Planean crear un grupo de acción militar para controlar disturbios en EE.UU.
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En un momento de tensión social y política en los Estados Unidos, el Pentágono está considerando crear un grupo militar. Este grupo se llama tentativamente “Fuerza de Reacción Rápida para Disturbios Civiles”. Su objetivo es responder a posibles disturbios en el país. Según un informe reciente de The Washington Post, esta iniciativa surge por preocupaciones sobre la estabilidad del país. En este momento, la polarización política, los conflictos sociales y la violencia urbana han generado un debate. Este debate es sobre el papel de las fuerzas armadas en el control de crisis en el territorio nacional.
Contexto de la propuesta
La propuesta del Pentágono llega después de varios eventos. Estos eventos han puesto a prueba la capacidad de las autoridades civiles. Ellas deben manejar disturbios grandes. El ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue un momento clave. Una multitud de manifestantes intentó detener la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Según el informe del comité de la Cámara de Representantes, el incidente mostró fallas en la seguridad. Hubo cinco muertes y 174 policías heridos. Los daños se estiman en más de 2.7 millones de dólares.
Desde entonces, el Departamento de Defensa ha aumentado sus esfuerzos. Quieren asegurar que las fuerzas militares ayuden a las agencias civiles. Estas agencias incluyen la Policía del Capitolio y la Guardia Nacional en emergencias. Un comunicado reciente del Departamento de Defensa habló sobre la importancia de trabajar juntos. Este trabajo conjunto es entre militares y agencias civiles. Un ejercicio se llevó a cabo en la Estación de la Guardia Costera de Key West, Florida. Allí, marines, soldados y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) practicaron técnicas de respuesta rápida.
Detalles de la Fuerza de Reacción Rápida
El grupo de acción militar propuesto estaría compuesto por personal altamente entrenado, capaz de desplegarse en un plazo de 24 horas para asistir a las autoridades civiles en el control de disturbios. Según The Washington Post, esta fuerza podría costar cientos de millones de dólares si se mantiene en estado de alerta permanente, lo que plantea preguntas sobre su viabilidad económica y su impacto en el presupuesto del Pentágono.
El objetivo principal de esta unidad sería proporcionar una respuesta coordinada en escenarios donde las fuerzas locales o estatales se vean superadas. Esto incluye disturbios masivos, protestas violentas o situaciones de caos urbano que amenacen la seguridad pública o la infraestructura crítica. Sin embargo, la creación de esta fuerza plantea serias interrogantes legales y éticas, especialmente en relación con la Ley Posse Comitatus de 1878, que limita el uso de las fuerzas armadas en funciones de aplicación de la ley dentro de los Estados Unidos.
Reacciones y preocupaciones
La noticia ha generado un intenso debate en círculos políticos y académicos. Algunos expertos en seguridad, como el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Georgetown, Michael Brown, argumentan que una fuerza militar dedicada a disturbios domésticos podría ser un paso hacia la militarización de la seguridad interna, lo que podría erosionar las libertades civiles. “El uso de tropas militares en suelo estadounidense debe ser una medida de última instancia, no una herramienta preventiva”, afirmó Brown.
Por otro lado, defensores de la iniciativa, como el exfuncionario del Pentágono Robert Wilkie, sostienen que el aumento de la violencia urbana, como los disturbios en varias ciudades tras eventos de alto perfil en 2020 y 2021, justifica una respuesta más robusta. Wilkie señaló que la Guardia Nacional, aunque efectiva, no siempre puede movilizarse con la rapidez necesaria en crisis de gran escala.
Un aspecto que ha generado particular controversia es un memorando filtrado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reportado por The New Republic, que sugiere una posible colaboración entre el Pentágono y agencias como ICE y CBP para integrar personal militar en operaciones de control migratorio y seguridad fronteriza. El documento compara la amenaza de cárteles y pandillas transnacionales con la de grupos terroristas como Al Qaeda o ISIS, una analogía que expertos consideran exagerada y potencialmente peligrosa.
El marco legal y político
La creación de esta fuerza requeriría una cuidadosa revisión legal para garantizar que no infrinja las restricciones impuestas por la Ley Posse Comitatus. Históricamente, las fuerzas armadas han sido desplegadas en suelo estadounidense solo en circunstancias excepcionales, como durante los disturbios de Los Ángeles en 1992 o tras el huracán Katrina en 2005. En ambos casos, la intervención militar fue autorizada bajo la Ley de Insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar tropas para restaurar el orden cuando las autoridades civiles no pueden hacerlo.
El Pentágono ha enfatizado que cualquier nueva unidad operaría bajo estrictas directrices legales y en coordinación con las autoridades civiles. Un reciente comunicado del Departamento de Defensa informó sobre la movilización de una fuerza de tarea de la Guardia Nacional para restaurar la seguridad en Washington D.C., lo que indica que ya existen mecanismos para responder a crisis internas sin necesidad de una nueva unidad permanente.
Implicaciones internacionales y críticas
La propuesta también ha generado preocupación en el ámbito internacional, donde algunos analistas ven paralelos con el uso de fuerzas militares para controlar disturbios en países con regímenes autoritarios. En un artículo de Foreign Affairs, el analista de políticas públicas John Mueller advirtió que la percepción de una militarización interna podría dañar la imagen de Estados Unidos como defensor de las libertades democráticas. “Si el mundo ve a Estados Unidos desplegando soldados contra sus propios ciudadanos, podría debilitar su autoridad moral en el escenario global”, escribió Mueller.
Además, la relación entre el complejo militar-industrial y esta iniciativa ha sido objeto de escrutinio. Desde que el presidente Dwight D. Eisenhower acuñó el término “complejo militar-industrial” en 1961, ha habido preocupaciones sobre cómo los intereses de la industria de defensa podrían influir en decisiones políticas. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos gastó 837 mil millones de dólares en defensa en 2022, lo que representa el 39% del gasto militar mundial. La creación de una nueva fuerza podría beneficiar a contratistas de defensa, lo que alimenta las críticas sobre posibles motivaciones económicas detrás de la propuesta.
El futuro
A medida que el Pentágono avanza en la planificación de esta Fuerza de Reacción Rápida, el debate sobre su necesidad y sus implicaciones continuará dividiendo a la sociedad estadounidense. Mientras algunos ven en ella una herramienta esencial para garantizar la seguridad en tiempos de incertidumbre, otros temen que represente un paso hacia la erosión de las libertades civiles y la militarización de la vida pública. Lo que está claro es que cualquier decisión sobre esta iniciativa requerirá un equilibrio cuidadoso entre seguridad, legalidad y los principios democráticos que han definido a Estados Unidos. En un país donde la confianza en las instituciones está bajo presión, el Pentágono enfrenta el desafío de blindarse no solo contra disturbios, sino también contra las críticas de quienes ven en esta medida un precedente peligroso.