Propietarios de Nueva York demandan freno a renta de Mamdani

Un grupo de propietarios de Nueva York presentó una demanda para anular la congelación de alquileres en cerca de 1 millón de viviendas con renta estabilizada. La medida fue aprobada por la Junta de Directrices de Alquileres y entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

La disputa enfrenta a propietarios e inquilinos en una ciudad marcada por la falta de vivienda asequible. También pone bajo examen la influencia del alcalde Zohran Mamdani sobre un organismo que debe tomar decisiones técnicas e independientes. La congelación fija un aumento de 0% para contratos de 1 y 2 años dentro del régimen de renta estabilizada. La resolución cubrirá renovaciones que comiencen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

¿Qué reclaman los propietarios?

Cinco entidades propietarias y administradoras de 8 edificios presentaron la demanda ante el Tribunal Supremo de Staten Island. El recurso cuestiona la decisión de la Junta de Directrices de Alquileres, conocida como RGB por sus siglas en inglés.

Los demandantes sostienen que la congelación fue una decisión “arbitraria” e influida por la administración de Mamdani. Por ello, piden documentos internos y una audiencia que revise cómo se formó la decisión. La demanda afirma que el alcalde habría nombrado integrantes afines a su propuesta electoral. También acusa a la ciudad de utilizar recursos públicos para impulsar la asistencia de activistas proinquilinos a las audiencias de la junta.

Los propietarios argumentan que el RGB manipuló sus propios datos para justificar un resultado predeterminado. Alegan que los impuestos, seguros, hipotecas, reparaciones y costos laborales han subido con fuerza. La representación legal está a cargo de Randy Mastro, exfiscal federal y exvicealcalde de Nueva York. Mastro fue funcionario durante las administraciones de Rudy Giuliani y Eric Adams.

¿A quiénes protege la congelación?

La congelación no cubre todos los alquileres de Nueva York. Solo aplica a unidades con renta estabilizada, un sistema regulado que limita los incrementos y ofrece derechos de renovación a los inquilinos. El alcance incluye aproximadamente 1 millón de apartamentos y beneficia a unos 2,4 millones de residentes. La Junta aprobó la medida con 7 votos a favor y 1 en contra.

En general, estas viviendas están en edificios construidos antes de 1974 con 6 o más unidades. También pueden estar cubiertas algunas propiedades con beneficios fiscales o programas públicos de vivienda. La protección será válida para contratos de 1 y 2 años renovados durante el periodo fijado por la orden. Un propietario no podrá aplicar un aumento a una unidad protegida solo por la renovación del contrato. Desde enero de 2026, una ley local obliga a los edificios con unidades reguladas a exhibir avisos en inglés y español. El aviso debe explicar cómo verificar si el apartamento está registrado bajo ese régimen.

¿Por qué el caso tiene relevancia política?

Mamdani hizo de la asequibilidad de la vivienda una de sus principales promesas políticas. La decisión del RGB representa una victoria para organizaciones de inquilinos, pero abre un conflicto judicial que podría retrasar o modificar su aplicación. Nueva York vive una presión constante sobre los precios de vivienda. Para muchas familias latinas, una renta estabilizada puede representar la diferencia entre mantener su hogar o mudarse fuera de la ciudad.

Los propietarios, sin embargo, argumentan que congelar alquileres reduce recursos para mantenimiento y mejoras. También advierten que los edificios pequeños, manejados por familias, enfrentan mayores dificultades por la subida de seguros, impuestos y financiamiento.

El antecedente más cercano ocurrió en 2016, durante la administración de Bill de Blasio. En aquella oportunidad, propietarios también recurrieron a los tribunales, pero no lograron revertir la congelación. El resultado del nuevo juicio podría definir cuánto margen tiene la ciudad para controlar el alquiler regulado. Además, puede afectar el debate nacional sobre vivienda, regulación de precios y protección de inquilinos.

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