Nuevas reglas migratorias juzgarán moral y actividad antiestadounidense, ¿quién aprobará?
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En un movimiento que refuerza la postura del presidente Donald Trump sobre la inmigración, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una actualización significativa en su Manual de Políticas, intensificando el escrutinio sobre los solicitantes de beneficios migratorios, como visas, residencias permanentes y la ciudadanía. Estas nuevas directrices, efectivas de inmediato, incorporan factores como el “carácter moral”, la actividad antiestadounidense y el contenido en redes sociales, otorgando a los oficiales de inmigración una discreción sin precedentes para aprobar o denegar solicitudes. Pero, ¿quién podrá pasar este nuevo y riguroso filtro? ¿Y cuáles son las implicaciones para millones de inmigrantes que buscan un lugar en Estados Unidos?
Un nuevo estándar para los beneficios migratorios
El anuncio del USCIS se alinea con el objetivo de la administración Trump de priorizar la seguridad nacional y los valores estadounidenses en el proceso migratorio. Según un comunicado oficial, los oficiales ahora evaluarán factores adicionales al adjudicar solicitudes de beneficios que requieren discreción, como la residencia permanente (green card), visas de estudiante o naturalización. Entre estos factores se incluyen la participación en actividades u organizaciones consideradas antiestadounidenses, terroristas o antisemitas, así como el historial de parole (permiso de entrada temporal) y el cumplimiento de las leyes migratorias.
Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, enfatizó que los beneficios migratorios “no deben otorgarse a quienes desprecian al país”. En un comunicado a CBS News, Tragesser subrayó que “la ciudadanía estadounidense es el estándar de oro de la ciudadanía” y que solo debería otorgarse a “los mejores de los mejores”. Esta retórica refleja la visión de la administración de limitar el acceso a beneficios migratorios a aquellos que demuestren una alineación clara con los valores y normas estadounidenses.
Carácter moral: Más allá de la ausencia de delitos
Uno de los pilares de las nuevas políticas es una redefinición del concepto de “buen carácter moral” (Good Moral Character, GMC), un requisito histórico para la naturalización desde la Ley de Naturalización de 1790. Tradicionalmente, el GMC se evaluaba principalmente por la ausencia de delitos graves, como asesinatos, delitos agravados o conductas como el abuso de drogas o el alcoholismo crónico. Sin embargo, el memorando emitido por USCIS exige ahora una evaluación “holística” que vaya más allá de la mera ausencia de mala conducta.
Los oficiales deben considerar “atributos positivos” como la participación comunitaria, logros educativos, vínculos familiares, empleo estable y legal, y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, actividades como el voluntariado, el cuidado familiar o el pago puntual de impuestos se valorarán como méritos. Sin embargo, la directriz también amplía los factores descalificadores, permitiendo a los oficiales considerar conductas “técnicamente legales” pero “inconsistentes con la responsabilidad cívica”, como infracciones de tránsito recurrentes, acoso o solicitudes agresivas.
Este enfoque ha generado preocupación entre expertos. Doug Rand, exfuncionario de USCIS durante la administración Biden, señaló a CBS News que estas políticas parecen diseñadas para “aumentar las razones para denegar la ciudadanía” al incluir comportamientos inofensivos, como multas de tráfico, en la definición de carácter moral. Jane Lopez, profesora de sociología en la Universidad Brigham Young, advirtió que la vaguedad de los criterios otorga a los oficiales un poder subjetivo que podría derivar en denegaciones arbitrarias.
Redes sociales bajo la lupa
Un aspecto particularmente controvertido de las nuevas directrices es la expansión del monitoreo de redes sociales. Desde abril, USCIS comenzó a examinar las publicaciones de los solicitantes en busca de contenido que indique apoyo a actividades antisemitas, organizaciones terroristas o ideologías antiestadounidenses. Esta medida, impulsada por la Orden Ejecutiva 14161, busca identificar posibles “amenazas a la seguridad nacional y pública”.
El monitoreo incluye plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn y X, entre otras, y abarca desde publicaciones hasta “likes”, comentarios o contenido compartido. USCIS ha propuesto recolectar identificadores de redes sociales (como nombres de usuario) en nueve formularios clave, afectando a unos 3.6 millones de solicitantes anuales. Aunque la agencia asegura que solo se revisará contenido público, críticos como el Brennan Center for Justice advierten que términos vagos como “apoyo” o “promoción” podrían llevar a interpretaciones erróneas, afectando los derechos de libertad de expresión de los inmigrantes, especialmente aquellos ya en el país con protecciones constitucionales.
Por ejemplo, un comentario en una publicación o asistir a una protesta donde se exhiban lemas considerados antisemitas podría ser interpretado como apoyo a ideologías prohibidas, incluso si el solicitante no comparte esas posturas. Esta ambigüedad ha generado temores de que el monitoreo se use para castigar opiniones políticas disidentes, especialmente en el contexto de protestas pro-palestinas en campus universitarios.
Implicaciones y críticas
Las nuevas políticas han desatado un debate sobre su impacto en el sistema migratorio y los derechos de los solicitantes. Organizaciones como la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) han calificado la vigilancia de redes sociales como un ataque a la libertad de expresión, argumentando que podría penalizar a solicitantes por opiniones protegidas por la Primera Enmienda.
Además, la suspensión temporal de la Oficina del Ombudsmand de USCIS, que manejaba unas 30,000 solicitudes de asistencia en 2023, elimina un mecanismo clave para resolver errores en aplicaciones, lo que podría exacerbar las denegaciones injustas.
Por otro lado, defensores de las políticas, como Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos de DHS, argumentan que estas medidas son necesarias para proteger a Estados Unidos de “simpatizantes de terroristas” y garantizar que los beneficios migratorios se otorguen solo a quienes respeten los valores del país.