Gobierno presiona para acelerar deportaciones de menores no acompañados.
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El sistema de justicia migratoria de Estados Unidos atraviesa una transformación estructural que pone en el centro de la polémica a la población más vulnerable: los menores no acompañados. Según han confirmado funcionarios de la administración y equipos legales defensores, el Gobierno de Donald Trump está implementando medidas drásticas para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes bajo custodia federal.
Esta iniciativa surge en un contexto de intensa presión desde la Casa Blanca para procesar y expulsar rápidamente a los menores. El objetivo principal es reducir los tiempos de permanencia en albergues y centros de detención. Sin embargo, esta celeridad está alterando los calendarios judiciales de forma abrupta. Las audiencias de inmigración, donde se decide el futuro de un niño, se están adelantando semanas e incluso meses respecto a sus fechas originales.
Para los abogados, esta política representa un obstáculo casi insalvable. El proceso para obtener medidas de alivio inmigratorio ya es, por naturaleza, lento y complejo. Al recortar los plazos, se dificulta la recopilación de pruebas y la preparación de testimonios. Esta situación coloca a los menores en una carrera contra el tiempo que, según los expertos, socava su derecho al debido proceso.
¿Cómo afecta el adelanto de audiencias a la salud de los niños?
La presión psicológica sobre los menores es evidente y alarmante. Niños de tan solo cuatro o cinco años se ven obligados a comparecer repetidamente ante un tribunal para informar sobre el estado de sus casos. En muchas ocasiones, estos menores deben enfrentar al juez sin asistencia legal, debido a la rapidez con la que se programan las citas.
Emily Norman, directora regional de Kids in Need of Defense (KIND), relata escenas desgarradoras en las cortes. La ansiedad es tan elevada que algunos niños llegan a orinarse encima durante los juicios. El trauma de huir de sus países de origen se ve exacerbado por un sistema judicial que apenas comprenden y que ahora les exige respuestas inmediatas.
En estados como Texas, la situación es crítica. Las audiencias de unos 300 niños residentes en albergues fueron adelantadas con escaso aviso previo. Se han registrado casos donde citas previstas para el año 2027 fueron reprogramadas para realizarse en menos de una semana. Este caos administrativo deja a los defensores sin margen de maniobra para establecer vínculos de confianza con sus representados.
¿Cuál es la justificación oficial detrás de estas medidas?
Desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la narrativa se centra en la eficiencia y la seguridad. Andrew Nixon, portavoz del departamento, afirmó que la prioridad es resolver los casos de manera rápida y conforme a la ley. Según la administración, agilizar los procesos ayuda a desmantelar las redes de trata y explotación controladas por cárteles transfronterizos.
La Casa Blanca sostiene que devolver a los niños a sus países de origen es una medida humanitaria para reintegrarlos con sus familias lo antes posible. Además, argumentan que reducir el tiempo de detención disminuye significativamente los costos para los contribuyentes. Nixon enfatiza que el sistema debe funcionar según lo previsto, evitando estancias prolongadas en centros financiados por el gobierno.
Por otro lado, funcionarios de la administración han insistido en la necesidad de localizar a miles de menores que ingresaron durante el mandato anterior. Alegan que muchos de estos niños están “perdidos” en el sistema. No obstante, exfuncionarios y expertos refutan estas afirmaciones, asegurando que los datos están siendo tergiversados para justificar políticas de expulsión masiva.
¿Qué obstáculos legales enfrentan los menores para quedarse?
La aceleración de los juicios impacta directamente en las solicitudes de protección legal, como el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS). Este beneficio permite obtener la residencia permanente a jóvenes que han sufrido abuso o abandono. Sin embargo, obtener esta certificación requiere pasar primero por un tribunal estatal, un trámite que puede durar varios meses.
El abogado Scott Bassett señala que los menores “sienten que las paredes se les cierran encima”. Al adelantar las audiencias federales, el Gobierno impide que los abogados completen los trámites en las cortes estatales. Sin el documento de Inmigración Especial a tiempo, los jueces de inmigración tienen pocas opciones legales para detener una orden de expulsión inmediata.
Actualmente, los datos federales indican que los niños pasan un promedio de siete meses bajo custodia. Esto supera con creces los registros de años anteriores. La paradoja del sistema actual es que, mientras se endurecen las restricciones para entregar niños a familiares (patrocinadores) en EE. UU., se acelera el camino hacia la deportación, dejando a los menores atrapados en un limbo legal y administrativo.
¿Es este plan una violación al Acuerdo Judicial Flores?
La actual estrategia del Gobierno parece encaminada a dejar de lado las protecciones del histórico Acuerdo Judicial Flores de 1997. Este acuerdo establece estándares para el cuidado humanitario de menores y limita el tiempo que pueden permanecer detenidos. Los defensores argumentan que procesar a niños indocumentados de 3 o 4 años sin abogado viola los principios básicos de humanidad del acuerdo.
Históricamente, el Acuerdo Flores surgió para evitar que menores fueran encarcelados indefinidamente en condiciones deplorables. Al acelerar los procesos de expulsión y restringir la liberación a tutores legales, la administración Trump está desafiando los límites de este marco legal. Los senadores demócratas ya han calificado estas acciones como “crueles”, advirtiendo que ponen en grave peligro a un grupo ya vulnerable.
El endurecimiento de la política migratoria ha generado un clima de miedo constante. Algunos niños, ante la incertidumbre y el agotamiento psicológico, están optando por el abandono voluntario del país. Sin embargo, para la mayoría, el regreso significa volver a las mismas condiciones de violencia y peligro de las que intentaron escapar, cerrando un ciclo de trauma que el sistema judicial estadounidense, en su búsqueda de eficiencia, parece ignorar.