ICE multiplica su gasto en armas en 700%

Un informe reciente revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado drásticamente su gasto en armas y equipamiento militar, elevándolo más de un 700 % en los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. Este aumento es una inversión de más de 71 millones de dólares. Esto es entre enero y octubre de 2025. En el mismo periodo del año anterior, se gastaron 9.7 millones.

Expansión de compras para operaciones intensificadas

Según datos del Federal Procurement Data System, citados por Popular Information, la mayor parte del presupuesto fue para la “fabricación de armas ligeras, municiones y complementos”. Este término abarca armaduras, explosivos, armas químicas, pistolas y rifles, además de materiales y componentes especiales como ojivas de misiles guiados y dispositivos explosivos.

El contraste con periodos previos es notable. Durante el primer mandato de Trump, de 2017 a 2021, el gasto anual en armas por el ICE fue de 8.4 millones de dólares. El salto actual, que analistas llaman histórico, coincide con el inicio del mayor programa de deportaciones en EE. UU. Esta misión es clave en la agenda de seguridad de Trump.

Más agentes, más armas: campaña de fortalecimiento interno

El ICE cuenta actualmente con cerca de 20,000 agentes activos, pero la agencia busca expandirse aún más. La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que han recibido 175,000 solicitudes de empleo este año. Esto es el resultado de una gran campaña de reclutamiento en plataformas digitales como Spotify, Meta y YouTube.

De ese total, ya se han emitido más de 18,000 ofertas de trabajo tentativas. Además, el departamento mantiene activos bonos de contratación en medio del cierre presupuestario federal, situación que McLaughlin atribuyó a la oposición demócrata en el Congreso.

Críticas por uso excesivo de la fuerza y denuncias por abusos

Con el aumento de agentes y armas, también han crecido las denuncias por métodos operativos considerados excesivos. Protestas y demandas han surgido en ciudades como Los Ángeles y Chicago tras reportes de operativos con agentes armados que han traumatizado a familias, menores y activistas.

Uno de los incidentes más graves fue la detención de al menos 20 niños ciudadanos estadounidenses, incluidos dos menores con cáncer, por parte del ICE en 2025. Se han contabilizado casos donde madres y niños han sido sometidos a situaciones violentas y en uno de los episodios, incluso se habría disparado balas de pimienta contra un sacerdote durante una manifestación.

Protestas y litigios por tácticas de intervención

En junio, los operativos migratorios en el centro de Los Ángeles causaron grandes protestas. Esto llevó al presidente Trump a activar la Guardia Nacional. El gobernador de California, Gavin Newsom, se opuso a esta medida. Él advirtió que esto solo aumentaría las tensiones sociales.

Ed Yohnka, vocero de ACLU Illinois, presentó una demanda en nombre de manifestantes. En su denuncia, acusa al ICE y a otras agencias federales de emplear armas casi letales de manera indiscriminada: gas lacrimógeno, balas de goma, granadas aturdidoras y balas de pimienta, entre otras tácticas que considera desproporcionadas y peligrosas.

En palabras de Yohnka, “lo que estamos viendo es una escalada generalizada de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del ICE”, en una coyuntura marcada por el recrudecimiento de la política migratoria federal y la intensificación de operativos a nivel nacional.

Efectos sociales y presión sobre la administración

Expertos advierten que el crecimiento de la militarización del ICE y las prácticas denunciadas pueden deteriorar aún más la imagen pública de la agencia y agudizar las divisiones políticas en torno al debate migratorio en EE.UU.

Mientras la administración Trump defiende estos gastos y la ampliación de la fuerza como herramientas clave para el control migratorio y la seguridad nacional, organizaciones civiles y comunidades inmigrantes redoblan sus esfuerzos legales para exigir respeto a los derechos humanos y límites en el uso de la fuerza.

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