El Senado y la Casa Blanca llegan a un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno.
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Washington ha logrado esquivar, al menos temporalmente, el abismo de una parálisis administrativa. Los líderes del Senado de Estados Unidos y la Casa Blanca alcanzaron este jueves un acuerdo de financiación bipartidista crucial. Este pacto surge en un momento de extrema tensión política y social en el país. El objetivo principal es evitar que el Gobierno federal se quede sin fondos a la medianoche de este viernes.
La estrategia elegida por los legisladores ha sido dividir la propuesta presupuestaria en dos bloques diferenciados. Por un lado, se ha creado un proyecto denominado «minibus» que extenderá la financiación de diversas partidas generales. Esto permitirá que la mayoría de las agencias federales sigan funcionando sin interrupciones. Por otro lado, el conflictivo presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se tratará de manera independiente bajo condiciones específicas.
Este movimiento táctico responde al profundo estancamiento que mantenía bloqueadas las negociaciones en la Cámara Alta. El desacuerdo central giraba en torno a las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Al separar los fondos, el Congreso garantiza la operatividad del resto del Estado mientras se mantiene abierta la disputa sobre la seguridad fronteriza. Es una tregua técnica que busca calmar los mercados y la opinión pública.
¿Cómo se estructuró el pacto para salvar el financiamiento federal?
El acuerdo establece que la financiación para el DHS se mantendrá en sus niveles actuales. No habrá aumentos ni cambios significativos en su presupuesto hasta el próximo 13 de febrero. Para lograr esto, se recurrió a una resolución de continuidad presupuestaria de corta duración. Esta medida fue informada inicialmente por fuentes del Congreso de ambos partidos a medios especializados como The Hill.
La duración de esta resolución fue el principal punto de fricción en la mesa de diálogo. Inicialmente, los republicanos buscaban un plazo más extenso para dar estabilidad a las agencias de control. Sin embargo, los demócratas insistieron en un impás de solo dos semanas. Su intención es clara: mantener la presión política sobre la administración para forzar cambios en la conducta de los agentes federales.
El DHS es la entidad responsable de la patrulla fronteriza y el control migratorio. Bajo su mando se encuentra el ICE, una agencia que ha estado en el ojo de la tormenta recientemente. La decisión de mantener los fondos bajo una resolución de continuidad permite que los agentes sigan en sus puestos. No obstante, el Congreso ahora tiene una fecha límite muy cercana para decidir el futuro definitivo de estos recursos.
¿Por qué las muertes en Mineápolis se volvieron un eje central del debate?
El contexto de esta negociación es inusualmente trágico y violento. Las tácticas del ICE y del DHS han sido calificadas como “agresivas” por diversos sectores civiles y políticos. La indignación alcanzó su punto máximo tras la muerte de dos ciudadanos civiles en Mineápolis. Ambos murieron a tiros en incidentes donde estuvieron involucrados agentes federales. Estos hechos han transformado una discusión contable en una crisis de derechos humanos.
Los demócratas han utilizado el presupuesto como una herramienta de reforma policial y migratoria. Entre las condiciones exigidas para desbloquear los fondos finales, se incluye la prohibición de una práctica común: el uso de pasamontañas. Los legisladores quieren impedir que los agentes de ICE oculten sus rostros durante los operativos. Argumentan que el anonimato facilita el abuso de poder y dificulta la rendición de cuentas ante la justicia.
Además, el bloque demócrata exige la implementación obligatoria de cámaras corporales portátiles. Estos dispositivos deberían grabar cada operativo realizado en suelo estadounidense. El objetivo es que exista un registro visual claro de cada interacción con civiles. Estas demandas fueron las que llevaron al Senado a rechazar previamente un voto de procedimiento, forzando así a la Casa Blanca a sentarse a negociar bajo nuevos términos.
¿Qué papel desempeñó el presidente Donald Trump en este acercamiento bipartidista?
El presidente Donald Trump mostró este jueves una postura inusualmente conciliadora durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. El mandatario afirmó que estaban «cerca» de lograr el acuerdo, una predicción que se cumplió horas después. Trump subrayó que no creía que el Gobierno fuera a caer en un nuevo cierre parcial. Sus palabras buscaron proyectar una imagen de estabilidad en medio del caos legislativo.
«No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre», explicó el mandatario frente a los medios. Aseguró que su equipo trabajaría de forma bipartidista para evitar la parálisis. Esta declaración representa un giro estratégico. Trump parece reconocer que un cierre gubernamental en este momento tendría consecuencias políticas devastadoras. El país aún recuerda las cicatrices económicas de los conflictos presupuestarios previos.
La presión sobre el presidente también proviene de su propio historial. Trump ya presidió el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. Aquella parálisis se extendió por 43 días, ocurriendo entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. El impacto en los servicios públicos y el descontento de los trabajadores federales fue masivo. Repetir un escenario similar en menos de tres meses era un riesgo que pocos en Washington querían correr.
¿Qué sucederá cuando expire la resolución de continuidad el 13 de febrero?
Aunque el cierre se ha evitado por ahora, la estabilidad alcanzada es sumamente frágil. El 13 de febrero se perfila como un nuevo “Día D” para la política estadounidense. Durante las próximas dos semanas, el Congreso deberá redactar un acuerdo permanente para el DHS. Si no se logran incluir las reformas sobre el uso de cámaras y la identificación de agentes, el conflicto podría reactivarse.
Los demócratas ya han advertido que no darán su brazo a torcer en cuanto a las tácticas del ICE. El recuerdo de los incidentes en Mineápolis sigue muy fresco en la memoria colectiva. Por otro lado, los sectores más conservadores del Partido Republicano se resisten a imponer lo que consideran restricciones excesivas a las fuerzas del orden. La mesa está servida para una quincena de negociaciones intensas y posiblemente hostiles.
Por el momento, los empleados federales pueden estar tranquilos respecto a sus salarios de la próxima quincena. Sin embargo, la resolución de este jueves es más un parche que una solución definitiva. El país observa con atención si la clase política podrá transformar esta tregua en un consenso que garantice tanto la seguridad nacional como el respeto a la vida civil. La cuenta atrás hacia mediados de febrero ya ha comenzado.