Trump intensifica esfuerzos por revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados.
El Gobierno de Donald Trump ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra la inmigración legal. El objetivo principal es ahora revocar la ciudadanía estadounidense a personas nacidas en el extranjero. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, esta estrategia busca endurecer los controles de permanencia en el país. La medida representa un giro drástico en la política migratoria de la nación.
Para lograrlo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha reasignado a su personal especializado. Expertos en fraude están siendo enviados a oficinas locales en todo el territorio estadounidense. La meta es revisar expedientes antiguos de ciudadanos ya naturalizados. Buscan detectar cualquier anomalía o engaño cometido durante el proceso de solicitud original. Esta acción ha generado una alerta máxima entre las comunidades inmigrantes.
El plan establece metas numéricas sorprendentes para las oficinas de litigios de inmigración. Se espera procesar entre 100 y 200 casos de desnaturalización cada mes. Esta cifra contrasta radicalmente con los datos del primer mandato de Trump. Durante aquellos cuatro años, solo se presentaron 102 casos en total. La nueva cuota mensual superaría con creces todo lo realizado en el pasado.
¿Cómo planea el gobierno acelerar la revocación de ciudadanías?
La nueva iniciativa forma parte de una agenda política republicana más amplia. Incluye la movilización de agentes del DHS a diversas ciudades para misiones de deportación. El Gobierno también ha invertido en la compra de almacenes masivos para detenciones. Estas medidas buscan reducir drásticamente la población de inmigrantes legales e ilegales por igual. La agresividad de estas tácticas no tiene precedentes cercanos.
El enfoque no se limita a quienes cometieron delitos graves o violaciones de derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional está revocando visas a manifestantes y residentes legales. Incluso los titulares de tarjetas de residencia están bajo el escrutinio de las autoridades. El vocero del USCIS, Matthew Tragesser, confirmó que existe una política de tolerancia cero hacia el fraude. La agencia perseguirá sin descanso a quienes mientan en su proceso.
Anteriormente, las investigaciones se centralizaban en un almacén en Pasadena, California. Ahora, el personal opera en más de 80 oficinas locales en todo el país. Los funcionarios buscan atajos legales para acelerar los juicios de desnaturalización. El Departamento de Justicia ha instruido a sus abogados para priorizar estos expedientes. La intención es clara: despojar del privilegio de la ciudadanía a quienes el Gobierno considere no aptos.
¿Qué criterios se están utilizando para identificar a los candidatos?
Los criterios de selección para las investigaciones son sumamente amplios y variados. Se incluyen personas que representen riesgos para la seguridad nacional o criminales de guerra. Sin embargo, también se persigue a quienes hayan cometido fraude al Medicaid o Medicare. Incluso errores menores en declaraciones gubernamentales podrían ser motivo de investigación. El Departamento de Justicia tiene discreción absoluta para elegir qué casos considera “suficientemente importantes”.
Históricamente, la desnaturalización era un proceso reservado para casos extremos de fraude. En décadas pasadas, se utilizó principalmente para expulsar a antiguos criminales nazis. Sin embargo, la interpretación actual de la ley se ha expandido peligrosamente. Trump ha expresado frecuentemente su descontento con inmigrantes de países en desarrollo. Su administración cuestiona ahora la noción misma de quién merece ser llamado estadounidense.
Cada año, cerca de 800,000 personas logran naturalizarse tras cumplir estrictos requisitos legales. Deben demostrar “buena conducta moral”, hablar inglés y conocer la historia del país. La administración Trump está utilizando el concepto de “buena conducta” para reevaluar ciudadanías otorgadas. Expertos legales advierten que esto podría convertir a miles de personas en blancos vulnerables. La incertidumbre jurídica afecta la estabilidad de familias enteras en todo el país.
¿Cuáles son los obstáculos legales para retirar la nacionalidad?
A pesar de la presión política, el proceso de desnaturalización sigue siendo complejo. Los requisitos legales son estrictos y las batallas judiciales pueden durar varios años. Exfuncionarios del USCIS, como Doug Rand, aseguran que un presidente no puede actuar unilateralmente. La protección constitucional de la ciudadanía es una de las más fuertes en el sistema legal. Despojar a alguien de su nacionalidad requiere pruebas irrefutables de fraude intencional.
Sarah Pierce, analista de políticas migratorias, señala que el USCIS posee mucha discrecionalidad. Esto permite que personas que no tuvieron problemas al naturalizarse enfrenten ahora escrutinio adicional. Existe una preocupación real sobre denuncias de fraude aplicadas de forma retroactiva. Cualquier inconsistencia en el pasado podría ser usada como arma legal hoy. Los cambios en las políticas están diseñados para encontrar fallas donde antes no se veían.
El entorno legislativo también se está moviendo a favor de estas restricciones extremas. Legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley para facilitar la revocación de ciudadanías. La propuesta incluye a quienes cometan delitos graves en los diez años posteriores a naturalizarse. Actualmente, el Gobierno ya ha ganado siete casos en lo que va del segundo mandato. Uno de ellos involucró a un ciudadano condenado por distribuir imágenes ilícitas de menores.
¿Qué impacto emocional y económico genera esta campaña en la comunidad?
La abogada Deborah Chen ha reportado casos de denegación de ciudadanía por deudas fiscales. Incluso clientes con planes de pago activos han visto sus solicitudes rechazadas por este motivo. Esto indica que los funcionarios buscan atributos negativos para cuestionar la moralidad del solicitante. La participación comunitaria y el empleo estable ya no parecen ser suficientes para garantizar seguridad. El estándar de evaluación se ha vuelto mucho más rígido y punitivo.
La investigadora Margy O’Herron afirma que la estrategia busca instaurar un terror real en la población. La mera amenaza de desnaturalización silencia las críticas al Gobierno entre los ciudadanos naturalizados. Muchos temen que ejercer sus derechos protegidos por la Constitución los convierta en objetivos políticos. El costo de contratar abogados especializados es prohibitivo para la mayoría de las familias trabajadoras. El proceso mismo es un castigo económico, independientemente del resultado final.
La administración Trump ha convertido la ciudadanía en una herramienta de control político. Los esfuerzos por revocar nacionalidades ya otorgadas rompen con décadas de tradición legal estadounidense. Mientras la Corte Suprema sopesa el futuro de la ciudadanía por nacimiento, los naturalizados viven en vilo. La integridad del sistema migratorio está bajo una transformación que prioriza la exclusión sobre la integración. El sueño americano enfrenta hoy su desafío más grande desde la estructura interna del poder.