La presencia de agentes federales en Washington DC desata protestas.
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Washington D.C. se encuentra sumida en una crisis sin precedentes, con protestas masivas, tensiones entre autoridades federales y locales, y un creciente malestar social. La decisión del presidente Donald Trump de extender el control federal sobre la policía de la ciudad, junto con medidas para penalizar a las personas sin hogar y una mayor cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado una ola de indignación.
Agentes federales y protestas ciudadanas
La presencia de agentes federales en las calles de D.C., muchos desplegados sin identificación clara, ha generado una respuesta contundente de los residentes. Desde principios de agosto, miles de personas han salido a protestar bajo consignas como “Get off our streets” (Fuera de nuestras calles), denunciando lo que perciben como una ocupación federal. Según un reporte del Washington Post, al menos 200 manifestantes han sido detenidos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, con reportes de uso de gas lacrimógeno y tácticas agresivas en al menos el 15% de los casos, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Un episodio que captó la atención ocurrió cerca del Capitolio, cuando un agente federal fue impactado por un sándwich de Subway arrojado por un manifestante. El incidente, aunque menor, se volvió viral y fue descrito como un símbolo de la frustración ciudadana. El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) confirmó la detención del responsable, pero el evento ha intensificado el debate sobre la presencia federal en la ciudad.
Control federal sobre la policía de D.C.
El presidente Trump ha anunciado planes para extender el control federal sobre el MPD por más de 30 días, una medida que comenzó como un operativo para “restaurar el orden” tras recientes disturbios. Según un comunicado oficial de la Casa Blanca, esta extensión busca contrarrestar el aumento de protestas y garantizar la seguridad en la capital. Sin embargo, expertos en gobernanza, citados por The New York Times, advierten que esta decisión podría violar la autonomía de D.C., que no tiene representación con voto en el Congreso.
El control federal implica que el MPD reporta directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha generado críticas de líderes locales. La concejal del Distrito 6, Charles Allen, declaró en una entrevista con WJLA que “la capital no es un campo de pruebas para experimentos autoritarios”. La medida recuerda los eventos de 2020, cuando agentes federales fueron desplegados durante las protestas por el asesinato de George Floyd, generando un precedente de tensión entre el gobierno local y federal.
Cooperación con ICE
Otro punto de fricción es la decisión del MPD de reforzar su cooperación con ICE, rompiendo con la tradición de D.C. como ciudad santuario. Un memorando interno del MPD, detalla que los agentes compartirán información sobre el estatus migratorio de personas detenidas en ciertos casos, alineándose con las políticas migratorias de Trump. Esto ha generado alarma entre las comunidades de inmigrantes, que constituyen cerca del 14% de la población de D.C., según datos del Censo de 2023.
Organizaciones como el DC Immigrant Justice Collaborative han denunciado que esta cooperación pone en riesgo a familias trabajadoras. “D.C. ha sido un refugio para inmigrantes, y esta decisión tracciona esa promesa”, afirmó Maria Gomez, directora de una organización comunitaria. Las protestas frente a las oficinas del MPD han exigido el fin de esta colaboración, con pancartas que rezan “No ICE en D.C.”.
Criminalización de las personas sin hogar
La Casa Blanca también ha propuesto multas de hasta $1,000 y penas de cárcel de hasta 90 días para personas sin hogar que acampen en espacios públicos. Esta política, presentada como un esfuerzo para “limpiar” la ciudad, ha sido condenada por activistas y organizaciones como el National Low Income Housing Coalition (NLIHC). Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), en 2024 había aproximadamente 5,600 personas sin hogar en D.C., un aumento del 12% respecto a 2022.
Un informe de NPR cita a expertos que advierten que estas medidas podrían violar fallos judiciales, como Martin v. Boise (2018), que protege a las personas sin hogar de ser penalizadas por dormir en público cuando no hay alternativas de vivienda. “Criminalizar la falta de vivienda no resuelve el problema; lo agrava”, afirmó Diane Yentel, presidenta de NLIHC. Los refugios en D.C. están al límite, con una capacidad de solo 2,800 camas, según datos del Distrito.
La controversia por la ausencia de Bowser
La alcaldesa Muriel Bowser ha enfrentado duras críticas por su viaje a Martha’s Vineyard en medio de la crisis. Según Politico, Bowser asistió a un evento privado mientras las protestas escalaban y los residentes exigían respuestas. Su oficina emitió un comunicado asegurando que está “monitoreando la situación”, pero la percepción de abandono ha dañado su imagen. “La alcaldesa debería estar aquí, no en una isla de lujo”, dijo un manifestante.
Un polvorín en la capital
Washington D.C. se encuentra en un momento crítico, con protestas diarias, una creciente militarización y políticas que han polarizado a la ciudad. La extensión del control federal, la criminalización de las personas sin hogar y la cooperación con ICE han encendido un polvorín social. Mientras los residentes gritan “Get off our streets” y un sándwich se convierte en un símbolo de resistencia, el futuro de la capital permanece incierto. La pregunta es si estas medidas traerán estabilidad o si profundizarán las divisiones en una ciudad que lucha por mantener su identidad.