Trump presiona por la Ley SAVE: El nuevo campo de batalla electoral en EE.UU.
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El panorama político en los Estados Unidos ha dado un giro drástico. El presidente Donald Trump instó formalmente a los republicanos en el Congreso a aprobar la denominada Ley SAVE America (Ley de Elecciones Seguras y Verificadas). Este proyecto busca endurecer de manera significativa los requisitos para participar en los comicios federales. La solicitud ocurre en un momento de alta tensión política, marcado por nuevas declaraciones del mandatario sobre la integridad del sistema electoral, a las que califica de “amañadas”.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que las elecciones estadounidenses son actualmente el “hazmerreír de todo el mundo”. Trump advirtió que, sin una reforma profunda en la normativa de votación, el país corre el riesgo de “dejar de existir”. Su mensaje no solo es un llamado a la acción legislativa, sino también una directriz clara para la bancada republicana. Los legisladores ahora enfrentan la presión de avanzar con medidas que redefinen quién y cómo se puede votar en territorio estadounidense.
El impulso de esta ley coincide con la preparación para las elecciones de mitad de periodo, previstas para finales de este 2026. Para el presidente, asegurar la victoria en las cámaras de Representantes y el Senado depende directamente de estas reformas. No obstante, la propuesta ha encendido las alarmas entre sectores de la oposición y defensores de los derechos civiles. Ellos ven en estas medidas una barrera potencial para el ejercicio del voto ciudadano.
¿Qué propone exactamente la Ley SAVE y por qué ahora?
La iniciativa central de la Ley SAVE se enfoca en tres pilares fundamentales. En primer lugar, exige que todos los ciudadanos muestren una identificación oficial vigente para votar. En segundo lugar, obliga a presentar una prueba física de ciudadanía estadounidense (como un pasaporte o certificado de nacimiento) al momento de registrarse. Finalmente, el proyecto busca restringir drásticamente el voto por correo, permitiéndolo únicamente en casos específicos de enfermedad, discapacidad comprobada, servicio militar o viajes.
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó una versión previa el año pasado, los republicanos han actualizado el texto. Esta nueva versión incorpora el requisito de identificación a nivel federal para unificar criterios que hoy dependen de cada estado. Trump ha defendido estas disposiciones asegurando que son la única forma de evitar que personas no ciudadanas se infiltren en el padrón electoral. Sin embargo, la legislación vigente, específicamente la Ley de 1996, ya prohíbe y sanciona con cárcel y deportación el voto de no ciudadanos.
La insistencia en el comprobante de ciudadanía ha generado debate técnico. Según datos del Departamento de Estado, cerca del 50% de los estadounidenses no posee un pasaporte en regla. Esto implicaría que millones de ciudadanos naturales tendrían que buscar certificados de nacimiento originales para poder participar. Los críticos sugieren que esto complicaría el registro de votantes legítimos más que prevenir un fraude que, según diversos estudios electorales, es estadísticamente marginal en el sistema actual.
¿Cuáles son los obstáculos legales que enfrenta esta reforma?
El camino de estas medidas no ha sido sencillo en los tribunales. En marzo de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva con objetivos similares a los de la Ley SAVE. Sin embargo, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, bloqueó parcialmente dicha orden la semana pasada. La magistrada determinó que ciertas partes de la disposición eran “inconsistentes con la separación constitucional de poderes”. Esta decisión judicial subraya que la autoridad para dictar reglas electorales reside principalmente en el Congreso y los estados.
El tribunal señaló específicamente que las disposiciones presidenciales no pueden ser implementadas de manera unilateral sin pasar por el proceso legislativo correspondiente. Por esta razón, el apoyo de Trump a la Ley SAVE en el Congreso se vuelve vital para su estrategia. Al convertir sus decretos en leyes federales, el gobierno espera superar los bloqueos judiciales que han frenado sus intentos de reforma por la vía ejecutiva. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha demandado a dos docenas de estados para obtener registros electorales completos.
A pesar de los fallos judiciales, la administración mantiene su postura combativa. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el objetivo central es reforzar las garantías mediante legislación federal. La administración cree que existe una vulnerabilidad real que debe ser corregida antes de noviembre de 2026. No obstante, la Constitución establece que los comicios son dirigidos por funcionarios estatales y locales, lo que limita históricamente el papel del gobierno federal en la gestión directa de las urnas.
¿Qué implica el polémico pedido de “nacionalizar” las elecciones?
