La Casa Blanca planea recortes masivos en agencias federales ante un posible cierre del Gobierno.
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A seis días del plazo fatal, Estados Unidos enfrenta la amenaza de un cierre parcial del Gobierno que podría paralizar servicios esenciales y desencadenar despidos masivos y permanentes en agencias federales. Según Politico, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca emitirá esta noche un comunicado ordenando a las agencias preparar planes de “reducción de fuerza” (RIF) para eliminar puestos en programas no esenciales o no alineados con las prioridades del presidente Donald Trump. A diferencia de los furloughs temporales de cierres anteriores, estos recortes serían permanentes, intensificando la estrategia republicana de reducir el gasto público en medio de un estancamiento presupuestario que amenaza con afectar desde los mercados financieros hasta la vida diaria de millones de estadounidenses.
Una orden de recortes sin precedentes
El memo de la OMB, firmado por el director Russell Vought, insta a las agencias a identificar programas que se queden sin fondos el 1 de octubre –inicio del nuevo año fiscal– y diseñar planes de despido permanente para empleados en áreas discrecionales sin financiamiento obligatorio. “Los programas no esenciales enfrentarán el impacto del cierre”, señala el documento. Estos recortes podrían afectar a decenas de miles de trabajadores, sumándose a los aproximadamente 300.000 empleos federales eliminados este año bajo iniciativas como el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado por el aliado de Trump, Elon Musk, desde el comienzo de su mandato.
Aprovechando el cierre para una agenda mayor
Lejos de ser una medida de emergencia, los despidos reflejan un plan deliberado de la administración Trump para “adelgazar” el Gobierno federal, una prioridad desde enero. Programas como los subsidios de Medicaid o la expansión de créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), recortados en el reciente “One Big Beautiful Bill”, están en la mira. Servicios críticos como Seguridad Social, Medicare, operaciones militares y control aéreo seguirán funcionando, pero agencias como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) operarían con personal mínimo, paralizando revisiones corporativas y supervisión de mercados. En el cierre de 2018-2019, el más largo en la historia con 35 días, se vieron retrasos en préstamos estudiantiles, cierres de parques nacionales y suspensiones de inspecciones alimentarias. Ahora, con despidos permanentes, el impacto podría ser aún más severo.
Un Congreso dividido y sin acuerdo
El origen de la crisis está en el Congreso, donde republicanos y demócratas no logran consensuar un presupuesto. La semana pasada, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó una extensión temporal de siete semanas hasta el 21 de noviembre, pero el Senado, también controlado por republicanos, la rechazó. A pesar de su mayoría, los republicanos necesitan 60 votos en el Senado para aprobar el presupuesto, lo que requiere al menos siete votos demócratas. Los demócratas, liderados por Chuck Schumer en el Senado y Hakeem Jeffries en la Cámara, exigen proteger partidas de salud, incluyendo la reversión de recortes a Medicaid y la extensión de subsidios de la ACA, cuyo costo la Oficina de Presupuesto del Congreso estima en 1,4 billones de dólares en una década. Los republicanos califican estas demandas de “absurdas” y acusan a los demócratas de querer forzar el cierre.
Demócratas denuncian intimidación
Trump, quien inicialmente aceptó reunirse con Schumer y Jeffries, canceló el encuentro, tildando sus demandas de “inaceptables”. En respuesta, Jeffries declaró en X: “No nos dejaremos intimidar por su amenaza de realizar despidos masivos”. Schumer calificó la maniobra como un “intento de intimidación” y afirmó que Trump “ha estado despidiendo a empleados federales desde el primer día, no para gobernar, sino para intimidar”. Los demócratas aseguran que no cederán, mientras los republicanos, liderados por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder mayoritario del Senado, John Thune, acusan a la oposición de sabotear el proceso con demandas “partidistas”.
Lecciones de cierres históricos
Esta no es la primera vez que Estados Unidos enfrenta un cierre. Desde 1976, ha habido 20 interrupciones de financiamiento, según la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, pero solo cuatro superaron un día laboral: 1995-1996 (26 días), 2013 por Obamacare (16 días) y 2018-2019 por el muro fronterizo (35 días, con un costo de 11.000 millones de dólares). Ninguno, sin embargo, incluyó despidos permanentes a esta escala, lo que marca un precedente alarmante.
Impacto económico y social
Un cierre paralizaría el flujo de datos económicos clave, como informes de empleo e inflación, dejando a la Reserva Federal “volando a ciegas”, según analistas de Nomura y TD Securities. La SEC y CFTC, con personal reducido, retrasarían revisiones de Ofertas Públicas Iniciales (OPI), afectando el mercado. En la vida diaria, los efectos serían inmediatos: parques nacionales cerrados, inspecciones de alimentos suspendidas, audiencias de inmigración canceladas y retrasos en préstamos para pequeñas empresas y viviendas. Los 2,4 millones de empleados federales enfrentarían no solo furloughs sin paga, sino la pérdida definitiva de empleos, agravando la incertidumbre en una economía ya presionada por aranceles y recortes.
Dudas legales y una carrera contrarreloj
Expertos como David Super, profesor de derecho presupuestario en Georgetown, cuestionan la legalidad de los despidos: “La ley federal no autoriza recortes permanentes durante un cierre”. Sin embargo, un reciente fallo de la Corte Suprema permite a Trump usar la “rescisión” para cancelar fondos aprobados sin 60 votos en el Senado. Los demócratas advierten que estos despidos serían “revocados en tribunales”, pero el daño inmediato sería significativo. Con el Congreso de regreso el 29 de septiembre, el tiempo se agota. Trump propone una extensión “limpia” hasta enero, pero Schumer insiste: “Evitar un cierre requiere que los republicanos negocien seriamente”. Para 330 millones de estadounidenses, este no es solo un enfrentamiento político: es el riesgo de un Gobierno más pequeño a un costo humano y económico devastador.