El Gobierno envía cartas de deportación a menores migrantes: “Los encontraremos”.
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La administración de Donald Trump ha desatado una ola de indignación al enviar cartas de deportación a niños migrantes, algunos tan jóvenes como de 11 años, en el área de Chicago, amenazándolos con procesos penales y multas si no abandonan EE.UU. Las misivas, emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advierten: “No intenten permanecer ilegalmente; el gobierno federal los encontrará”. Esta política, que apunta a menores no acompañados y a aquellos con parole humanitario, ha sido calificada por defensores de inmigrantes como una violación de los derechos de los niños, intensificando el temor en comunidades migrantes y generando críticas por su impacto en familias vulnerables.
Una táctica intimidatoria
Las cartas, reportadas por el Chicago Tribune, han llegado a al menos 12 menores no acompañados en Chicago, muchos de los cuales se habían reunido recientemente con sus familias tras años de separación. Estas misivas terminan abruptamente con su parole humanitario, un programa que permite a menores quedarse temporalmente en EE.UU. mientras buscan asilo. Una carta ordena a los niños salir del país o enfrentar detención, multas civiles y cargos penales. Xally Morales, una niña de 13 años de Waukegan, recibió una de estas cartas y, junto con su madre, Francisca Petra Guzmán, buscó refugio en una iglesia local por temor a ser detenida.
El DHS defiende la medida como parte de su estrategia para priorizar la deportación de “los peores criminales”, según un comunicado de la asistente del secretario, Tricia McLaughlin. Sin embargo, los defensores argumentan que las cartas carecen de explicación legal y no ofrecen un proceso justo, dejando a los menores sin oportunidad de defenderse. En abril, más de 8,300 niños de 11 años o menos fueron ordenados deportados por cortes de inmigración, el mayor número mensual en 35 años, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse.
Impacto en familias y comunidades
La política ha generado pánico en comunidades migrantes, especialmente en Chicago, donde muchas familias huyeron de la violencia y la persecución en países como Honduras y Guatemala. Francisca Guzmán, madre de Xally, relató que escaparon de abuso doméstico y amenazas de muerte. La falta de acceso a representación legal agrava la situación. En marzo, la administración Trump cortó fondos federales para abogados de menores no acompañados, afectando a 26,000 niños, según una demanda de 11 grupos de defensa. Aunque un juez ordenó restaurar temporalmente los fondos, la abrumadora demanda de servicios legales dejó a muchas familias sin apoyo, según The Washington Post.
La amenaza de deportación ha llevado a familias a buscar refugio en iglesias, aunque estas ya no son consideradas santuarios seguros. John Antia, abogado de inmigración, señaló que las cartas no garantizan una detención inmediata, pero la incertidumbre y el tono intimidatorio crean un ambiente de miedo. “Bajo esta administración, nadie está a salvo. Parecen desesperados por cumplir cuotas, incluso si eso significa detener a un niño”, afirmó Antia. La política también afecta a niños ciudadanos estadounidenses, ya que 4.4 millones viven con un padre indocumentado, según el American Immigration Council.
Contexto de la política migratoria de Trump
La estrategia forma parte de un ambicioso plan de deportación masiva anunciado por Trump, que incluye la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de pandillas como el Tren de Aragua sin proceso judicial. En marzo, más de 200 venezolanos fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin embargo, el DHS no ha presentado pruebas públicas de la afiliación criminal de muchos deportados, lo que ha generado críticas por posibles violaciones de derechos humanos.
La administración también ha endurecido los requisitos para liberar a menores de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), aumentando el tiempo promedio de detención de 67 días en diciembre de 2024 a 170 días en abril de 2025. Nuevas medidas, como pruebas de ADN y verificaciones estrictas de ingresos para patrocinadores, dificultan la reunificación familiar, especialmente para padres indocumentados. Estas políticas, según el Young Center, son una forma de separación familiar disfrazada de protección infantil.
Reacciones y resistencia legal
Organizaciones como el National Immigrant Justice Center han denunciado que las cartas violan la Ley de Prevención de la Trata de 2008, que exige representación legal y repatriación segura para menores no acompañados. “Esto es una forma de abuso estatal”, afirmó Leecia Welch, abogada de Children’s Rights, al The Atlantic. Una demanda en Massachusetts, presentada por la National Immigration Litigation Alliance, argumenta que las deportaciones a terceros países, como las realizadas a Sudán del Sur, exponen a migrantes a riesgos de tortura, violando la Convención Contra la Tortura.
La Corte Suprema ha tenido resultados mixtos frente a las políticas de Trump. Aunque permitió deportaciones a terceros países en junio, también ordenó el retorno de Kilmar Abrego García, deportado ilegalmente a El Salvador. Un juez federal bloqueó temporalmente el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que habría afectado a millones de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados.
Implicaciones económicas y sociales
El impacto de estas políticas va más allá de las familias migrantes. La deportación de un proveedor puede reducir los ingresos familiares hasta en un 45%, según un análisis de datos del Censo de 2018. En comunidades con alta presencia de inmigrantes, como Chicago, esto podría aumentar la pobreza y las ejecuciones hipotecarias, según el American Immigration Council. Además, el costo estimado de una operación de deportación masiva asciende a $167,800 millones, según el mismo grupo, desviando recursos de otras prioridades nacionales.
La retórica de las cartas, como “los encontraremos”, también alimenta el miedo en comunidades mixtas, donde 16.7 millones de personas viven con un familiar indocumentado. Esto ha generado un aumento en el estrés psicológico, especialmente entre niños ciudadanos, con estudios que reportan altos niveles de depresión y ansiedad tras detenciones parentales.
Un futuro incierto
La política de enviar cartas de deportación a niños migrantes marca un endurecimiento de la agenda migratoria de Trump, que parece priorizar el impacto psicológico sobre las familias para forzar autodeportaciones. Mientras el DHS insiste en que busca proteger a los niños de traficantes, los defensores argumentan que estas medidas los exponen a mayores riesgos. La resistencia legal y la presión internacional, incluidas las críticas de la ONU por violaciones de derechos humanos, podrían limitar el alcance de estas políticas, pero el daño ya está hecho. Con miles de niños enfrentando la amenaza de deportación sin acceso adecuado a representación legal, la crisis humanitaria en comunidades migrantes de EE.UU. se profundiza, dejando un panorama de miedo y división.