¿Puede un juez frenar la construcción del muro Big Bend en Texas?

El juez de distrito Orlando García decidirá el próximo 28 de agosto de 2026 el futuro de uno de los proyectos fronterizos más disputados del país. Definirá si frena, al menos temporalmente, la construcción del muro fronterizo conocido como Big Bend 2, en el oeste de Texas.

García, del Tribunal de Distrito de San Antonio, evaluará una demanda presentada por comunidades indígenas y organizaciones ambientales. Determinará si concede una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La audiencia probatoria está programada para el 28 de agosto. Antes de esa fecha, el gobierno federal debía responder a la demanda el lunes 24 de agosto, y los demandantes tienen hasta el miércoles 26 de agosto para replicar.

El contrato detrás del proyecto Big Bend 2

Según los planes de construcción de CBP, el proyecto abarca un tramo que va desde Ruidosa, Texas, pasando por Presidio, hasta los límites del Parque Estatal Big Bend Ranch. La superficie de construcción cubre 62 millas de frontera.

DHS otorgó ese contrato a Fisher Sand & Gravel Co. en marzo de 2026, por un monto de $1,200 millones de dólares. La empresa, con sede en Dakota del Norte y una filial en Arizona, construiría un «sistema de barrera fronteriza vertical» con un costo aproximado de $17 millones por milla.

Big Bend 2 forma parte de un plan más amplio de tres proyectos que suman 175 millas de frontera en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio. Los otros dos tramos, adjudicados a Barnard Construction Company, representan contratos adicionales por $1,000 millones y $960.4 millones de dólares.

Quiénes se oponen y qué piden al tribunal

En la demanda presentada ante el tribunal federal, los inconformes incluyen a la organización The People of La Junta for Preservation, integrantes de la comunidad Lipan Apache y residentes locales. También se sumaron Friends of the Ruidosa Church y el Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio en litigios relacionados.

Los demandantes solicitan cuatro puntos centrales. El primero es una orden de restricción temporal que suspenda de inmediato toda obra de construcción, excavación y uso de maquinaria pesada mientras avanza el juicio.

El segundo punto exige proteger sitios arqueológicos y culturales dentro del Parque Nacional Big Bend. Buscan detener los trabajos para evitar la destrucción irreversible de artefactos históricos y paisajes considerados sagrados por pueblos indígenas.

Libertad religiosa y límites legales del gobierno

El tercer punto de la demanda invoca la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Los demandantes argumentan que las obras del gobierno bloquean el acceso a ceremonias, zonas de oración y a las orillas del Río Grande, usadas históricamente por comunidades Lipan Apache.

El cuarto punto sostiene que DHS excedió las facultades concedidas por el Congreso. Los demandantes afirman que la agencia eludió normativas de protección ambiental y cultural al invocar una orden de junio del secretario Markwayne Mullin, que exentó al proyecto de ciertos requisitos federales y estatales.

Esa orden, según la demanda, no eximió otra ley que responsabiliza al secretario del Interior y al Servicio de Parques Nacionales de proteger y desarrollar el parque. Christina Hernández, fundadora de The People of La Junta, explicó que la construcción amenaza zonas donde los Lipan Apache «vivieron, cazaron y adoraron durante generaciones».

Qué debe probar cada parte ante el juez

Para que el juez García apruebe una suspensión temporal, los demandantes deben cumplir tres requisitos legales fundamentales. El primero es demostrar que la obra causará daños irreversibles antes de que el juicio concluya, como la destrucción de sitios arqueológicos.

El segundo requisito es presentar argumentos legales con bases sólidas para ganar el caso a futuro. El tercero consiste en que el juez evalúe si el daño de continuar las obras supera el perjuicio de detenerlas temporalmente.

CBP, por su parte, niega que esté construyendo un muro de 30 pies dentro del parque.

Qué sigue después de la audiencia del 28 de agosto

Si el juez concede la orden de restricción temporal, la pausa sería provisional hasta que se resuelva el caso por completo. El litigio podría escalar hasta una corte de apelaciones si alguna de las partes decide impugnar la decisión.

Mientras el proceso judicial avanza, maquinaria pesada ya comenzó a retirarse de ciertas zonas del Parque Nacional Big Bend, según reportes locales de esta semana. Ese movimiento no representa una decisión judicial, sino un ajuste operativo previo a la audiencia.

Para las comunidades de la región y las familias hispanas de Texas que siguen este caso, la decisión del 28 de agosto marcará un precedente sobre los límites legales de los proyectos fronterizos en tierras protegidas. Quienes deseen dar seguimiento pueden consultar los documentos públicos del caso en el Tribunal de Distrito de San Antonio.