Trump suspende 60 días la centenaria “Ley Jones” para abaratar el petróleo.
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En un movimiento estratégico para contener la crisis energética, el presidente Donald Trump ha ordenado la suspensión temporal de la Ley Jones. Esta medida excepcional tendrá una vigencia de sesenta días y busca reducir los costos del transporte de hidrocarburos. La decisión surge en un contexto de extrema volatilidad debido al conflicto bélico con Irán y los ataques a infraestructuras críticas. Según la Casa Blanca, la prioridad es mitigar las perturbaciones inmediatas en el mercado petrolero nacional.
La Ley Jones, conocida formalmente como la Ley de la Marina Mercante de 1920, ha regulado el comercio marítimo interno durante un siglo. Esta normativa exige que toda mercancía transportada entre puertos estadounidenses viaje en buques construidos, tripulados y de propiedad de ciudadanos de Estados Unidos. Al pausar estas restricciones, el gobierno permite que embarcaciones de bandera extranjera trasladen recursos vitales. Entre los insumos beneficiados se encuentran el petróleo, el gas natural, el carbón y los fertilizantes industriales.
Este tipo de exenciones son sumamente inusuales y solo se aplican en situaciones de emergencia nacional. Previamente, se recurrió a esta medida tras el azote del huracán Fiona en 2022 y el ciberataque a oleoductos en 2021. La portavoz oficial, Karoline Leavitt, detalló que este paso es fundamental para asegurar el abasto en todo el territorio. Actualmente, las fuerzas armadas continúan ejecutando la Operación Furia Épica, lo que añade presión a la logística de seguridad nacional.
¿Qué es exactamente la Ley Jones y por qué es tan relevante?
Para entender el impacto de esta suspensión, es necesario comprender el origen de la ley. El Congreso la aprobó tras la Primera Guerra Mundial para reconstruir la flota mercante diezmada por submarinos alemanes. El objetivo principal era garantizar que Estados Unidos contara con barcos propios en caso de nuevos conflictos bélicos. Por ello, la ley prohíbe que naves extranjeras participen en el comercio interno entre puertos de la nación.
Sin embargo, esta protección del sector naviero local conlleva costos operativos significativamente más altos que los estándares internacionales. Los barcos con bandera de Estados Unidos son más caros de construir y operar, lo que eleva el precio final de los productos. Estados como Hawái y territorios como Puerto Rico son los más afectados por esta carga económica. En el contexto actual, la rigidez de esta ley se considera un obstáculo para la distribución rápida de combustible.
La administración Trump argumenta que la flexibilidad es necesaria para proteger la seguridad energética del ciudadano promedio. Al permitir la competencia extranjera en rutas internas, se espera habilitar un flujo más eficiente de combustibles. La Ley de 1920 se suspende bajo el criterio de “interés de la defensa nacional”. Esta facultad es otorgada al Ejecutivo para responder a crisis que amenacen la estabilidad del suministro básico en el país.
¿Por qué se toma esta decisión en medio del conflicto con Irán?
La escalada de la guerra en Oriente Medio ha paralizado el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz. Esta situación ha disparado el precio del crudo Brent a casi 109 dólares por barril. En Estados Unidos, el promedio nacional de la gasolina superó los 3,84 dólares por galón este miércoles. Los ataques iraníes contra instalaciones de gas en Qatar han incrementado el temor a una escasez global de suministro.
Ante este panorama, el gobierno federal ha implementado una respuesta coordinada a gran escala. Además de suspender la Ley Jones, se han liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esta acción forma parte de un esfuerzo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para inyectar 400 millones de barriles al mercado. El objetivo es contrarrestar el aumento del 46% en el precio del petróleo registrado en lo que va del mes.
La suspensión de la ley también abarca insumos esenciales como los fertilizantes, cruciales para la cadena alimentaria. La Casa Blanca busca evitar que la crisis energética se traslade con fuerza a otros sectores productivos. Karoline Leavitt enfatizó que el gobierno supervisa constantemente la integridad de infraestructuras críticas como terminales portuarias. La meta es garantizar que los recursos lleguen a los centros industriales sin las restricciones habituales de bandera.
¿Podrá esta medida reducir realmente los precios de la gasolina?
Existe un debate activo sobre la efectividad real de suspender la Ley Jones en el corto plazo. Analistas del Center for American Progress sugieren que el alivio en la Costa Este podría ser de apenas 3 centavos. No obstante, la administración confía en que abrir rutas marítimas internas ampliará las opciones de transporte necesarias. Es un intento por reducir los cuellos de botella logísticos que encarecen el traslado de productos refinados desde el Golfo.
Es importante destacar que las refinerías de las costas Este y Oeste procesan mayoritariamente crudo pesado. Dado que Estados Unidos produce principalmente crudo ligero, la dependencia de importaciones y traslados marítimos es constante. El precio del diésel ya se sitúa en los 5 dólares por galón, lo que afecta directamente al transporte de carga. Cualquier reducción en los costos de flete marítimo se considera un avance necesario en esta emergencia.
Por otro lado, la medida no es una solución mágica debido al tiempo que tarda el suministro en llegar al consumidor. Las refinerías suelen comprar crudo con anticipación, lo que retrasa el reflejo de estas políticas en las estaciones de servicio. Sin embargo, combinada con la flexibilización de sanciones a otros productores, el gobierno espera estabilizar el mercado. La Casa Blanca continuará evaluando la eficiencia logística durante los próximos dos meses de vigencia de la exención.
¿Qué otras acciones complementan esta estrategia de emergencia?
La suspensión de la Ley Jones es solo una pieza del rompecabezas económico que intenta armar Washington. Recientemente, el Departamento del Tesoro flexibilizó sanciones para permitir negocios con la empresa estatal de petróleo de Venezuela. También se han levantado ciertas restricciones sobre el petróleo ruso en un intento por inundar el mercado de oferta. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que se estudian medidas adicionales de emergencia.
El despliegue de la Operación Furia Épica sigue siendo la prioridad militar, pero la estabilidad interna es clave. El gobierno busca un equilibrio entre la ofensiva en el extranjero y la paz económica en casa. La coordinación con otras economías ricas a través de la AIE representa el mayor retiro de reservas en la historia. Estas acciones buscan demostrar una postura firme frente a la volatilidad geopolítica que domina el 2026.
Finalmente, la administración mantiene su compromiso de fortalecer las cadenas de suministro a largo plazo. Aunque la exención es por 60 días, el monitoreo de los precios mayoristas será diario. La comunidad empresarial y los sindicatos navieros observan con atención este cambio temporal de política. Mientras dure la incertidumbre en Oriente Medio, el gobierno de Trump asegura que usará todas las herramientas legales para proteger el bolsillo estadounidense.