El Gobierno autorizó al ICE a acceder a información de inscritos en Medicaid, como direcciones y etnia.
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La administración Trump ha desatado una tormenta de críticas al autorizar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a acceder a datos personales de los 79 millones de inscritos en Medicaid, incluyendo direcciones, números de Seguro Social y etnia, según un acuerdo revelado por The Associated Press. Esta medida, que no fue anunciada públicamente, otorga al ICE herramientas para rastrear a inmigrantes que podrían estar viviendo sin autorización legal en EE.UU., generando temores de vigilancia masiva y un impacto devastador en comunidades vulnerables.
Un acuerdo secreto que sacude la confianza
El acuerdo, firmado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite al ICE acceder a la base de datos del Sistema de Información Estadística de Medicaid Transformado (T-MSIS), que contiene información detallada sobre nombres, direcciones, fechas de nacimiento, etnias y números de Seguro Social de los beneficiarios de Medicaid. Este programa, que cubre a 79 millones de personas de bajos ingresos, discapacitados y ancianos, es el mayor asegurador de salud del país. La medida, justificada por la administración como un esfuerzo para prevenir “desperdicio, fraude y abuso” en Medicaid, ha sido criticada como una violación de la privacidad y una amenaza a los derechos civiles.
La representante demócrata Pramila Jayapal calificó la decisión como una “militarización de datos” en un comunicado, advirtiendo que afecta no solo a inmigrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses inscritos en Medicaid. El acuerdo especifica que el ICE usará los datos para “localizar extranjeros” identificados como objetivos, pero no permite descargar la información, limitando el acceso de 9 a.m. a 5 p.m. hasta el 9 de septiembre de 2025.
Legalidad bajo fuego
La legalidad del acuerdo ha sido cuestionada por legisladores y funcionarios de los CMS. Sara Vitolo, subdirectora de Medicaid, advirtió en un memorando interno en junio que compartir estos datos viola leyes federales, incluyendo la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. A pesar de estas objeciones, dos asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la entrega de datos en solo 54 minutos, según correos obtenidos por la AP. Veinte estados, incluidos California, Nueva York y Washington, han presentado demandas alegando que la transferencia infringe las leyes de privacidad sanitaria.
El senador Adam Schiff, demócrata de California, declaró: “Esta transferencia masiva de datos personales debería alarmar a todos los estadounidenses. Es una violación flagrante de nuestras leyes de privacidad”. California, bajo el liderazgo del fiscal general Rob Bonta, está buscando una orden judicial para bloquear el acceso del ICE, argumentando que la medida podría disuadir a las personas de buscar atención médica esencial, especialmente para niños.
Impacto en las comunidades vulnerables
La divulgación de datos de Medicaid, que incluye a millones de niños y personas de bajos ingresos, podría tener un “efecto disuasorio” en el acceso a la atención médica, según expertos. Elizabeth Laird, del Centro para la Democracia y la Tecnología, afirmó que la medida “traiciona la confianza de casi 80 millones de personas”. En estados como California, donde los no ciudadanos representan solo el 6% de los inscritos en Medicaid, según la Kaiser Family Foundation, la ansiedad ya está creciendo. La Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados del Condado de Orange reportó un aumento en el miedo entre los beneficiarios, quienes temen que buscar atención médica los convierta en objetivos de deportación.
John Sandweg, exdirector interino del ICE durante la administración Obama, señaló que esta medida es inusual, ya que los datos médicos sensibles no se compartían tradicionalmente con el DHS. “Esto podría hacer que las personas eviten buscar atención médica de emergencia por miedo a ser rastreadas”, dijo. La preocupación se intensifica en estados como California, Illinois y Washington, que financian programas de Medicaid para no ciudadanos con fondos estatales, los cuales ahora están bajo escrutinio federal.
Defensa de la administración y críticas
La administración Trump defiende la medida como parte de su compromiso de proteger los fondos de Medicaid para “ciudadanos legales”. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, afirmó que el acuerdo busca “garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban beneficios destinados a estadounidenses legales”. Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), insistió en que la acción es legal y necesaria para restaurar la “credibilidad” del programa Medicaid, criticando a la administración Biden por supuestamente permitir el abuso del sistema.
Sin embargo, críticos como la analista de políticas de salud Katch argumentan que compartir datos personales fuera del CMS, salvo para investigaciones de fraude, es una ruptura con la práctica histórica. “Es impensable que el CMS viole la confianza de los beneficiarios de esta manera”, dijo. La medida se suma a otras acciones de la administración Trump, como arrestos del ICE en tribunales de inmigración y redadas asistidas por la Guardia Nacional en California, que han intensificado el temor en comunidades migrantes.
Un futuro incierto
La controversia llega en un momento crítico, con el Senado aprobando recortes de 9,000 millones de dólares en ayuda exterior y medios públicos, y demandas contra el ICE por arrestos en tribunales de inmigración. La transferencia de datos de Medicaid podría complicar aún más la agenda de Trump, que enfrenta oposición tanto de demócratas como de algunos republicanos preocupados por el impacto en la confianza pública. El representante Vicente Sarmiento, del Condado de Orange, señaló que las familias inscritas en Medicaid esperaban que su información estuviera protegida.
Con 20 estados demandando y California buscando bloquear la medida en los tribunales, el debate sobre la privacidad y los derechos de los inmigrantes está lejos de terminar. La administración Trump insiste en que la vigilancia de datos es un paso hacia la seguridad nacional, pero para millones de beneficiarios de Medicaid, la pregunta es si buscar atención médica los pondrá en la mira del ICE. ¿Podrá la Casa Blanca justificar esta política sin alienar aún más a las comunidades vulnerables?