Trump presiona a Indiana para blindar la mayoría republicana y demanda a California por “favorecer a latinos”.
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El presidente Donald Trump ha convertido la redistribución de distritos electorales en el campo de batalla más caliente de la política estadounidense. Esta semana presionó sin rodeos a Indiana para que cambie sus mapas electorales y favorezca a los republicanos, mientras el Departamento de Justicia demandó a California por hacer exactamente lo contrario: dibujar distritos que, según la Casa Blanca, benefician a la población latina. El objetivo común es el mismo: controlar la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026.
¿Cómo presiona Trump a Indiana por sus mapas electorales?
Trump publicó en Truth Social que está “muy decepcionado” con el liderazgo republicano de Indiana. El presidente del Senado estatal, Rodric Bray, anunció que no convocará una sesión extraordinaria en diciembre para discutir la redistribución que pide la Casa Blanca. La respuesta de Trump fue inmediata y contundente: “Cualquier republicano que vote en contra de esta importante redistribución debería enfrentarse a primarias”.
En varios mensajes, Trump insistió en que los demócratas “llevan años redistribuyendo distritos” y puso como ejemplo a California, que, según él, “está intentando ganar cinco escaños y nadie se queja”. El presidente llegó a amenazar con no respaldar a ningún legislador estatal de Indiana que no se alinee con la estrategia nacional del partido. Incluso mencionó al gobernador Mike Braun, aliado suyo, diciendo que “tal vez no esté haciendo lo que debería” para conseguir los votos necesarios.
La meta es clara: sumar al menos dos escaños republicanos en la Cámara Baja desde Indiana antes de 2026.
¿California en el punto de mira?
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra California en el Tribunal Federal del Distrito Central. El argumento oficial es que la Proposición 50, aprobada el 4 de noviembre por el 64,4 % de los votantes, crea distritos con “predominio de población latina” y utiliza “consideraciones raciales” que violan la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
La fiscal general, Pamela Bondi, no se guardó nada: “Es un descarado intento de acaparar poder que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático”. Bondi también acusó directamente al gobernador Gavin Newsom de querer “consolidar el dominio de un solo partido y silenciar a millones de californianos”.
La Proposición 50 permite una redistribución temporal de mapas antes del próximo censo y afecta especialmente al Valle Central, una zona agrícola tradicionalmente republicana. Los demócratas calculan que pueden ganar hasta cinco escaños adicionales en el Congreso con el nuevo diseño.
Ojo por ojo: la respuesta a Texas
California no actuó en el vacío. La medida es una réplica directa a lo que hicieron los republicanos en Texas, donde la legislatura estatal, de mayoría conservadora, aprobó este año nuevos mapas que le aseguran al menos cinco escaños extra al Partido Republicano. Trump y sus aliados defendieron esa redistribución como “perfectamente legal” porque la aprobó una legislatura elegida, no un referéndum.
El doble rasero es evidente. Lo que en Texas es estrategia política legítima, en California pasa a ser, según la Casa Blanca, un delito constitucional con tintes raciales.
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La ola que se extiende por el país
El movimiento ya no es cosa de dos o tres estados. Más de diez legislaturas controladas por republicanos han aprobado o están a punto de aprobar cambios similares antes de 2026. En paralelo, varios estados demócratas estudian seguir el ejemplo de California y saltarse el calendario tradicional del censo cada diez años.
La redistribución normalmente se hace tras el censo oficial, pero ambos partidos han encontrado fórmulas legales para adelantar el proceso cuando les conviene. El resultado es una carrera armamentista cartográfica que puede decidir quién controla la Cámara de Representantes la próxima década.
Hacia 2026: todo o nada
Las elecciones de medio mandato renovarán los 435 escaños de la Cámara y un tercio del Senado. Hoy los republicanos tienen una mayoría ajustada que sostiene la agenda de Trump. Perderla significaría bloqueo total en el Congreso durante los últimos dos años de su mandato.
Por eso el presidente ha convertido el redistricting en prioridad nacional. “Debemos mantener la mayoría a toda costa”, escribió en Truth Social. Y cerró con un mensaje que no deja lugar a dudas: “Los republicanos deben contraatacar”.
La guerra por los mapas electorales ya no es un trámite técnico cada diez años. Se ha convertido en la lucha cuerpo a cuerpo que definirá si Trump termina su segundo mandato con poder real o como un presidente paralizado por un Congreso hostil. Y ambos partidos están dispuestos a llevar el combate hasta las últimas consecuencias legales, políticas y, si hace falta, hasta la calle.