Unos 150.000 menores hijos de salvadoreños se verán afectados si se cancela el TPS.
Alrededor de 150.000 niños y adolescentes estadounidenses podrían enfrentar un drama de separación familiar en Estados Unidos. Sus padres, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), enfrentan la posible cancelación de esta protección migratoria. La advertencia fue realizada por la experta salvadoreña en migración y derechos humanos, Celia Medrano.
Medrano explicó que estos menores nacieron en territorio estadounidense y cuentan con la ciudadanía por derecho propio. La eventual deportación de sus progenitores fracturaría sus hogares de forma drástica e irreparable. El escenario genera enorme tensión en miles de familias hispanas que residen legalmente en el país.
Más de 170.000 inmigrantes salvadoreños libran hoy una intensa carrera contra el tiempo para evitar la expulsión. El plazo de vencimiento fijado para el programa vence este próximo 9 de septiembre en todo el país. La medida ha permanecido bajo constante amenaza desde la primera administración del presidente Donald Trump.
¿Qué impacto socioeconómico tendría el fin del amparo migratorio?
La cancelación definitiva del programa dejaría a miles de personas sin autorización de trabajo y sujetas a deportaciones inmediatas. La experta Celia Medrano enfatiza que los beneficiarios salvadoreños han construido un arraigo profundo durante más de dos décadas. Estas personas manejan el idioma inglés, aportan impuestos regularmente y poseen ingresos anuales de hasta 50.000 dólares.
Además, la mayoría cuenta con vivienda propia, vehículos, seguro médico e integración plena a las instituciones democráticas norteamericanas. Por ello, una reincoporación forzada a El Salvador representaría un choque social y económico de proporciones devastadoras. Volverían a un entorno con indicadores de pobreza y exclusión sensiblemente peores que los de su partida.
Para la mitad de los afectados, la regularización por vías alternativas resulta inviable debido a antiguas órdenes de expulsión. Al extinguirse la protección del programa, dichas órdenes judiciales se reactivarían de manera automática sobre los trabajadores. El Salvador enfrentaría además graves problemas para absorber a esta población en un mercado dominado por la informalidad.
¿Cuál es la estrategia del Gobierno de Trump frente a este amparo?
El entorno actual para los amparados bajo este régimen legal se percibe sumamente desfavorable y complejo. El abogado de migración Fernando Romo advierte que la extensión del beneficio resulta poco probable en este periodo. Su análisis se fundamenta en las continuas decisiones ejecutivas firmadas contra este esquema por el presidente Trump.
Desde 2018, la administración federal intentó frenar las protecciones destinadas a más de 180.000 ciudadanos salvadoreños. En aquel momento, los tribunales suspendieron la medida tras demandas interpuestas por los afectados y sus hijos. Los demandantes argumentaron motivaciones discriminatorias por parte de las autoridades encargadas de la política migratoria nacional.
Sin embargo, el panorama judicial dio un giro determinante tras fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos. El máximo tribunal ratificó las atribuciones del mandatario para revocar este beneficio a distintas naciones. Aunque El Salvador mantiene un diálogo diplomático cercano con la Casa Blanca, unos 170.000 centroamericanos quedarán desprotegidos.
¿Cómo responden las organizaciones y los afectados ante la amenaza?
El clima emocional entre las familias afectadas se caracteriza por el miedo persistente y la incertidumbre constante. Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, confirma un incremento drástico en las consultas. Las líneas telefónicas de su organización reciben diariamente llamadas de ciudadanos sumidos en un profundo pánico.
Ante el temor a represalias, varios beneficiarios prefieren mantener un perfil bajo y evitar apariciones públicas en protestas. Muchos consideran que la discreción los protegerá de la detección por parte de los agentes de control migratorio. Sin embargo, los líderes comunitarios sostienen que solo la movilización colectiva organizada podrá frenar la cancelación del amparo.
Líderes empresariales protegidos por el programa exigen una solución legislativa definitiva al Congreso estadounidense para obtener la residencia. José Urias, un empresario de la construcción en Massachusetts, destaca que pagan impuestos y carecen de antecedentes penales. Paralelamente, activistas piden la intervención directa del presidente Nayib Bukele, en un contexto donde las deportaciones siguen aumentando.