Recientemente, Trump generó una nueva controversia al sugerir que los republicanos deberían “nacionalizar la votación”. En una entrevista con el comunicador Dan Bongino, el presidente propuso que el gobierno federal tome el control del proceso en al menos 15 lugares estratégicos. Según su visión, si ciertos estados no pueden contar los votos de forma “honesta”, alguien más debería hacerse cargo. Esta idea de centralizar las elecciones rompe con la tradición estadounidense de descentralización electoral, donde cada condado gestiona su propio recuento.
Esta propuesta de intervención federal ha generado una respuesta defensiva por parte de secretarios de Estado demócratas. Steve Simon, secretario de Estado de Minnesota, calificó estas intenciones como un riesgo legítimo para la autonomía estatal. Los funcionarios locales han comenzado a planificar medidas para proteger a los electores de posibles interacciones no autorizadas con fuerzas del orden federales en los centros de votación. El temor a una intrusión del gobierno central en procesos locales es un tema de discusión recurrente en la Asociación Nacional de Secretarios de Estado.
Por otro lado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha mostrado un interés activo en estas investigaciones. Gabbard confirmó que el presidente le pidió viajar a Atlanta tras el allanamiento del FBI a una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia. Este allanamiento está vinculado con esfuerzos del Departamento de Justicia para decomisar registros electorales en una zona que ha sido eje de las acusaciones de fraude desde 2020. Gabbard incluso facilitó una charla motivadora entre Trump y los agentes implicados en la búsqueda de pruebas.
¿Cómo afecta la redistribución de distritos al futuro del Congreso?
Mientras se debate la Ley SAVE, la batalla por el control del Congreso también se libra en los mapas electorales. Recientemente, la Corte Suprema permitió que California use un nuevo mapa congresional que favorece a los demócratas. Esta decisión fue un revés para los republicanos y el gobierno federal, quienes alegaban que el diseño se basaba indebidamente en criterios raciales. Se estima que este nuevo mapa podría otorgar a los demócratas hasta cinco escaños adicionales en las próximas elecciones.
En contraste, los jueces permitieron previamente que Texas utilizara un mapa que favorece a los republicanos. El juez conservador Samuel Alito señaló que ambos estados parecen haber adoptado estos mapas para obtener ventajas políticas, algo que la Corte Suprema considera fuera de la jurisdicción federal para ser invalidado. Actualmente, la Cámara de Representantes está bajo control republicano con una mayoría mínima (218 escaños frente a 214). Cualquier cambio en los distritos de California o Texas podría definir quién lidera la agenda legislativa en 2027.
La composición del Senado también es un factor crítico. Con 53 senadores republicanos frente a 45 demócratas, el partido del presidente tiene una ventaja que busca consolidar. La redistribución de distritos y la aprobación de leyes como la SAVE son vistas por la Casa Blanca como herramientas necesarias para evitar la tendencia histórica. Tradicionalmente, el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato, una “involución” que Trump ha jurado evitar a toda costa.
¿Cuál será el impacto final de estas medidas en el electorado?
Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de la Ley SAVE en el Capitolio. Los republicanos deben decidir si unifican sus criterios detrás de la exigencia de la prueba de ciudadanía. Mientras tanto, el Departamento de Justicia sigue presionando para obtener información personal de millones de votantes, incluyendo números de Seguro Social y direcciones particulares. Esta recopilación de datos masiva es vista por algunos como un paso hacia un registro nacional de votantes, un concepto largamente rechazado por los defensores de la privacidad.
El éxito o fracaso de esta legislación marcará el tono de la campaña electoral de 2026. Si se aprueba, el sistema de votación de los Estados Unidos experimentará su transformación más profunda en décadas. Si es bloqueada nuevamente en las cámaras o por la justicia, la administración Trump probablemente intensificará sus acusaciones de un sistema “amañado”. Lo cierto es que la confianza en las instituciones electorales está en el centro del debate, y ambos bandos parecen prepararse para una contienda donde cada voto y cada regla de conteo serán disputados.
Finalmente, la participación ciudadana será la prueba de fuego. El desafío para las autoridades será equilibrar la seguridad de las urnas con la accesibilidad para todos los votantes legítimos. Con un país profundamente dividido, la aprobación de la Ley SAVE no solo cambiará las reglas del juego, sino que también definirá la legitimidad percibida del gobierno resultante de los comicios de noviembre. La lucha por el control de la votación apenas comienza.