El Gobierno asegura que las redadas migratorias continuarán durante el cierre del DHS.
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El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha cumplido su segundo día de parálisis administrativa. Sin embargo, la maquinaria de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no muestra signos de fatiga. Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, fue tajante sobre el futuro inmediato de los operativos. En una entrevista reciente, aseguró que las redadas migratorias se mantendrán vigentes en todo el país. Esta decisión ignora el estancamiento presupuestario que actualmente mantiene a Washington en una crisis política profunda.
Homan explicó que la misión migratoria es la prioridad central de la administración actual. Según el funcionario, los agentes federales seguirán aplicando las políticas de mano dura impulsadas por Donald Trump. El encargado de la frontera destacó que la seguridad nacional no puede pausarse por falta de acuerdos legislativos. Para él, las cifras récord de arrestos y las deportaciones masivas representan el cumplimiento del mandato popular. El Gobierno sostiene que la frontera es hoy la más segura de la historia de la nación.
La falta de fondos implica que miles de agentes de ICE deberán realizar sus labores sin recibir un salario inmediato. Homan minimizó este impacto económico sobre el personal federal de campo. “Los oficiales no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando”, declaró el funcionario a la cadena CNN. Esta postura refuerza la idea de que la ejecución de la ley migratoria está por encima de las compensaciones financieras. La administración confía en que el compromiso del personal mantendrá el ritmo de las operaciones.
¿Cómo impactará el cierre del presupuesto en la seguridad nacional?
El origen de este conflicto se encuentra en el Senado de los Estados Unidos. El pasado jueves, la cámara fracasó al intentar aprobar un proyecto de ley de financiamiento. La propuesta republicana buscaba dotar de recursos al DHS hasta el próximo septiembre. No obstante, el bloque demócrata bloqueó la medida de manera casi unánime. Los opositores argumentaron que el texto no incluía límites suficientes a las operaciones agresivas del ICE. Este choque ideológico ha dejado al departamento en un limbo administrativo peligroso.
Las quejas de la bancada demócrata no son solo retóricas o políticas. Sus exigencias surgen tras incidentes violentos ocurridos recientemente en ciudades como Mineápolis, Minnesota. En dicha localidad, las operaciones de control migratorio se saldaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. Estos trágicos eventos provocaron una ola de protestas y reclamos de transparencia a nivel federal. Por ello, la oposición insiste en establecer salvaguardas antes de liberar nuevos fondos millonarios.
A pesar de la parálisis, el funcionamiento operativo del DHS no se detiene por completo. El departamento emplea actualmente a más de 270,000 personas en diversas agencias. Se estima que más del 90 % del personal seguirá activo durante este lapso de cierre. Las funciones consideradas esenciales permiten que la vigilancia fronteriza y los arrestos internos continúen sin interrupciones. Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, ha sido visto coordinando esfuerzos federales en las zonas de mayor conflicto.
¿Qué papel juega la seguridad fronteriza en el conflicto político actual?
Este nuevo cierre es el segundo que ocurre solo en el mes de febrero. A diferencia de eventos anteriores, el resto del Gobierno federal ya cuenta con presupuesto aprobado. La parálisis actual afecta de manera exclusiva a las agencias bajo la sombrilla del DHS. Esto incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración. También impacta a la Administración de Seguridad en el Transporte y a la Guardia Costera. Incluso el Servicio Secreto y la FEMA enfrentan restricciones financieras.
El ICE se ha convertido en la cara más visible de la estrategia política del mandatario. Junto con la CBP, ha ejecutado redadas intensas en ciudades con gobiernos de mayoría demócrata. Chicago, Los Ángeles y Mineápolis han sido los escenarios principales de estas movilizaciones policiales. Los demócratas consideran que el uso de estas agencias tiene un trasfondo electoral evidente. Mientras tanto, el ala republicana defiende que se trata de una aplicación necesaria de la ley soberana.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, tiene un as bajo la manga en esta disputa. Gracias a la legislación presupuestaria aprobada previamente, posee flexibilidad para reubicar fondos internos. Esta inyección millonaria de recursos permite garantizar que las operaciones migratorias no sufran por el bloqueo. Noem puede reorganizar el dinero para priorizar las tareas de control y vigilancia fronteriza. Esto significa que, aunque el Congreso no actúe, el flujo operativo del ICE tiene respaldo financiero previo.
¿Qué medidas se están tomando para evitar la violencia policial?
Los demócratas han presentado una lista de diez condiciones estrictas para retomar el financiamiento. Entre ellas, exigen que los agentes utilicen identificación clara y órdenes judiciales para realizar arrestos. La muerte de estadounidenses en Minnesota ha elevado el costo político de la opacidad operativa. La oposición sostiene que no aprobará fondos sin garantías que pongan límites al exceso policial. Consideran que el uso de la fuerza debe estar estrictamente regulado por protocolos de transparencia.
Los republicanos afirman que ya se han implementado cambios significativos en el terreno. Destacan el uso generalizado de cámaras corporales durante las intervenciones en zonas urbanas y rurales. Acusan a la oposición de utilizar el cierre del DHS como una herramienta de chantaje político. Mientras tanto, el Congreso se encuentra en un receso programado hasta el 23 de febrero. Esta pausa legislativa garantiza que el cierre del departamento se extienda, al menos, una semana más.
La presión social sobre la administración Trump ha comenzado a reflejarse en las estadísticas de opinión. Encuestas recientes muestran una caída notable en la aprobación del manejo de la frontera. Muchos ciudadanos ven con preocupación la agresividad de las redadas en comunidades residenciales. Al mismo tiempo, el personal de la TSA y FEMA sigue trabajando sin recibir su pago correspondiente. Esta situación genera un desgaste emocional y económico en las familias de los empleados públicos.
¿Es posible un acuerdo antes del regreso del Congreso?
El escenario actual recuerda el récord de 43 días de cierre ocurrido el año pasado. En aquella ocasión, las funciones administrativas se vieron limitadas de manera severa en todo el país. Sin embargo, la diferencia actual radica en que la disputa se concentra en una sola entidad. El ICE y la CBP parecen estar blindados financieramente por fondos aprobados con anterioridad. Esto les otorga una autonomía operativa que las otras agencias federales no poseen en este momento.
La desconfianza entre ambos partidos en Washington ha llegado a un punto de ruptura total. Los republicanos se encuentran divididos entre propuestas de financiamiento anual y planes provisionales. Esta falta de cohesión interna dificulta la negociación de un frente común ante los demócratas. Mientras los políticos discuten en los pasillos, los operativos en las calles mantienen su ritmo habitual. Homan ha dejado claro que no hay intención de reducir la presión migratoria.
El futuro del DHS depende ahora de la capacidad de compromiso de los líderes parlamentarios. Si no se alcanza un acuerdo para finales de febrero, la moral de los agentes podría decaer. Trabajar sin salario es un sacrificio que pocos trabajadores pueden sostener a largo plazo. Por ahora, el ICE se mantiene firme en su misión de arrestos y deportaciones masivas. La nación observa con atención cómo se desarrolla este pulso de poder en el corazón de la democracia.