa” de al menos $250 para todos los extranjeros que ingresen como visitantes, sumada a los costos ya existentes. En 2024, Estados Unidos emitió cerca de 11 millones de visas de no inmigrante, lo que da una idea de la magnitud de estas medidas. Por primera vez, los solicitantes de asilo también enfrentan una tarifa de $100, más $100 adicionales por cada año que su solicitud esté pendiente.
La administración Trump justifica estas medidas señalando que más de 500,000 personas excedieron la duración de sus visas en el año fiscal 2023, según los datos más recientes disponibles. “El Departamento manda un mensaje a todos los países para que tomen acciones inmediatas para incentivar a sus ciudadanos a cumplir con la ley de inmigración de Estados Unidos”, indica el documento oficial.
Reacciones y posibles impactos
La propuesta ha generado críticas por su potencial para limitar el acceso a visas para personas de países con economías menos desarrolladas. Para muchos solicitantes, una fianza de $5,000 a $15,000 representa una barrera financiera significativa, especialmente en naciones donde el ingreso promedio es bajo. Por ejemplo, en México, un país que podría estar incluido en la lista de “altas tasas de permanencia ilegal”, este requisito podría excluir a una gran cantidad de solicitantes legítimos.
Por otro lado, los ciudadanos de países inscritos en el Programa de Exención de Visas, como la mayoría de las naciones europeas, Japón y Australia, no estarán sujetos a esta medida. Además, las fianzas podrán ser eximidas en ciertos casos, dependiendo de las circunstancias individuales de los solicitantes, aunque no se han detallado los criterios exactos para estas exenciones.
La lista de países afectados aún no ha sido publicada, pero estará disponible en el sitio Travel.State.Gov una vez que el programa entre en vigor. Entre los países previamente identificados con altas tasas de permanencia ilegal en 2020 se encontraban Afganistán, Angola, Burkina Faso, Irán, Libia, Sudán y Siria, entre otros, aunque no se ha confirmado si esta lista se mantendrá.
Implicaciones globales
El programa piloto ha generado preocupación en países con fuertes lazos migratorios y turísticos con Estados Unidos. En América Latina, donde las visas B-1/B-2 son esenciales para viajes de negocios, turismo o visitas familiares, la medida podría reducir significativamente el número de solicitantes. Organizaciones de derechos migratorios han advertido que esta política podría exacerbar las desigualdades en el acceso a oportunidades de movilidad internacional.
A medida que el programa piloto se implemente, los próximos meses serán clave para evaluar su impacto en las tasas de cumplimiento de visas y en la percepción pública. Si bien el Departamento de Estado asegura que los reembolsos se procesarán de manera eficiente, la carga administrativa y financiera para los solicitantes sigue siendo un punto de controversia. Por ahora, el mundo espera la lista oficial de países afectados y los detalles operativos de esta medida, que promete redefinir el panorama de los viajes a Estados Unidos.