¿Cómo 30,000 no ciudadanos quedaron registrados para votar por error?

Fallas de programación informática y errores de procesamiento administrativo incorporaron por error a más de 30 000 no ciudadanos registrados para votar en Estados Unidos desde el año 2000. Por otro lado, la investigación periodística publicada por la agencia Reuters reveló que las equivocaciones ocurrieron en al menos una docena de estados con administraciones demócratas y republicanas. Sin embargo, no existen pruebas de maniobras coordinadas para alterar los resultados en las urnas.

¿Por qué aparecieron no ciudadanos registrados para votar?

El origen principal del problema radica en los sistemas automatizados conocidos bajo la ley «motor-voter». Esta normativa federal vincula la actualización del registro electoral con la emisión de licencias de conducir e identificaciones en oficinas estatales de tránsito.

Aunque los formularios exigen declarar expresamente la ciudadanía estadounidense, diversos fallos tecnológicos omitieron registrar las respuestas negativas. En consecuencia, los sistemas enviaron los expedientes de residentes permanentes y titulares de visas hacia las oficinas electorales de forma inadvertida.

El caso más reciente de impacto público se detectó en Nueva Jersey. Allí, una falla de software empadronó a cerca de 6 600 personas que habían marcado «no» en la casilla de ciudadanía entre 2023 y 2024. Asimismo, en Oregón se detectaron inscripciones automáticas erróneas de inmigrantes que tramitaron identificaciones presentando pasaportes extranjeros o actas de nacimiento de sus países de origen.

El estado de Oregón también inscribió accidentalmente a cientos de habitantes procedentes de Samoa Americana que portaban pasaportes estadounidenses. Además, las autoridades del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no advirtieron que los naturales de dicho territorio son nacionales estadounidenses sin derecho a voto en elecciones federales.

¿Pueden estas fallas alterar los resultados de las elecciones?

Analistas electorales y autoridades estatales coincidieron en que la cifra total de 30 000 casos acumulada a lo largo de dos décadas es estadísticamente diminuta. El padrón nacional activo supera los 170 millones de votantes registrados en los 50 estados del país.

Reuters puntualizó que figurar en el padrón electoral no significa que la persona haya acudido efectivamente a votar. Por ejemplo, en Iowa una revisión preliminar de 2 000 registros observados concluyó seis meses después con solo 35 votos de no ciudadanos confirmados. Esto ocurrió dentro de un universo de 1.6 millones de sufragios emitidos.

A nivel judicial federal, un análisis histórico de Reuters identificó solo 129 acusaciones bajo el estatuto penal de voto no autorizado aprobado por el Congreso en 1996. En ninguno de los expedientes los fiscales del Departamento de Justicia alegaron una conspiración delictiva organizada para beneficiar a un partido.

David Becker, director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación Electoral (CEIR), explicó que los inmigrantes cumplieron con los procedimientos oficiales requeridos al declarar su condición:

«En cada uno de estos casos, el individuo hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Si existiera algún requisito de prueba de ciudadanía, estos problemas seguirían existiendo, porque los propios procesos fallaron».

¿Qué establece el marco legal y qué riesgos enfrentan los inmigrantes?

La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA) obliga a los estados a ofrecer el registro electoral durante trámites de licencias vehiculares. Sin embargo, la ley de inmigración federal castiga severamente la falsa declaración de ciudadanía con penas de prisión, multas y la deportación inmediata sin derecho a fianza o perdón migratorio.

La ley federal establece que un no ciudadano que vote o declare ser ciudadano estadounidense queda permanentemente inelegible para la green card o la naturalización. Por esta razón, quedar registrado por un fallo administrativo ajeno al solicitante puede detonar investigaciones perjudiciales ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Frente a este debate, legisladores republicanos impulsan el proyecto legislativo federal denominado SAVE America Act. La propuesta busca exigir pasaportes o actas de nacimiento obligatorias para registrarse, aunque organizaciones civiles advierten que la medida excluiría a millones de ciudadanos de bajos ingresos.

Las oficinas electorales estatales continúan realizando auditorías informáticas para depurar los padrones y corregir las inconsistencias generadas por los sistemas automatizados del DMV. Toda persona que mantenga un trámite migratorio activo debe revisar su documentación personal. Además, no debe marcar casillas de registro de votación en oficinas públicas y consultar con un abogado de inmigración acreditado en caso de haber recibido credenciales electorales involuntariamente.

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