Legisladores envían a Newsom proyectos de ley para frenar a ICE

Legisladores estatales de Silicon Valley enviaron varios proyectos de ley al gobernador Gavin Newsom para exigir responsabilidad a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmarlos o vetarlos, después de que la Legislatura estatal los aprobara.

Los centros de detención de ICE han enfrentado denuncias de abusos sexuales, alimentos insalubres y atención médica deficiente. Ante esto, los legisladores buscan gravar a las empresas que operan estos centros y permitir demandas contra la agencia federal.

Un impuesto a los centros de detención privados

El Proyecto de Ley 1633 de la Asamblea, de los asambleístas Alex Lee y Ash Kalra, gravaría con un 25% a las empresas privadas que operan centros de detención migratoria. La medida entraría en vigor el 1 de julio de 2028, si Newsom la firma.

Lee representa a North San Jose, Milpitas, Fremont, Newark y Sunol. Kalra representa a East San Jose y el sur del condado. El asambleísta de San Francisco Matt Haney también impulsa la iniciativa.

«El ICE y las empresas que se lucran con esto mantienen confinadas a personas inocentes», dijo Lee a San José Spotlight.

Dos compañías privadas, CoreCivic y The GeoGroup, operan los principales centros de detención de ICE en California. CoreCivic reportó ingresos de 2,200 millones de dólares en 2025, y GeoGroup, 2,600 millones, según cifras presentadas ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Marco legal: derechos de las personas detenidas

La ley federal de inmigración permite a ICE detener y deportar a personas sin estatus legal. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles sostienen que las condiciones de detención deben cumplir estándares mínimos de salud y seguridad.

El Proyecto de Ley del Senado 942, llamado Ley de Derechos de los Detenidos Civiles, establecería por primera vez en el país estándares obligatorios de trato humano, alimentación y condiciones de vida para personas detenidas por motivos migratorios.

Kalra y el senador estatal Dave Cortese coescribieron esta iniciativa. Más de 50 personas han muerto en centros de detención de ICE durante la actual administración federal, la cifra más alta en al menos una década, según reportes de Associated Press.

Además, el Proyecto de Ley del Senado 1367, impulsado por la senadora estatal Sabrina Cervantes, de Riverside, impediría que una ciudad o condado apruebe permisos de uso de suelo para construir o convertir edificios en centros de detención de ICE.

«Mi comité trabajó en el SB 942, la primera Declaración de Derechos de los Detenidos del país», dijo Kalra a San José Spotlight.

Límites a las acciones de los agentes federales

El Proyecto de Ley 2760 de la Asamblea prohibiría a agentes federales, estatales y locales usar guantes de descarga eléctrica. También impediría que los departamentos de policía los compren. Los legisladores lo aprobaron tras el anuncio federal de destinar hasta 20 millones de dólares a estos dispositivos.

El Proyecto de Ley del Senado 873 busca prevenir arrestos de ICE dentro de los juzgados. ¨Por otro lado, el Proyecto de Ley del Senado 747, conocido como la Ley No Kings, permitiría demandar a ICE por violaciones constitucionales.

El Proyecto de Ley 1806 de la Asamblea exigiría que el fiscal general investigue las muertes de residentes desarmados a manos de agentes migratorios. Desde 2025, agentes federales han disparado contra al menos 23 personas y matado a seis durante operativos, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

El impacto en las comunidades y los contratistas

El condado de Santa Clara es una de las zonas más afectadas por operativos selectivos de ICE, según la Red de Servicios, Derechos de los Inmigrantes y Educación (SIREN). Desde 2025 hasta junio de 2026, 232 residentes del condado fueron detenidos, de acuerdo con la organización.

El temor a ICE ha reducido la asistencia escolar y la afluencia de clientes en negocios de propietarios latinos en San José. Algunos residentes indocumentados han optado por salir del país por cuenta propia.

Lee también impulsó el Proyecto de Ley 2465, que impediría que contratistas de ICE, como Palantir Technologies, reciban subvenciones o préstamos estatales. ICE paga 30 millones de dólares hasta 2027 por usar el software de rastreo de esta empresa. Palantir obtuvo 809 millones de dólares en contratos gubernamentales en el segundo trimestre de 2026, un 90% más que el año anterior.

«Esta industria se basa en el sufrimiento, y las leyes AB 1633 y AB 2465 dejan claro que California no permitirá que la explotación quede impune», dijo Huy Tran, director ejecutivo de SIREN, a San José Spotlight.

Qué sigue para estas iniciativas

Newsom debe decidir sobre estos proyectos antes del 30 de septiembre. Si los firma, las medidas entrarían en vigor de forma gradual, según lo previsto en cada texto legislativo.

Organizaciones como SIREN documentan casos y ofrecen orientación legal gratuita a familias afectadas por la aplicación de la ley migratoria en el condado de Santa Clara.

Las personas interesadas en conocer sus derechos ante ICE pueden comunicarse con la Red de Respuesta Rápida local o con un abogado de inmigración certificado antes de tomar decisiones.