Un fallo suspende la orden de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento. ¿Quién ganará esta batalla legal?
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Un juez federal de Maryland ha asestado un duro golpe a la agenda migratoria del presidente Donald Trump al suspender su orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, un pilar de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU. El fallo ha desatado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial, la protección de derechos fundamentales y el futuro de las políticas migratorias en un país profundamente dividido. Mientras la administración Trump promete apelar y la Corte Suprema interviene parcialmente, la batalla legal promete intensificarse, con implicaciones que podrían redefinir la identidad estadounidense.
El fallo que desafía a Trump
Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense no serían ciudadanos automáticos, desafiando la cláusula de la 14ª Enmienda que garantiza la ciudadanía por nacimiento a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. La orden, que entró en vigor en febrero, instruía al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a denegar pasaportes y beneficios federales a estos niños, afectando potencialmente a 4.7 millones de personas nacidas en EE.UU. desde 1980, según estimaciones del Migration Policy Institute.
La jueza federal Lydia Kay Griggsby, del Tribunal de Distrito de Maryland, emitió una orden preliminar que bloquea la implementación de la medida, argumentando que viola la Constitución y excede la autoridad ejecutiva. “La ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental, no un privilegio sujeto a decretos presidenciales”, escribió Griggsby en su fallo de 42 páginas, citando precedentes como United States v. Wong Kim Ark (1898). La demanda, presentada por la ACLU y el Center for Immigration Studies, representa a familias de California y Texas afectadas por la orden.
Reacciones y divisiones
El fallo ha generado reacciones polarizadas. Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) celebraron la decisión como una victoria para las comunidades inmigrantes. “Este es un paso hacia la justicia para millones que han vivido bajo amenaza”, declaró el presidente de LULAC, Domingo García, a Reuters. Por otro lado, la Casa Blanca, a través de la portavoz Kristi Noem, calificó el fallo como “activismo judicial” y anunció que apelará de inmediato. Trump, en un discurso, afirmó que la orden es necesaria para “proteger la soberanía” y evitar la migración ilegal, que, según el DHS, alcanzó 2.5 millones de encuentros en la frontera en 2024.
La Corte Suprema, en una decisión de 6-3, limitó parcialmente las medidas cautelares nacionales que bloqueaban la orden de Trump, argumentando que los jueces federales excedieron su autoridad al emitir restricciones a nivel nacional, según AP. Sin embargo, la suspensión de Maryland permanece vigente, creando un mosaico legal que deja a miles de familias en incertidumbre.
Contexto histórico y constitucional
La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la 14ª Enmienda tras la Guerra Civil, fue diseñada para garantizar derechos a los hijos de esclavos liberados y ha sido un pilar de la identidad estadounidense. Según un análisis de la Universidad de Georgetown, el 97% de los países del hemisferio occidental otorgan ciudadanía por nacimiento, lo que hace que la orden de Trump sea una anomalía global. Expertos legales, como Erwin Chemerinsky de UC Berkeley, advierten que eliminar este derecho requeriría una enmienda constitucional, un proceso que necesita la aprobación de dos tercios del Congreso y tres cuartos de los estados, algo improbable dado el actual clima político.
La orden de Trump también plantea desafíos prácticos. El Pew Research Center estima que 5.5 millones de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados viven actualmente en el país. Negarles la ciudadanía podría crear una clase de apátridas, aumentando la exclusión social y los costos económicos. Un informe del Center for American Progress calcula que deportar a estas familias costaría $315 mil millones, sin contar el impacto en sectores como la agricultura, donde el 50% de los trabajadores son indocumentados.
Implicaciones políticas y sociales
La suspensión ha avivado el debate sobre la migración en un año clave. Los republicanos, liderados por figuras como el senador Ted Cruz, argumentan que la ciudadanía por nacimiento incentiva la migración “ilegal”, citando que el 7% de los nacimientos en EE.UU. (280,000 al año) son de padres indocumentados, según el CDC. En contraste, demócratas como la senadora Elizabeth Warren califican la orden como un “ataque racista” que busca demonizar a las minorías. Una encuesta de Gallup de junio muestra que el 62% de los estadounidenses apoya mantener la ciudadanía por nacimiento, mientras que el 35% favorece restricciones.
Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el impacto en las comunidades vulnerables. La Red Nacional de Jornaleros reportó un aumento del 25% en consultas legales por miedo a la pérdida de derechos desde febrero. Además, el fallo ha inspirado acciones legales similares en estados como Nueva York y California, donde los fiscales generales planean presentar demandas paralelas.
El camino legal por delante
La batalla está lejos de terminar. La administración Trump ha solicitado una revisión acelerada en la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, y expertos anticipan que el caso llegará nuevamente a la Corte Suprema, donde la mayoría conservadora (6-3) podría inclinar la balanza. Un informe de la Brookings Institution sugiere que una decisión final podría demorar hasta 2027, dejando a millones en un limbo legal. Mientras tanto, el DHS ha pausado la implementación de la orden, pero mantiene registros de nacimientos para posibles acciones futuras, según NPR.
El fallo de Maryland también ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo. “Los presidentes no pueden reescribir la Constitución por decreto”, afirmó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, a The Washington Post. Sin embargo, el asesor de Trump, Stephen Miller, insiste en que la 14ª Enmienda no protege a los hijos de indocumentados, una interpretación rechazada por la mayoría de los constitucionalistas.
Un debate que define a EE.UU.
La suspensión de la orden de Trump no solo es una victoria temporal para los defensores de los derechos de los inmigrantes, sino también un recordatorio de la fragilidad de las garantías constitucionales en tiempos de polarización. Con las elecciones de medio término de 2026 en el horizonte, el caso podría galvanizar tanto a los partidarios de Trump como a sus críticos. Mientras las cortes deciden, la pregunta persiste: ¿prevalecerá el texto de la 14ª Enmienda, o logrará Trump redefinir quién es ciudadano estadounidense?